Lastra afirmó que mayo se liquidará con las subas acordadas y habla de una mayor fiscalización en los hospitales

No cierra puertas en la negociación con los gremios, pero la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, niega un seguimiento salarial con la inflación porque insiste en que la Provincia acordó aquello que pudo pagar.

La funcionaria defendió el contrato con la empresa Dienst por las licencias por enfermedad y ratificó la política de control de las guardias médicas y horas extras en Salud, adelantando que en junio se iniciará la labor de una comisión de Fiscalización con participación de su organismo, donde se cruzarán cargas laborales del personal en los hospitales y las necesidades de cobertura de aquellos adicionales.

Aseguró que se diseña un programa de control del presentismo, posiblemente a partir de un QR, y vaticinó que el plan de desvinculación logrará mayor adhesión porque existen muchos expedientes en trámites con solicitudes.

Contó inicialmente que en la paritaria del jueves se remarcó sobre los ingresos e egresos de la Provincia.

«El porcentaje que va a la masa salarial, que ya ocupa más del 70%» y que el incremento neto entre enero y abril rondó el 12%, con todos los aumentos, entre ellos, los bonos. Así se está en el porcentaje de inflación.

-P: ¿Ese cotejo es bien discutido?

-R: No decimos que sea suficiente, sino que es lo que el gobierno provincial puede afrontar. Al planteo de los gremios de la diferencia con la inflación, nosotros le decimos que nunca se tomaron las pautas del IPC sino que la Provincia acordó lo que se puede económica y financieramente.

-P: ¿Habrá otra paritaria para analizar mayo?

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-R: Siempre hay diálogo y buena predisposición, pero, por ahora, mayo tendrá el 1,5% de aumento ya acordado. Existieron planteos específicos en adicionales y tomamos esas inquietudes.

-P: ¿Es un momento de respuestas por sectores?

-R: Sí, como ya se viene dando en rondas de reuniones, que se fijaron subas de los adicionales en los operadores de Desarrollo Humano y el Senaf.

-P: Entre sus medidas, el gobierno implementó un control privado de licencias médicas. Horizonte finalmente informó del costo del servicio (unos 3.500 millones de pesos anuales). ¿Y cuáles son las evaluaciones?

-R: Hubo mucha mejora, pero se sigue trabajando. El ahorro estuvo en los 9.800 millones.

-P: Sí, ese número se informa a la Legislatura como «impacto por días no concedidos», pero no queda en claro de dónde sale.

-R: Surge del cálculo de la cantidad de días solicitados por licencias de salud o cuidado de familiar enfermo con aquellos no autorizados, considerando el costo diario del agente por cada sector. Se ha regularizado muchísimo, pero hay para mejorar. En la paritaria se planteó que no se puede cargar certificados cuando se falla en un primer intento y eso hay que arreglarlo.

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La titular de la Función Pública ratificó que habrá un control del presentismo y habló de que Altec y Modernización trabajan en un proyecto “ambicioso” y, entre los sistemas en análisis, uno usando el QR.

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-P: ¿Y la labor de las Juntas Médicas ha mejorado o siguen demoradas?

-R: Se modificó mucho, a partir de que la auditoría (Dienst) interviene y después, deriva si se tratan de patologías que requieren más de 30 días. Eso no ocurría antes y llegaban todas las licencias desde Recursos Humanos. Ahora, las Juntas se liberaron y se ocupan de los casos que les corresponden. Las Juntas están conectadas con la empresa y estamos organizando estadísticas.

-P: ¿El presentismo también fue anunciado, pero no está implementado?

-R: Altec y Modernización ejecutan un proyecto ambicioso para controlarlos, pero en los hospitales grandes ya se colocaron relojes. Queda mucho todavía sin cubrir, pero ya está girando el expediente.

-P: ¿Qué sistema se prevé?

-R: Altec, además del registro con la huella, presentó otras alternativas, entre ellas, una usando el QR con un sistema de token para su vencimiento a los pocos minutos. La idea es hacerlo masivo por el nivel de ausentismo.

-P: En la política de Personal, la nueva gestión de Weretilneck se concentró en Salud…

-R: En junio estará la Comisión de Auditoría y Fiscalización, conformada por Función Pública y Salud, y tendrá la misión de auditar guardias y horas extras, puntualmente controlará la presencia del personal en los hospitales. Se irá a cada uno para ver si los profesionales están cumpliendo con la carga horaria y, también, precisar qué se necesita para cubrir los servicios básicos. Se analizará el número de médicos, con sus horas por mes, y las necesidades para establecer qué cantidad de horas se autorizarán para cubrir.

-P: ¿Ese relevamiento no se había cumplido? ¿Qué diferencia existe?

-R: Sí, pero ahora está la Comisión que aprobará esos esquemas y eso va a valer. Desde junio se iniciarán los operativos, inicialmente con los hospitales grandes.

-P: ¿Claramente, no se logró controlar los desembolsos de guardias y horas extras?.

-R: Se achicó, pero queremos achicarlo más y sobre todo en horas extras, que no son profesionales, sino administrativos y enfermería.

-P: El régimen de desvinculaciones, lanzado el año pasado, sumó medio centenar de adhesiones. ¿No se logró el objetivo?

-R: Todavía no si se consideran aquellas con decretos, pero están dando vuelta muchos expedientes de todos los organismos. Yo estoy firmando trámites todos los días y deben ser unas 15 desvinculaciones semanales. Pasan por acá para la revisión de la legalidad y si reúnen los requisitos. La gente necesitó de un tiempo para ver que les servía y no hay plazo de adhesión.

-P: La recategorización es un reclamo de los agentes, ¿por qué su demora en el cumplimiento?

-R: Sí. El mayor volumen está en Salud porque son unos 7.000 agentes pero, poco a poco, van saliendo y creo que ya se terminaron de sacar aquellos del 2023. Las cantidades son menores en los otros organismos.

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