Por ahora, un solo condenado está detenido
Otro punto controversial para los jueces fue la aplicación de la pena. Nuevamente, mientras Guanziroli y Velásquez consideraron pertinente que Del Real y Sosa permanecieran en el estado actual de sujeción –es decir libres– hasta que la condena quede firme, Cabrera de Monella sostuvo que aunque algunos tengan más de 70 años “en esta causa la condena es por delitos a la luz del derecho nacional e internacional en materia de derechos humanos, por repugnar a la comunidad toda, resultan imprescriptibles e inamnistiables, considerados crímenes de lesa humanidad, cometidos por funcionarios públicos dentro de un plan sistemático contra la población civil”. Eso, y “por la grave pena que los acecha, es motivo suficiente para disponer el encarcelamiento inmediato a riesgo del peligro de fuga”. Los dos magistrados restantes se expresaron en contrario. Hasta hoy las partes tienen la posibilidad de recurrir las medidas. Sólo Carlos Marandino, el más joven de los condenados y que debió ser capturado en el transcurso de la Instrucción, continuará detenido en cárcel común. En relación con Roberto Bravo, asilado en Estados Unidos, se ordenó volver a pedir a ese país que lo extradite. En cuanto a Horacio Mayorga, con problemas de salud que han impedido que estuviera incluido en el proceso penal, se le solicitaron controles permanentes.
