Se agudiza la controversia en Bariloche por el fondo petrolero

El intendente Walter Cortés reafirmó su decisión de asignar los 425 millones de pesos que le tocan a Bariloche por la prórroga de los contratos petroleros a la finalización de un puente sobre el arroyo Ñireco, al sur de la ciudad, y vetó la ordenanza aprobada por el Concejo para redirigir ese fondo a la remediación del vertedero municipal.

Los concejales habían definido por mayoría en la última sesión que ese dinero sea aplicado al “cierre definitivo” del basural, tal como lo prevé una ordenanza de 2022 que permanece incumplida. El proyecto fue promovido por la concejal Julieta Wallace y alega entre los fundamentos que el puente Wiederhold (que Cortés pretende completar con los fondos petroleros) cuenta con partida específica en el presupuesto municipal por 1.600 millones de pesos.

La pulseada entre el Ejecutivo y el Concejo ya había quedado expuesto cuando los concejales de oficialismo se pronunciaron en contra del cambio de destino, pero perdieron la votación. Ahora se agudizó con la resolución de veto.

Cortés nada dijo allí sobre la asignación presupuestaria que ya tenía el puente y citó el convenio firmado con el gobernador Alberto Weretilneck el pasado 12 de mayo para afrontar con los 425 millones la inversión en el puente. Argumentó que la administración del patrimonio municipal “constituye un deber y atribución del intendente”.

También sostuvo que la ordenanza de cierre del vertedero, aprobada hace casi tres años, ya creó un fondo para su cumplimiento y lo delegó en el Ejecutivo. Entendió que lo resuelto en la ordenanza vetada fue “un avasallamiento liso y llano” de esa facultad y “vulneró la división de poderes”.

El veto fue firmado el lunes y sin más demora el presidente del Deliberante, Gerardo del Río, llamó a sesión extraordinaria para darle tratamiento el jueves, junto a otros dos vetos emitidos la última semana.

A Wallace le extrañó el apuro porque -según recordó- el Concejo tiene 30 días hábiles para aprobar o rechazar el veto, y porque el llamado no surgió de un acuerdo de la comisión Legislativa. A su entender la intención del oficialismo es desarticular cualquier acuerdo para ratificar la ordenanza, para lo cual se necesitan ocho votos.

En la sesión del último jueves el proyecto había sido aprobado con una mayoría exigua y hubo varias ausencias, que tornan incierto el resultado final.

Wallace dijo que en la ordenanza no incluyeron ninguna mención al convenio con Weretilneck porque la única noticia que tuvieron fue “por los medios” y el Ejecutivo nunca lo envió al Concejo. Recordó que todos los convenios deben ser validados por una ordenanza.

Según la concejal, el diferendo planteado es “netamente político” y lo atribuyó a “la terquedad del intendente”. Insistió en que la asignación del fondo petrolero a brindar soluciones en el basural es una prioridad para los barrios circundantes y estaría por delante de la obra vial.

Otro fallo por el basural

El daño ambiental que genera el basurero fue abordado además por una nueva sentencia judicial en el marco del recurso de amparo iniciado hace ya seis años por vecinos y organizaciones comunitarias.

El juez Cristian Tau Anzoátegui consideró “abstracto” el reclamo por el “cese de actividades” del vertedero, porque ya hay una ley y una ordenanzq que así lo mandan. Ordenó luego la ejecución de una pericia para determinar “el estado actual” del complejo, “los procedimientos llevados a cabo en torno al tratamiento de los residuos sólidos” y las acciones que se llevan a cabo “a los fines de reducir en la mayor parte posible la contaminación” y el riesgo de incendios.

El amparo ya había tenido una sentencia favorable hace varios años, pero el exintendente Gustavo Gennuso apeló y logró revertirla en forma parcial con un pronunciamiento del STJ, con lo cual se postergaron las soluciones.

Los amparistas valoraron que “dado que el cierre y relocalización no va a ser instantáneo y dado que hay en juego derechos a la salud y a un ambiente sano”, el juez haya encargado nuevas evaluaciones técnicas.

Destacaron además que el bono petrolero se use con el fin de remediar el basural”, aunque lo hicieron antes de conocer el veto de Cortés. Los dirigentes barriales señalaron que sería “la primera vez que se destinan recursos concretos” a cumplir con la ordenanza que mandaba cerrar el vertedero, “una demanda que no admite más dilación y que fue ratificada ahora por la sentencia judicial”.