Río Negro: denuncian graves irregularidades en el permiso de uso de agua para el emprendimiento qatarí

La resolución del Departamento Provincial de Aguas que otorgó vía libre al complejo invernal Baguales, de capitales qataríes, para instalar tres hidroeléctricas sobre el arroyo que lleva el mismo nombre incumplió con el Código de Aguas de Río Negro y otras normativas de resguardo ambiental, según lo afirmó la legisladora de Vamos con Todos, Magdalena Odarda.

El salteo de la Legislatura, la falta de publicidad, la omisión de una audiencia pública y de la consulta “libre, previa e informada” a las comunidades indígenas con presencia en la zona, son algunas de las irregularidades señaladas por la legisladora. Odarda presentó un proyecto de ley para anular la decisión del DPA, que fue emitida el 20 de enero, con la firma del intendente general del organismo, Augusto De Antoni Niell, y publicada tres días después en el Boletín Oficial.

La autorización del DPA habilita a la empresa Río Villegas SA -que a su vez es propiedad de Baguales Acquisitions SA, donde mandan el qatarí Abdulhadi Mana Al-Hajri y el extenista argentino Gastón Gaudio– a desarrollar tres microcentrales de generación eléctrica a distintas alturas sobre el arroyo Baguales.

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El permiso se extiende por 30 años y otorga el derecho a captar y turbinar agua del arroyo a razón de 350 litros por segundo en la instalación inferior, 200 litros en la intermedia y 42 litros en la superior. La infraestructura sería apta para generar en total 920 Kw. El exclusivo complejo Baguales está ubicado en plena cordillera rionegrina, en cercanías de la ruta 40, entre Bariloche y El Foyel.

Odarda se quejó del riguroso sigilo del gobierno en el manejo del tema y después de haber “estudiado a fondo” la legislación vigente, decidió atacar por varios frentes la decisión que favoreció a los inversores árabes.

La legisladora pidió al DPA que dé marcha atrás con la medida, presentó un proyecto con sus pares de bloque para revocar por ley la resolución de la polémica y en simultáneo solicitó por escrito al gobernador Alberto Weretilneck qui haga lo mismo, a fin de acelerar los tiempos. Realizó además una presentación ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que determine “las responsabilidades de los funcionarios involucrados” y realice la denuncia ante la Justicia si comprueba que se cometieron delitos.

El proyecto Baguales “no responde al interés general y no se garantizó la participación ciudadana”, alegó en su presentación.

Iguales pero distintos

Odarda recordó en diálogo con este medio que la empresa Hidden Lake del magnate británico Joe Lewis, asentada en la misma zona, obtuvo autorización años atrás para construir un aprovechamiento hidroeléctrico sobre el río Escondido, pero aquella vez “salió por ley y luego de una larga discusión”.

Se preguntó por qué en el caso de Baguales la provincia eludió ese camino y no tuvo respuesta hasta ahora. Pero supone que el argumento tendrá que ver con lo ya expuesto en la resolución del DPA, donde se hace hincapié en que las centrales del inversor qatarí no tendrán un destino de servicio público, ni están proyectadas para vender la energía al sistema interconectado nacional (como ocurre con la de Lewis), sino para abastecimiento propio.

La legisladora aseguró que aun así deben cumplir con la ley y con el Código de Aguas, que no hace esa distinción. “Tiene que ser por ley especial, porque hay uso del agua que es un recurso público. Y no tiene relación con el destino final de la energía”, explicó.

Sostuvo también que hubo recaudos ambientales que no se cumplieron, porque la provincia tenía la obligación de convocar a audiencia pública “en el lugar donde se producirán los efectos”, para que la población conozca y se exprese. “Tampoco se le dio publicidad como corresponde a los actos de gobierno -agregó-. No hay nada mencionado en los sitios web de la secretaría de Ambiente, de Energía, ni del DPA. Solo aparece en el Boletín Oficial”.

Odarda quiere tener acceso al expediente “completo” y dijo conocer ya algunos detalles, como la existencia de un estudio de impacto ambiental “realizado en 2022 y actualizado en 2024, después de que Baguales cambió de dueño”. Señaló que ahora los empresarios de origen qatarí habrían acelerado el proyecto con el plan de tener las centrales operativas en junio próximo.

Según Odarda, “no se puede permitir que un recurso vital como el agua sea concedido a un emprendimiento privado de lujo, mientras miles de rionegrinos enfrentan dificultades en el acceso a este derecho básico”.

Controversia por una cantera

La legisladora también presentó esta semana un pedido de informes dirigido al Ejecutivo relacionado con la actividad de una cantera emplazada frente al inicio del camino Tacuifí, que lleva a Lago Escondido, “y que no tendría habilitación de Minería”. Dijo que según testimonio de vecinos de alli se extraen los áridos para la construcción de las hidroeléctricas de Baguales.

Odarda dijo que ese dato torna más urgente aun la intervención del gobernador para que se abra el debate público “que corresponde” y evitar así avances de hecho con una obra sospechada de irregularidades. Pedidos similares fueron girados a la dirección de Tierras provincial y a Vialidad Nacional, ya que la explotación de áridos está en cercanías de la ruta bajo su jurisdicción.

Odarda subrayó además que en la zona hay comunidades indígenas y no puede quedar incumplido el derecho a la consulta “libre, previa e informada” sobre proyectos que las afecten, como consta en el convenio 169 de la OIT. y que fue reglamentado en Río Negro el año pasado.