Se inicia el cuarto juicio por la causa de Techo Digno y alcanzará a dos exintendentes
Se extenderá durante la semana y se realizará en los tribunales de Viedma. La megacausa ya tiene a tres absueltos y un condenado.
Los exintendentes Renzo Tamburrini y Nelson Iribarren están acusados por sus administraciones municipales. Foto: Archivo/Marcelo Ochoa
Desde el lunes, en los tribunales de Viedma, se cumplirá el cuarto juicio oral y público por la causa de Techo Digno.
En este caso, el enjuiciamiento alcanzará a los exintendentes de Sierra Grande, el peronista Renzo Tamburrini y el radical Nelson Iribarren. El debate -que será en el auditorio- se extenderá durante la semana.
El empresario, Guillermo Gazzia, fue apartado de la acusación, a partir de la aceptación de la suspensión de juicio a prueba, con un resarcimiento al Estado municipal con la construcción de una obra.
Los inicios de la investigación
Esta megacausa -que incluye a más de una docena de exjefes comunales y además un grupo mayor de constructores- se tramita en la Justicia Provincial desde el 2018 y se cuestiona el manejo por parte de las administraciones locales de fondos nacionales que estaban destinados a planes de viviendas.
Los tres juicios anteriores concluyeron con absoluciones de los exintendentes. Con características particulares en las acusaciones, esas resoluciones favorecieron a Gustavo Gennuso y María Eugenia Martini por sus gestiones de Bariloche, y a Juan Reggioni por la suya en Fernández Oro.
Existió, en cambio, un exjefe comunal condenado, y fue Gilberto Montanaro, que aceptó un juicio abreviado y reconoció las irregularidades de la acusación fiscal. Así, se lo condenó a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la autoría de los delitos de defraudación a la administración pública y uso de documento público falso.
También, en el expediente Martini de Bariloche, el empresario Juan Castelli fue apartado porque aceptó una reparación económica al municipio y lo cumplió con la ejecución de un Salón de Usos Múltiples (SUM).
El plan de viviendas en Sierra Grande
El juicio de las 40 viviendas de Sierra Grande alcanzará a Tamburrini e Iribarren, junto a exfuncionarios municipales, con la repetida operatoria cuestionada por la Fiscalía: la libración de certificados de obra con avances falsos para lograr envíos de Nación que, después, no pudieron justificarse con el nivel de ejecución de los planes de viviendas.
En su acusación, el Ministerio Público sostiene transferencias nacionales por registros de avance del 71% cuando auditorías posteriores determinaron que las obras apenas llegaban al 42%.
La investigación penal en Río Negro se tramita desde el 2018 y analiza el manejo por parte de municipios de fondos de Nación que se enviaron para planes de viviendas.
A partir de esos certificados, el municipio autorizó pagos por más de 12,8 millones de pesos, lo que habría permitido que la empresa cobrara un 28% más de lo correspondiente.
Según la última estimación, ese perjuicio económico para el Estado municipal de Sierra Grande se calculó en casi 794 millones de pesos.
La imputación incluye además un pago adicional de un millón de pesos por supuestos trabajos de movimiento de suelo que, según la acusación, tampoco habían sido ejecutados.
Iribarren fue denunciante de la irregularidad, pero, con el transcurso del proceso, la Fiscalía terminó acusándolo con otros funcionarios de la gestión que sucedió a Tamburrini, ya que el municipio siguió con los pagos indebidos a la empresa Construcciones Normalizada pese a que no existían desembolsos nacionales para esas obras. La maniobra habría consistido nuevamente en utilizar certificados falsos para acreditar avances inexistentes en trabajos de infraestructura.
Una inspección posterior del IPPV determinó que no había movimientos de suelo ejecutados y que las certificaciones no coincidían con el estado real de las obras. En este caso, el perjuicio actualizado fue calculado en más de 212 millones de pesos.
La acusación encuadró los hechos como defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y uso de documento público falso.
La acusación encuadró los hechos como defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y uso de documento público falso.
Anteriormente, Gazzia -como el titular de la constructora- obtuvo una suspensión de juicio a prueba y asumió el compromiso de la refacción del techo del cine teatro municipal de Sierra Grande, con una inversión estimada en 40 millones de pesos.
Desde el lunes, en los tribunales de Viedma, se cumplirá el cuarto juicio oral y público por la causa de Techo Digno.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
Comentarios