Por qué liberal

Félix Eduardo Sosa (*)

Esta vieja doctrina tuvo basamento ideológico en las elaboraciones de los iluministas del siglo XVIII y se nutrió de las elucubraciones de Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Locke y otros y la “praxis” política del Reino Unido y Estados Unidos. Se consagró a partir del gran grito de libertad que significó la Revolución Francesa y la vigencia en la mayor parte de Occidente del Estado laico, respetuoso de todas las confesiones religiosas y sin comprometerse en sus querellas. Hoy mantiene su plena vigencia y constituye el basamento fundamental de la estructura de las sociedades civilizadas, llámense democracias, repúblicas, monarquías constitucionales, Estados social-democráticos o como fuere. “Libertad, igualdad y fraternidad” se proclamó entonces. Y ni esa libertad ni la igualdad o fraternidad son hoy como las concibieron aquellos pensadores. Pues hoy exigimos que la libertad alcance a todos, cualquiera sea su pensamiento, género, religión o raza; el siglo XX y el XXI han incorporado con igualdad absoluta de derechos a la mujer (desiderátum aún cumplido a medias), agregándose el respeto a la libre elección sexual y, como otro desiderátum también a perfeccionar, la igualdad de todos los homosexuales, largos siglos reprimidos o discriminados. No se inventó nada nuevo, sólo se incluyó en la amplitud de la fórmula aquello que sus creadores no estuvieron en condiciones de entender. Y todo eso, bien mirado, no es otra cosa que un perfeccionamiento de la divisa de 1789; es sólo dotar de un contenido acorde con el paso del tiempo lo que aquellos, por su medio social y educación recibida, no podían siquiera imaginar, como ni siquiera podían concebir la movilidad social que hoy entendemos como inescindible de la estructura social. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos que hoy nos ampara, ¿qué otra cosa es si no un perfeccionamiento, una actualización y universalización de la proclama de 1789? Creemos, obviamente, que lo que hoy tenemos es mejor, pero la idea se respetó, nada se derogó, sólo se completó y mejoró. Los principios liberales, en sí, han quedado incólumes: el rechazo al despotismo mediante la periodicidad del poder y el reparto de las potestades, el sistema de “pesos y contrapesos” entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Parlamentario (nacido éste con el designio de controlar los excesos del Ejecutivo, no para convertirse en un coro de obsecuentes del mandón o mandona de turno), la libertad religiosa irrestricta, la de opinión sin retaceos y la libertad también irrestricta de expresión y de prensa (sin censura alguna, pero con el correlativo deber de sancionar los excesos). La inviolabilidad del domicilio y de los papeles privados, el hábeas corpus, la libertad de tránsito dentro y fuera del país, la libre circulación de las mercaderías y la libertad económica y de comercio, el magnífico enunciado del artículo 19 de nuestra Constitución de 1853 –…nadie estará obligado a hacer lo que la ley no manda ni será privado de lo que ella no prohíbe; las acciones privadas de los hombres que no afecten el orden ni la moral pública o dañen a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados– y cuántos, tantos, otros que configuran el programa que los constituyentes del 53 legaron a nuestras clases dirigentes… Y que esas “elites” ejecutaron, con sus más y sus menos, con sus grandes errores por supuesto, pero que permitieron que la Argentina, a la mitad del siglo XX, por su desarrollo social (mucha educación, poco analfabetismo) y económico, ocupara un lugar de excepción en el concierto del mundo civilizado. Pero todo ese desarrollo, que no es más que el programa “liberal puro”, generó tamañas injusticias e hizo imperiosa la conversión del liberalismo puro con el agregado de un “neo”: sola esa libertad implicaba profunda desigualdad, la industrialización hizo necesaria la protección de la masa trabajadora o proletaria, consagrándose sus derechos y organizando su eficiente protección. Y organizando también, algunas décadas luego, la imprescindible protección de los consumidores. La seguridad social, cuya necesidad vislumbró nada menos que Bismarck a mediados del siglo XIX, impone la previsión de los accidentes y enfermedades laborales y de las consecuentes incapacidades, no sólo para los proletarios, sino para todas las clases sociales, así como la necesidad de prever la seguridad y bienestar de todos quienes por su edad avanzada deben obtener un merecido descanso. Igualmente todo lo que hacen las empresas capitalistas, beneficiarias de la libertad comercial, debe necesariamente ser vigilado para prevenir abusos, a los que los empresarios suelen ser proclives. Y, sin convertirse el Estado en empresario –para lo que sabemos que, salvo honrosas excepciones, no sirve y genera burocracia, cuando no lo peor, corrupción–, lo mejor es que asuma el papel de árbitro para prevenir y sancionar inconductas empresariales y/o comerciales. Algún ministro o doctrinario francés acuñó la divisa “laissez faire, laissez passer” para definir el papel del Estado respecto de la economía y desde hace cerca de un siglo sabemos que no va, es insuficiente, el Estado no puede ni debe abstenerse. El capitalismo, hijo dilecto de la libertad económica y de empresa, genera por sí solo desigualdad y además tiende a abusar. Pero resulta ser, por otra parte, la herramienta más poderosa para generar riqueza y desarrollo; esto terminaron por comprenderlo los mismos chinos y vietnamitas, que del antiguo “comunismo” sólo dejaron subsistentes el autoritarismo y la dictadura, pero en lo económico se abrieron a la libertad empresarial con resultados espectaculares, tales como los de la India con su anterior régimen pro socialista. Y tal vía liberal, con el necesario control estatal, fue adaptada a su vez por nuestros exitosos vecinos chilenos, peruanos, colombianos, etcétera, que simplemente vieron la ventaja de copiar el acierto de los otros antes de ponerse a inventar cosas nuevas… y ni hablar de los “tigres” del Sudeste Asiático, Corea del Sur, Taiwán, Singapur… sin olvidar la ya consolidada Japón. La vía económica más exitosa hasta que se invente otra mejor no es otra hoy que el capitalismo social, debidamente controlado para purgar desigualdades y prevenir abusos. Ya tuvimos la oportunidad de ver cómo el comunismo fracasó estrepitosamente, cayendo cual castillo de naipes. El mundo escandinavo, por su parte, respetando el liberalismo político y con base capitalista, ha encarado un experimento socialdemocrático de especiales resultados, aparentemente exitosos. Y así, resulta ser que el cimiento, la argamasa que funda las instituciones de todos los países sudamericanos y de la Europa civilizada, coincide plenamente en su sustento ideológico con las instituciones concebidas en el Siglo de las Luces y en 1789. La libertad y la plena igualdad, con un contenido hoy mucho mayor pero sin alterar el principio –la limitación del poder, la separación de las potestades del Estado, la prevención del despotismo, las libertades de conciencia, de religión y de expresión– parecen hoy consustanciales a toda la civilización occidental, junto al amplio esquema programático del cual sigo considerando la mejor expresión nuestra Constitución de 1853. Y si esa magnífica doctrina no previó el resultado disvalioso de la libertad económica que proclamó, las correcciones a la falta ya se vienen implementando, pero la libertad económica sigue como trasfondo, solamente que con limitaciones, sanciones y correcciones… y cuanto pueda venir de aquí en más en ese sentido. Por todo eso es que creo que aun en el siglo XXI debemos seguir mirando la doctrina liberal como inspiración. (*) Abogado