Un exintendente del Alto Valle busca ser querellante en una causa contra su sucesor, pero la fiscalía no quiere

El exintendente Juan Reggioni quiere ser querellante en la investigación, en este caso preliminar, que se lleva adelante contra su sucesor Mariano Lavin en la municipalidad de Fernández Oro, como desprendimiento de la causa en la que fue condenado el exmandatario municipal del justicialismo. Lo llamativo es que la propia fiscalía se opuso al pedido del abogado de Reggioni, Giuliano Fortunati,

La audiencia, que entró en un cuarto intermedio hasta fin de mes, fue presidida por la jueza de Garantías, Rita Lucía, el viernes pasado. En la causa ya se incorporó la denuncia de Reggioni y también un presentación espontánea de Lavin en la que aportó documentación con la que considera será desestimada la acusación.

Fortunati explicó que el 21 de agosto pasado realizaron una denuncia penal por falso testimonio agravado contra Lavin a raíz de la resolución del tribunal de juicio que condenó a Reggioni.

El abogado dijo que los jueces advirtieron inconsistencias en el testimonio de Lavin respecto del acta de traspaso de mandato. Pero en septiembre, la fiscalía rechazó la presentación de Reggioni para intentar ser querellante.

El primer argumento, recordó Fortunati, fue que el delito de falso testimonio es un delito contra la administración pública y el exintendene Reggioni no tendría legitimación para ser querellante. El segundo argumento de la fiscalía es que el tribunal de juicio que intervino en la causa no evaluó el testimonio de Lavin para aplicar la condena y por ende Reggioni no se vio afectado.

Fortunati dijo que Reggioni sí se vio afectado por el supuesto falso testimonio de Lavin. Y citó una sentencia en la que se planteó que no hacía falta en el falso testimonio agravado que sea perjudicial para el condenado en una causa criminal.

La «idoneidad» en el falso testimonio

---

A su turno el fiscal Bruno Lomazzi afirmó que la presentación del abogado de Reggioni carecía de un requisito formal, pero además planteó que el delito es contra de la administración pública y que el único que podría querellar particularmente en el delito de falso testimonio es el fiscal de Estado. Además planteó que no hay «idoneidad» en el falso testimonio, que ocurriría cuando el tribunal cometería el error al condenar a la persona en base al falso testimonio. Según Lomazzi esto no ocurrió en la causa en la que fue condenado Reggioni y por lo tanto no puede ser querellante.

Los mismos argumentos de la fiscalía utilizó el abogado defensor, Nicolás Rebaliatti, que aseguró que el planteo de Reggioni no logró demostrar «interés jurídico» para que sea querellante.

Finalmente la jueza Rita Lucía planteó que nadie había incorporado la sentencia que condenó a Reggioni a la causa y por tanto ella no la conocía en detalle. Por este motivo decidió un cuarto intermedio para leer el escrito y tomar una decisión.

La condena a Juan Reggioni

---

Reggioni fue condenado por los jueces Guillermo Merlo, Alejandra Berenguer y Juan Pedro Puntel a tres años de prisión en suspenso, con inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, tras haber sido hallado responsable del delito de administración fraudulenta agravada contra la administración pública y del uso de documento ideológicamente falso, los jueces.

En su sentencia, los jueces ordenaron dar vista al Ministerio Público Fiscal respecto de las responsabilidades que pudieran corresponderle a Lavin en relación con la finalización del convenio de construcción de las casas, el cuarto desembolso y la rendición final de cuentas.

El fiscal Herrera incluyó dos hechos para investigar vinculados a Lavin. El primero surgió cuando el ahora interventor en el IPPV aseguró en su testimonio en el juicio que destinó los $ 1.357.800 del último desembolso para la construcción del plan de viviendas a pagar deudas y obligaciones pendientes del programa, autorizadas por la gestión de Reggioni.

Más tarde el perito contador de la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal, Gastón Lehner, en su informe técnico contable realizado en el marco del legajo mencionado anteriormente, dictaminó que los pagos concretados por el municipio durante el año 2016 por expedientes iniciados durante el año 2015 e imputados a las Cooperativas, no superaban el monto de $ 374.035. Esa diferencia es la que investigará Herrera.

El segundo hecho apunta a que Lavin manifestó no tener conocimiento de los planes de viviendas por cooperativas cuándo inició su gestión como intendente. Esa declaración se contradice, según la fiscalía, con el acta notarial de traspaso de mando de fecha 11/12/2015 firmada por Lavin, que tenía una mención específica respecto de los programas habitaciones en curso, y la construcción de viviendas por cooperativas.Por lo anterior el abogado de Reggioni, Giuliano Fortunati, lo denunció por falso testimonio.

Herrera, en su auto de investigación preliminar, planteó que estos dos hechos se podrían enmarcar dentro de los delitos de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado”, por un lado; y en falso testimonio, por el otro.

En aquel momento, Lavin, en contacto con Diario RÍO NEGRO, consideró que la investigación, con toda la documentación que aportó, no debería prosperar. “Nosotros promovimos esa investigación. Se investigó porque nosotros denunciamos”, remarcó el exintendente.

Además aseguró que respaldó con balances y registros contables que los $ 1.357.800 fueron destinados al pago de las deudas que generó la gestión anterior por el plan de viviendas y no entiende cómo el perito contable determinó que solo se usaron con ese fin $ 374.035.