El relevamiento de territorios indígenas en Río Negro, paralizado y sin rumbo

La pesadez administrativa y el retaceo de recursos que condiciona el avance de los relevamientos del territorio de las comunidades indígenas de Río Negro ya existía desde hace tiempo, pero se agravó con la derogación de la ley nacional 26.160, que resolvió por decreto en diciembre pasado el presidente Javier Milei.

El nuevo escenario causa fuerte preocupación entre las comunidades, que reclaman el reconocimiento para ejercer el derecho ancestral sobre sus espacios territoriales previsto en la legislación, para consolidar proyectos productivos de subsistencia (en muchos casos como pequeños crianceros) y también para alejar la amenazas de desalojo.

El gobierno provincial no tiene una política específica para el área ni exhibe mayor voluntad de resolver ese vacío. En Río Negro existe un organismo mixto creado por ley, el Consejo Asesor de Comunidades Indígenas, que entre otros deberían integrar dos representantes del Ejecutivo provincial. Pero esas sillas permanecen vacías desde que asumió el actual gobierno.

El werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro Hugo Aranea señaló que “el problema de la tierra sigue irresuelto”. Dijo que son varias decenas de comunidades las que esperan el trámite de sus “carpetas” técnicas, y que la caída de la ley nacional no debería ser un obstáculo, porque Río Negro cuenta desde 1988 con la ley 2.287 “que es de avanzada, y que no se cumple”.

Aranea señaló que en su último parlamento provincial decidieron “revalorizar” y reivindicar la vigencia de esa ley, que no solo habla del “inmediato reconocimiento de territorios, que nunca se hizo” en favor de los pueblos indígenas con posesión reconocida, sino que contempla los derechos tanto de las comunidades como de los “pobladores dispersos”.

También en la ley se prevé la documentación de “denuncias” por parte de las comunidades que sufran despojo o avasallamiento de su derecho a la tierra.

Esperan definiciones del INAI

El secretario de Gobierno de Río Negro, Agustín Ríos, negó que exista una decisión política de congelar los relevamientos territoriales y a su modo transfirió la responsabilidad al gobierno nacional. Admitió que postergar el reconocimiento de las comunidades indígenas “trae inseguridad jurídica para todas las partes”, pero no pudo esbozar algún plan para resolverlo.

Ríos refirió que por ese tema recibieron una convocatoria reciente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y tienen comprometido y pendiente un “encuentro presencial” con su titular, Claudio Avruj, que se realizaría antes de fin de mes para evaluar opciones de trabajo conjunto.

“La idea es firmar con el INAI un convenio marco, para luego generar convenios específicos -explicó el funcionario rionegrino-. Queremos saber qué logística se pretende bajar, y qué presupuesto” destinado a completar los relevamientos. “Es algo conocido por ellos”, afirmó.

Sobre la situación del Codeci, Ríos dijo que cuenta con espacios de trabajo, “recursos informáticos”, presupuesto asignado y “cuatro agentes”, pero en cierto modo reconoció el virtual desmantelamiento de ese organismo de cogestión. “Es cierto, falta nombrar a los consejeros del gobierno, es una deuda que tenemos -refirió-. Cuando pone referentes uno busca que tengan vínculo con las comunidades. Los anteriores renunciaron y no se hizo una nueva designación”. Se abstuvo de otra explicación.

Ríos dijo que los relevamientos territoriales deben avanzar, ante el conflicto potencial que genera el tener “comunidades con pretensión territorial que puede chocar con intereses de un municipio, de una comisión de fomento, del propio Estado provincial o por ejemplo el proyecto de exploración de una minera”.

Según el funcionario, “es el ideal que cada provincia tenga todo relevado con claridad”, pero abrió interrogantes sobre la intención y las prácticas de las comunidades indígenas. “En 2011 -dijo Ríos- había 70 u 80 comunidades en el radar. Pero después se conformaron más, fue creciendo. El esquema para relevar 70 comunidades ya no alcanzaba. Ahora llegaron a 160 ó 180, según información del Codeci, incluso hay conflictos y superposiciones entre dos o más comunidades”.

