Río Negro ajusta el cobro de Patentes y se concentrará en los rodados radicados en otras provincias
La Agencia de Recaudación perdió la percepción de los Registros Nacionales de Automotores y contrató un sistema de seguimiento de propiedades de rodados. El cobro del tributo baja en su participación y solo representa el 7% del total de ingresos. Las críticas opositoras por la contratación de un tercero.
Río Negro ajusta su mecanismo de cobro de Patentes, con un convenio directo para “optimizar la gestión, la percepción y la recaudación de los tributos vinculados a la propiedad automotor y a las transferencias de vehículos”.
Hasta marzo, esos cobros se cumplían por retenciones de los registros nacionales de Automotores, que simplificaron sus tareas por una normativa de agosto del año pasado.
Además, la modificación comprende un seguimiento de los rodados no radicados en la jurisdicción, a pesar de que sus titulares tienen domicilios en la Provincia.
La Agencia de Recaudación contrató un sistema para llegar a esos vehículos, a partir de los reportes de “los concesionarios y comerciantes”.
La baja en la participación
El tributo vehicular equivale al 7% de los ingresos propios de Río Negro, según la recaudación del 2024. La caída de su volumen es evidente porque, hace cinco años, se ubicaba por encima del 10%.
El convenio -que se formalizó con el decreto-ley N°1- prevé que la Agencia pagará al Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales (CEATS) por esos servicios el 1% del impuesto Automotores, pero no hay costo en relación a Sellos.
No queda claro sobre qué base se aplicará ese porcentaje. Ese punto también resalta el pedido de informe de la bancada del PRO, que incorpora críticas en su requerimiento. Cuestiona el argumento de urgencia para utilizar un decreto-ley ya que la reforma de Nación en los Registros se formalizó en agosto del año pasado.
Desde el 2010, los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor percibían Patentes y Sellos por la Provincia.
El año pasado, la Nación modificó ese mecanismo con el mega decreto/ley de reformas de la gestión de Javier Milei, que denominó “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”.
Las tareas de los registros se simplificaron y, por eso, “dejaron de verificar la inexistencia de deudas exigibles en los automotores y multas”, como también, “dejó de percibir los pagos de ese tributo y de Sellos”.
Esta situación se cumplió a partir de marzo y la Agencia -según se explican en los fundamentos del decreto/ley- alerta que esa salida “afecta los niveles de recaudación” y también complicará “la identificación oportuna de nuevos vehículos sujetos a imposición y de las operaciones gravadas” con Sellos.
Agrega que “la falta de acceso inmediato a información actualizada sobre altas de automotores y transacciones generará deficiencias en la fiscalización e incrementará la evasión fiscal”. Con este contexto, el gobierno provincial explica que “resulta imperioso implementar alternativas que garanticen la oportunidad y completitud de la información”, y la “percepción temprana de los tributos”.
Ingresos totales
- $ 30.530
- Millones fue la recaudación de Automotores del año pasado y llega al 7,4% de los ingresos propios impositivos.
- $ 1.670
- Millones fue la percepción del tributo del 2019. Esa suma alcanzó el 10,4% de la recaudación total de ese año.
Desde el 2008, Río Negro integra el Centro de Administraciones Tributarias (CEATS) y coordina un sistema -alude- con resultados “exitosos en otras provincias” que permite “optimizar la gestión, la percepción y la recaudación de los tributos vinculados a la propiedad automotor y a las transferencias de vehículos”.
Plantea integrarse a esa herramienta que “prevé además, como novedad, la información y la percepción de los tributos provinciales” de los vehículos que no se encuentran radicados en la jurisdicción. Así, garantizará -indica la norma- “información actualizada sobre nuevos vehículos sujetos a tributación”.
El decreto/ley del gobernador Weretilneck autoriza a la Agencia de Recaudación, que conduce Alejandro Palmieri, a suscribir “un convenio con el Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales (CEATS) para la implementación y utilización” de un sistema denominado SUATS, “destinado a optimizar la gestión, percepción y recaudación” de impuesto a los Automotores y de Sellos.
El bloque del PRO pide información y cuestiona el contrato
El bloque del PRO presentó un proyecto para obtener información del servicio contratado mientras cuestionó esa medida.
Se requieren las “causas que motivaron la necesidad y la urgencia de contratar el servicio con un tercero”, se informe de la “razonabilidad del precio y si existió alguna compulsa de precios”, y si Altec y el ministerio de Modernización participaron en el análisis.
Otras consultas de las 13 elevadas son las “razones que motivaron no realizar una licitación” y, en cambio, realizar una “contratación directa y bajo qué marco normativo”.
Se insiste en el costo del servicio y se pide una estimación mensual, “expresada en unidades.
monetarias, qué representa el 1% en concepto de retribución”. Plantea por qué ese 1% “no se calcula sobre la recaudación incremental” y pide saber “cuál es el impacto esperado” por esta contratación.
La iniciativa fue firmada por el presidente de esa bancada, Juan Martín, y Maria Laura Frei, Ofelia Stupenengo, Gabriel Picotti, Martina Lacour, Juan Murillo, y Claudio Doctorivich.

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En sus fundamentos, el PRO explica que la decisión provincial “va palmariamente en contra de las razones” de las reformas nacionales, “tendientes a la simplificación registral y digitalización de los procesos”, buscando “la reducción de la presión fiscal”. En cambio, el bloque expresa que la norma rionegrina tiene “un fin recaudatorio, o bien como una suerte de “persecución” fiscal respecto de operaciones cuyo objeto sea el comercio de automotores”.
Explica que la “evasión fiscal debe ser evitada, o bien penalizada”, pero la condición de agente de retención de los registros de Automotor “desnaturaliza o desvirtua toda intención de reducir la presión fiscal sobre los contribuyentes” y, además, “esos trámites resultan poco transparentes”.
Critica el uso del decreto-ley ya que la cuestión argumentada de la salida de los Registros “tiene su origen en la resolución del Ministerio de Justicia de la Nación del 30 de agosto del 2024, dando por tierra todo argumento tendiente” a explicar “la urgencia de la normativa cuya validez luce al menos cuestionable y dudosamente justificada”.
También entiende que “la necesidad no se encuentra debidamente acreditada” porque no se elevó un “análisis costo-beneficio, que dimensione la magnitud de la pérdida de recaudación del impuesto de sellos y automotor (deudas de patente e infracciones de tránsito) y el costo monetario por la retribución del servicio que se contrata en el marco del convenio”.
Río Negro ajusta su mecanismo de cobro de Patentes, con un convenio directo para “optimizar la gestión, la percepción y la recaudación de los tributos vinculados a la propiedad automotor y a las transferencias de vehículos”.
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