Preocupaciones
Imposiciones a la agenda provincial: contratos eléctricos y petroleros.
adrián pecollo adrianpecollo@rionegro.com.ar
El gobierno de Río Negro tal vez haya comenzado su rotación emocional, pasando a un estado de real preocupación. Este movimiento se genera en su núcleo, constituido por el gobernador Alberto Weretilneck. Su descanso no bastó para despejarse de su real inquietud: el incierto presente que le ofrecen la presidenta Cristina Fernández y sus allegados. La política nativa tampoco lo ayuda. Sus ministros siguen ocupados en sus planes. No hay pautas de gestión en el gabinete y, si las hay, se las desconoce. Los ministros persisten en disputas tediosas y desenfadadas por mínimos criterios. Por caso, después de meses continúa la falta de coincidencias en el examen y reforma del sistema de las guardias médicas y horas extras en los hospitales. Economía objeta y Salud no paga. Esta historia repetida sólo sumó recientemente una fuerte discusión telefónica de Alejandro Palmieri y Norberto Delfino. La tensión se trasladó a la reunión de gabinete. Muchas más cuestiones siguen irresueltas y subyacen todos los resentimientos internos. Entre tantas presiones y temores, hay retos directrices para la estructura económica de Río Negro que acometen: la revisión del proceso eléctrico y el relanzamiento de la política petrolera. La verificación del contrato con Edersa está pendiente. El convenio base establece su apertura licitatoria cada década y su simple tanteo reabrió la discusión por las inversiones y compromisos incumplidos por parte del grupo privado. El mecanismo programado permitirá una compulsa de ofertas por las acciones y, eventualmente, el manejo de Edersa. Sus dueños –Camuzzi y dos fondos de inversiones argentinos– quieren seguir con el negocio. ¿Qué pasa en el entorno de Weretilneck? Existen dos pensamientos. Una tendencia técnica, que se anida en el seno del EPRE, que reivindica la recuperación y la reestatización de la empresa. Otra corriente está alimentada por el cuadro legal del gobierno, creyente en la reformulación y la corrección del actual contrato. En un principio, el gobernador se entusiasmó con la estatización pero, después, calló. Esta explicación hay que buscarla en la reflexión del viceministro Axel Kicillof. “Hay que ser cuidadoso y agotar la instancia privada. No hay que parecer que corremos a inversores”. Estos párrafos sintetizan el relato del economista de la presidenta. Weretilneck nunca pensó en contradecir esa ponderación. Menos lo hará hoy cuando siente que carga con un período correctivo de parte de Nación después de aquel reto fatídico de fines de diciembre por los saqueos de Bariloche. Al llegar a la máxima investidura provincial, Weretilneck sólo se sujetó al núcleo K. Las otras alianzas vernáculas, tarde o temprano, cayeron en desgracia. Sí exageró en su lealtad presidencial, llegando al cumplimiento de las órdenes para la destitución de Omar Goye del mando de Bariloche. Actuó así porque ha observado en otras víctimas que no hay misericordia con “los tibios” de parte del poder kirchnerista. Hoy lo aterra cualquier ceño nacional fruncido y lo arrima al senador Miguel Pichetto, también vapuleado en aquella agorera noche de Casa Rosada. Así, el gobernador difícilmente contradiga el consejo de Kicillof cuando se ocupe del estructural problema eléctrico, actualizado por la generación de cortes y la reposición del debate por las reales inversiones en el servicio. Además, el gobierno ingresa en un proceso de reinversión y renegociación con el sector petrolero. En Cipolletti, Weretilneck se reunió el miércoles con el secretario de Energía, Jorge Borrelli. Logró retenerlo tras renovar promesas laborales y, después, ambos planificaron el programa de prorrogas de contratos y la licitación de nuevas áreas de exploración. El mundo de Weretilneck ya no es lo que era. Antes, en su poder, la