La sospecha sembrada por Ríos recibió una tajante respuesta de la abogada especializada en derecho indígena Andrea Reile, quien lo acusó de “ignorar la ley 2.287”, que en su artículo 3 reconoce a las familias “aisladas o dispersas” y expresamente habla de su derecho a “reagruparse” en comunidades.

Un tema de “voluntad política”

Ríos insistió en que “la participación del INAI, con su experiencia y conocimiento, es indispensable para completar los relevamientos, y que sean eficientes”. Sin conocer esas expresiones del funcionario, Aranea dijo que “claramente no existe voluntad política y la provincia esquiva el bulto”.

Orlando Carriqueo, integrante de la mesa ejecutiva del Parlamento Mapuche Tehuelche por la zona Andina, precisó que hoy son 184 las lof y comunidades indígenas registradas en la provincia y apenas 64 tienen “carpetas” de relevamiento con distinto grado de avance. Los relevamientos completados no son más de una veintena y los últimos datan de 2013. Desde entonces la aplicación de la ley 26.160 perdió todo impulso en Río Negro. Y la situación que no cambió con el nuevo gobierno de Alberto Weretilneck.

Algunos relevamientos que tuvieron su resolución del INAI en fecha más reciente, como el de la la comunidad Buenuleo de Bariloche, están cuestionados en la Justicia por la falta de participación provincial.

Ahogo presupuestario

Carriqueo puntualizó que “en su momento hubo equipos técnicos y un trabajo organizado, pero luego la posición de la provincia fue de total negativa”. Señaló como un síntoma claro el virtual vaciamiento del Codeci, al que le retiraron vehículos y le dejaron “una sola camioneta”, además de asignarle un presupuesto anual de solo 30 millones de pesos.

“Desde 2013 siempre se reclamó la continuidad de los relevamientos, pero nunca hubo voluntad”, afirmó el referente. Insistió en que la derogación de la ley nacional, deja en grave desamparo a unas 120 comunidades en la provincia, expuestas a eventuales desalojos.

Carriqueo subrayó que la ley vigente en la provincia (2.287) reconoce derechos consagrados también en convenios itnernacionales con rango constitucional, que ni la Nación ni la provincia pueden ignorar, a riesgo de enfrentar nuevas demandas. Algunas presentadas ante la Corte Interamericanda de Derechos Humanos ya han derivado en sentencias desfavorables para el Estado argentino.

El dirigente mapuche dijo que “el Codeci es el organismo habilitado para trabajar en este tema, para reactivar los procedimientos, pero la falta de presupuesto es el principal limitante”. Señaló que además del relevamiento territorial tiene incumbencia en temas como vivienda, salud, interculturalidad y proyectos productivos de las comunidades, que no puede desarrollar por falta de medios.

Carriqueo dijo que intentaron dialogar en forma directa con el gobernador para llevar sus planteos, pero no han tenido respuesta.

Explicó que contar con los relevamientos es para las comunidades un factor de “seguridad jurídica” pero además les permite participar de decisiones públicas a través del mecanismo de “consulta previa, libre e informada” prevista en la ley. Destacó sin embargo que existe desde 2020 un fallo del STJ (que el Parlamento cuestiona por contrariar tratados internacionales) que les niega el derecho a la consulta a las comunidades con reivindicaciones territoriales irresueltas.

“Si el Estado no resuelve el problema de tierra y criminaliza a los pueblos indígenas bajo la figura de la usurpación la conflictividad va a continuar, y va a crecer -argumentó-. No se le puede endilgar a las comunidades responsabilidad en esa indefinición porque es negar un conflicto histórico y político”.

