Piden crear un régimen de casas institucionales para docentes del interior de Neuquén

En el sistema vigente el Consejo Provincial de Educación administra solamente las llamadas "viviendas oficiales", instaladas en los predios de los establecimientos educativos, de las cuales la mitad se utiliza con fines habitacionales.





Las viviendas institucionales son aquellas que el Estado reserva para su personal con un propósito determinado, históricamente fueron utilizadas para que se instalen trabajadores en lugares donde no hay oferta de alquiler. El bloque del Frente de Todos presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Neuquén para crear un régimen de asignación de casas a docentes del interior de la provincia y evitar, por ejemplo, que deban viajar diariamente hacia otras localidades.

En la actualidad el Consejo Provincial de Educación (CPE) cuenta con lo que se denominan «viviendas oficiales» que son aquellas que se montan en los mismos predios de las escuelas. En total son 309 y el 55% se usan con fines habitacionales. El porcentaje restante es para espacios pedagógicos y algunas se encuentran en reparación (ver aparte).

Dentro de la estructura del Instituto Provincial de la Vivienda (IPVU) hay un área que administra todas las viviendas institucionales. En abril pasado el diputado de la Democracia Cristiana, Carlos Coggiola, presentó un proyecto de resolución para que el gobierno provincial informe la cantidad y ubicación, el estado en que se encuentran (no sólo edilicio, sino también si están habitadas) y si se planifica construir más. La propuesta permanece en la comisión de Haciendo y Presupuesto desde entonces, por lo que los datos no fueron provistos aún.

En este caso la iniciativa, impulsada por la diputada Ayelén Gutiérrez (FDT), apunta exclusivamente a la docencia. «Entendemos imperioso que se destine parte del presupuesto anual para la creación de viviendas institucionales educativas y así, evitar dos efectos coyunturales para el interior de nuestra provincia: que se produzca un éxodo de jóvenes hacia los grandes centros urbanos, al tener mayores posibilidades de ofertas educativas, y que el Sistema Educativo, sufra un consecuente deterioro, al no tener docentes que cubran las horas-cátedra, dada la inevitable inestabilidad que se produce no sólo al tener que mudarse, sino al sufrir un desarraigo por el traslado de sus lugares de origen.»

En este proyecto la asignación de las viviendas dependería del CPE y sería para quienes tienen dedicación exclusiva. Si cambia de régimen deberá desocupar la vivienda en un plazo que no supere los 30 días. Está prohibida la venta de las casas, el alquiler y arrendamiento. También establece la creación de un fondo para mantenimientos, con la retención al docente o docentes que habitan la vivienda institucional del 5% de sus haberes.


Las "viviendas oficiales"


En el sistema vigente el CPE sólo administra las casas que fueron instaladas en el mismo predio en donde funcionan las escuelas. La subsecretaria de Articulación de Políticas Públicas Educativas, Pilar Corbellini, dijo a Río Negro que el 55% de estas propiedades, que en total suman 309, son utilizadas con fines habitacionales, para que viva un docente o un auxiliar de servicio. «Esto es sobre todo en lugares donde no hay posibilidad de alquiler, donde los docentes vienen de afuera, la ruralidad, y el hecho de que la docente tome el cargo depende de que consiga un lugar para vivir y eso garantice las clases», explicó.

Planteó que este uso habitacional se prioriza especialmente en los parajes. En las ciudades más grandes, en cambio, se emplean para una supervisión, una biblioteca, una sala de música, de plástica. Hay un porcentaje que está en reparación.

Los convenios habitacionales se realizan cada dos años, aseguró la funcionaria. Una vez finalizado ese período se evalúa si continúan. Pueden radicarse con su familia o compartir con colegas, bajo pautas de convivencia. El pedido se formaliza a la dirección del colegio y eso se eleva al CPE.

Sostuvo que la resolución que ordenó el sistema fue la 1776/18, y que en ese contexto se hizo un relevamiento de como estaban las casas y en algunos casos se pidieron desalojos.

Los servicios de luz y gas están asociados a la escuela, así que quien ocupa la casa no los paga. Solo deben comprometerse a mantener la vivienda en las condiciones. No están amuebladas.


Comentarios

Comentarios

Para comentar esta nota debes tener tu acceso digital.
¡Suscribite para sumar tu opinión!

Suscribite

Logo Rio Negro
Piden crear un régimen de casas institucionales para docentes del interior de Neuquén