Planes sociales: el juez rechazó los acuerdos porque no incluyen la devolución del dinero

Rodolfo Andrés López y Adrián Alfredo Meza Lizama son, para la fiscalía, piezas menores en la organización que cometió la estafa con planes sociales. Por eso llegó a un acuerdo con sus defensores: ellos se declaran culpables y a cambio reciben una condena de tres años de prisión en suspenso (no van a la cárcel) sin pasar por el juicio oral. En teoría, el Estado ahorra tiempo y dinero que puede destinar a perseguir a los eslabones más importantes de la cadena.

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Pero el juez Cristian Piana no homologó el acuerdo, porque no encontró «proporcionalidad» ni «racionalidad» entre los delitos que cometieron López y Meza Lizama y la sanción acordada entre fiscalía y defensa.

En particular, al juez le hizo ruido que no se contempló en el convenio que ambos imputados devuelvan en todo o en parte, el dinero que pasó por sus manos y que no se sabe dónde terminó.

Es la segunda vez que rechazan un acuerdo por estas personas, y por los mismos motivos. En septiembre del 2024 la jueza Carina Álvarez expresó que «una pena insuficiente puede enviar un mensaje equivocado a la sociedad«. Su fallo fue revocado por un Tribunal de Impugnación, por eso la fiscalía y las defensas insistieron este año ante otro magistrado con el mismo desenlace.

264 cheques que eran para los más humildes

Rodolfo López, según la investigación de la fiscalía, no era empleado de planta ni contratado ni proveedor del Estado. Pero le entregaron a lo largo del tiempo que se prolongó la maniobra 264 cheques que debían cobrar personas sin trabajo, beneficiarios de planes sociales.

Él los depositó en su cuenta en el BBVA, retiró el efectivo por ventanilla y le entregó los billetes a Néstor Pablo Sánz o Marcos Ariel Osuna, dos de los señalados como cabecillas.

Allí se pierde el rastro de la ruta del dinero; se cree que la plata se utilizó para la campaña política del MPN o con fines personales.

En total, a valores históricos, cobró 12.791.500 pesos. Es alrededor del 8% del total de la maniobra, que a valores históricos fue fijada en 153 millones de pesos y más de mil millones actualizados a septiembre del 2024.

En cuanto a Meza Lizama, le alquilaba vehículos a Sánz sin cumplir con la ley de administración financiera y cobraba con cheques de planes sociales. Le pagaron con 103 cartulares, por 4.982.500 pesos.

El recupero patrimonial

En la audiencia del viernes pasado, el juez Piana preguntó si se había hablado sobre el recupero patrimonial, además de la pena de prisión en suspenso y unas horas de trabajo comunitario. El abogado Ismael Brat, por la fiscalía de Estado, contestó que «se iniciaron actuaciones en sede administrativa».

Los defensores de los imputados, Pablo Gutiérrez y Alejandro Marco, dijeron que estaban dispuestos, pero advirtieron que ni López ni Meza Lizama tenían bienes para responder a un reclamo patrimonial.

El juez Piana, en el fallo que dictó este lunes, señaló que «la acusación muchas veces propone acuerdos y uno de los ejes más fuertes es que la víctima recupere todo o parte de lo que hubiere perdido y no se quede con una simple sentencia declarativa de responsabilidad».

Afectación al ciudadano

«No sólo el erario público se encuentra afectado, hay una afectación más amplia, al ciudadano, al contribuyente que nutre ese erario público», dijo.

«Les pregunté a las partes si se había trabajado este punto. La fiscalía de Estado nos dijo que se están iniciando actuaciones, pero no se traduce en una respuesta concreta. La defensa nos señaló la potencialidad en torno de allanarse a alguna petición pero se agotó en esto, no se concretó, y en este punto se encuentra el obstáculo para homologar el acuerdo», añadió.

En consecuencia, López y Meza Lizama irán al juicio oral junto con los otros 17 imputados, salvo que el Tribunal de Impugnación les brinde una nueva chance con un tercer magistrado.