Dijo que el Codeci tiene atribuciones para buscar financiamiento internacional y darle otra fortaleza” a sus políticas, porque esperarlo del gobierno provincial es un plan con mal pronóstico. “No hay que ser muy lúcido para darse cuenta”, sostuvo Carriqueo.

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“No somos dueños, somos parte del territorio”

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Futa Anecón es una comunidad emplazada a unos 35 kilómetros de Clemente Onelli, y una de las primeras en obtener su relevamiento territorial, hace ya 16 años. Ignacio Prafil, autoridad comunitaria de la Futa Anecón, dijo que la utilidad de la ley nacional fue muy parcial porque “a pesar de todas las prórrogas, no se avanzó más de un 50%”.

Dijo que contar con el relevamiento les sirvió para “dar cuenta” del espacio territorial que les corresponde, acceder a “programas” y fortalecer su actividad comunitaria, en su caso relacionada con la ganadería de subsistencia. “Pero no somos dueños, somos parte del territorio -sostuvo Prafil-. Esa es nuestra cosmovisión y nuestra filosofía, no como mapuches, sino como seres humanos”.

Consultado sobre si el relevamiento consolidado significó un avance para la comunidad, ofreció otra mirada: “¿para nosotros? No, es un avance para el Estado. Nosotros siempre existimos y estamos. Aunque siempre nos hayan dicho ustedes no son de acá”.

La comunidad Millalonco-Ranquehue, de Bariloche, tiene su propia historia en relación a la reivindicación territorial, sobre un espacio de 60 hectáreas que también reclama el Ejército argentino. “Nosotros no fuimos por el lado del relevamiento, tramitamos y conseguimos la mensura -explicó la werken Marta Ranquehue-. Pero tampoco nos sirvió de mucho. No nos dio ninguna seguridad. Siempre continuaron los reclamos y el Ejército hasta nos volteó un invernadero”.

Dijo que la caída de la ley de emergencia territorial 26.160 puede ser tomada como un retroceso. “Pero si se piensa no es tanto -completó-. porque con relevamiento o sin relevamiento siempre fuimos hostigados”.

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Conflictividad creciente y el riesgo de desalojo

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La abogada Andrea Reile es defensora de varios miembros de la comunidad Quemquemtreu, acusados y condenados en primera instancia por la usurpación de 10 hectáreas en Cuesta del Ternero. Opinó que la caída de la ley nacional genera “un mayor grado de exposición” a las comunidades. Y también pesa la amenaza concreta de desalojos, como el ya efectuado días atrás contra la comunidad Paillaco, en Chubut. “Al día siguiente del decreto de derogación los juzgados empezaron a activar los procesos”, observó.

Reile mencionó el caso de la comunidad Buenuleo, con sentencia de desalojo todavía no ejecutada, pero ratificada esta semana por el Tribunal de Impugnación. Dijo que esa comunidad tenía reconocimiento territorial otorgado por el INAI pero desconocido por la provincia y resaltó que en Río Negro, a diferencia por ejemplo de otras provincias vecinas y del norte del país, hubo un bloqueo sistemático a la política de relevamientos cuando fue impulsada desde el organismo nacional.

“Hay una negación alarmante de la población mapuche y tehuelche de la provincia”, acusó la abogada.

La actual legisladora provincial y extitular del INAI durante el gobierno anterior, Magdalena Odarda, también dijo que -a diferencia de Chubut y Neuquén- Río Negro nunca firmó el convenio de relevamiento territorial para casi 100 comunidades que todavía están a la espera.

Subrayó que aun sin la ley nacional, por la ley provincial 2.287 “y por la propia constitución rionegrina”, el gobierno provincial debería realizar los relevamientos junto con el Codeci.

También señaló la necesidad de avanzar un paso más y otorgar títulos de propiedad comunitaria, que están previstos en la Constitución, aunque siempre se haya alegado que falta una ley específica. “Río Negro es la única provincia cuya legislatura jamás otorgó un título comunitario, cuando somos una provincia intercultural, según la Constitución”, dijo Odarda.