Quieren reflotar en Bariloche el programa de “presupuesto participativo”

La recuperación y la plena aplicación del presupuesto participativo en el municipio de Bariloche fue reclamada por una docena de juntas vecinales, que denunciaron el abandono del programa durante los últimos períodos de gobierno, y también es alentado por un proyecto de ordenanza que evalúa el Concejo Municipal.

De llevarse a la práctica tal como está legislado, los vecinos podrán elaborar proyectos, defenderlos y votar cuáles deben ser priorizados a la hora de invertir el dinero público, que debe ser reservado con ese fin en una proporción no inferior al 7% de lo recaudado por la tasa de servicios, la tasa comercial y los ingresos por coparticipación.

La participación directa de los ciudadanos en la asignación de los recursos presupuestarios del municipio, en especial para obras de infraestructura barrial, nunca fue bien vista por el poder político. Pero está prevista por ordenanza y es un mandato expreso de la Carta Orgánica. Su aplicación fue escasa o nula durante los gobiernos que se sucedieron desde 2010 en adelante, incluido el actual.

El presidente de la junta vecinal Don Orione, Robert Cooper, afirmó que se decidieron a llevar su reclamo al Concejo ante la postergación que sufren los barrios en materia de obras y concluyeron en la necesidad de “activar” el presupuesto participativo (PP).

La nota enviada al Concejo reclama que se abra la “comisión permanente” de PP. Subraya que se trata de una herramienta “de suma importancia para el desarrollo de nuestra comunidad”.

Firmaron el planteo las juntas vecinales de Cerro Chico, Playa Serena, Villa Campanario, Jockey Club, Península San Pedro, Villa Llanquihue, Valle Escondido, Nahuel Malal, Llao Llao, Don Orione, Villa Los Coihues y Pájaro Azul.

La convocatoria abierta para elaborar el presupuesto participativo municipal está prevista en el capítulo 4 de la ordenanza de procedimiento presupuestario, que tiene ya 19 años. Desde entonces hubo solo un par de rondas consultivas con su respectiva votación, en los años 2008 y 2009, circunscriptas a algunos pocos barrios en una experiencia “piloto”. Pero desde entonces cada una de las gestiones municipales ignoraron ese programa.

Cooper dijo que al tomar conocimiento de la ordenanza comprobaron que les concede un derecho desatendido y quieren hacerlo valer. “Lo único que sabemos es que hay un presupuesto municipal. Y que hay gastos municipales en función de lo que deciden otros, porque nosotros no”, refirió el dirigente. Hace dos años existió un reclamo similar de las Juntas Vecinales del Oeste, y no tuvo ningún eco.

Un fondo millonario

La ordenanza en vigencia prevé que el presupuesto participativo debe nutrirse con el 7% de las dos tasas principales que cobra el municipio, más la coparticipación nacional, la provincial y las regalías. En el ejercicio en curso, con la previsión de ingresos calculada por el Ejecutivo y aprobada en el Concejo, le correspondería al PP un fondo de 5.132 millones de pesos.

Es decir que el destino de ese dinero debería ser sustraído de la decisión del gobierno y delegado en los propios ciudadanos.

La concejal Roxana Ferreyra (Nos Une Río Negro) está designada para integrar el Consejo de Presupuesto Participativo -virtualmente vaciado- y se propuso romper la inercia en ese tema con un nuevo proyecto de ordenanza para actualizar la regulación. Entre otras cosas su proyecto establece la forma de distribución del dinero asignado en partes iguales entre las seis delegaciones municipales y resalta la importancia de “hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a incidir en la gestión de los recursos públicos”, en la convicción de que así se contribuirá a “una mayor equidad en la distribución del presupuesto del municipio”.

Advierte también que “uno de los principales problemas que enfrentan los distintos sectores de Bariloche es la falta de obras públicas esenciales para mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos. La infraestructura barrial presenta serias deficiencias”, y podría salvarse en parte con la participación de los propios interesados en la asignación del recurso, sin intermediación alguna.

Ferreyra ratificó en su proyecto la decisión de no modificar el 7% de los recursos generales del municipio para el PP. Esa proporción fue cuestionada más de una vez desde el Ejecutivo municipal, al menos durante la gestiones de los exintendentes María Martini y Gustavo Gennuso.