permanencia de Borrelli se habría extinguido o, en el mejor de los casos, habría caído en el exilio. Ya no habrá igual trato, pero el secretario sigue, a pesar de la zozobra pública a la que lo expuso cuando supeditó su continuidad a una respuesta suya. El mandatario no tenía plan alternativo y privilegió, con razón, la marcha del proceso petrolero, alcanzando su expectativa por los estimados 100 millones de dólares. Ambas transformaciones –eléctricas y petroleras– se imponen en la agenda rionegrina del 2013. Otra prioridad reinscribe Weretilneck: el crecimiento del STJ de tres a cinco jueces. Fue su flamante presidente, Enrique Mansilla, quien en Cipolletti actuó de vocero de “la idea” del gobernador. Quiere –informó– “volver a impulsar la iniciativa para que Viedma, Cipolletti y la Línea Sur tengan un representante”. La táctica gubernamental ya varió, pues el gobernador solicitó al bloque del Frente que elabore la iniciativa y persiga la mayoría necesaria. Tal respaldo no se logró en octubre y se frustró ese primer intento de Weretilneck. ¿Por qué elevar un proyecto si la oposición presentó el suyo?, fue la consulta en el oficialismo. Aludía al anuncio efectuado, después de aquella frustración, por parte del presidente del bloque radical, Bautista Mendioroz –acompañado por Marta Milesi– en referencia a que presentaría su propuesta para insistir en la suba del STJ. No existe tal trámite, nunca fue presentado, a pesar de que pasaron más de tres meses. En realidad, la proclama radical sólo cumplía un fin menor: alentar la reelección de la conducción del Colegio local de abogados, dañada por el incumplido ascenso para un cipoleño, como lo prometía el malogrado aumento del STJ. Bien lo transmitió Mansilla: Viedma, Cipolletti y la Línea Sur son los objetivos. Sólo le falto la mención de la anexión de la mujer. Marcela Basterra de Jacobacci, una candidata inscripta por el radicalismo, es el nombre señalado. Esa constitucionalista sorprendió al Consejo de la Magistratura en la elección anterior pero poco se pudo hacer porque las designaciones de Mansilla y Sergio Barotto ya estaban acordadas. La proyección para Viedma está limitada. Algunos candidatos, como Luis Pravato o Julio Ricca, no aceptaron. Está el ascenso propuesto del camarista penalista Jorge Bustamante, pero tiene trabas insalvables dentro del oficialismo. Sólo un distintivo colabora: procede del fuero penal. Mansilla es un especialista en derecho civil y comercial mientras que Barotto es un académico, con experiencia en juzgados laborales. Así, cualquier búsqueda razonable tiene que orientarse a un penalista. Weretilneck asimiló esa verdad y entonces consolidó su exploración, recayendo en la presidenta de la Cámara del Crimen de Cipolletti, Alejandra Berenguer. Esta opción postergaría a otro cipoleño, Ricardo Apcarian, un viejo conocido del mandatario. El oficialismo y otra parte de la dirigencia ponderan favorablemente el aumento de la integración del STJ. Piensan, con Weretilneck en su ejecución, una evolución que se enlace con la cobertura de la vacante del renunciado Víctor Sodero Nievas. Se trata de concentrar vacantes, cubrir más expectativas y apuntalar, sin mayores costos, un entendimiento de los sectores parlamentarios y los colegios en las designaciones. Poco serio. La Justicia –como repitió últimamente Weretilneck– requiere una fuerte y urgente conversión, que radica en otras acciones postergadas. La reforma del Código Penal está en análisis desde el 2011 y, hace un año, este gobierno relanzó su debate, sin concreciones. El expediente no se movió. Estos cambios seguirán seguramente demorados por las características de un año electoral. Tiempos que Viedma abrirá hoy con las elecciones internas del PJ y la UCR para designar posteriormente al nuevo intendente. Son los tiempos en que los políticos imponen sus embrollos por sobre los problemas colectivos.