Presentaron una cautelar ante la CIDH por los centros de aislamiento en Formosa

Los jefes parlamentarios de Juntos por el Cambio denunciaron ante el tribunal internacional la crítica situación humanitaria en los centros de aislamiento por el covid montados por Insfrán.

Los líderes parlamentarios de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff y Mario Negri, recurrieron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el escándalo desatado a raíz de la detención en Formosa de dos concejalas por participar de una manifestación en la que denunciaron la crítica situación en los centros de aislamiento montados por el gobierno de Gildo Insfrán por la pandemia de coronavirus.

Las dos ediles denunciaron maltratos y lesiones durante su detención, en una comisaría de la capital provincial.

Los jefes de los interbloques de Juntos por el Cambio en la Cámara de diputados y el Senado presentaron una cautelar ante la CIDH por la situación que se vive en esos centros de aislamiento obligatorio implementados por el gobernador.

En el texto, los Naidenoff, senador por Formosa, y Negri señalan que en la provincia “no se cumplen con las condiciones mínimas de salubridad, higiene y confort, además de no realizar un efectivo aislamiento entre pacientes contagiados y contactos estrechos que podrían no estar contagiados, lo que facilita el contagio de la enfermedad”.

Agregan que “están siendo vulnerados los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal, a la libertad personal, a la privacidad y los derechos del paciente”, además de “conculcarse la libertad de circulación y residencia”.

Días atrás, diputados de la Coalición Cívica de Elisa Carrió presentaron un proyecto para pedir la intervención federal de la provincia. Otros legisladores de la oposición reclamaron la presencia en el Congreso del secretario de Derechos Humanos de Nación, Horacio Pietragalla.

Insfrán está en el ojo de la tormenta: desde el inicio de la pandemia aplicó una política de cierre de accesos a Formosa e impidió durante meses el ingreso de ciudadanos de la propia provincia. La situación escaló hasta la Corte Suprema, que en noviembre hizo lugar a un amparo para que los formoseños retenidos pudieran ingresar. Se estima que hasta entonces eran unos ocho mil.

Las concejalas denunciaron maltratos

Tras pasar algunas horas arrestadas el jueves por la policía, las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz denunciaron maltrato y lesiones en la comisaría de la capital formoseña .

“Una oficial que nunca se identificó me empujó para bajarme de la camioneta. Tengo lesiones en las muñecas, en los tobillos y en la espalda. Fui revisada por un forense judicial, uno policial, mi médico de parte y un escribano. Está todo en el expediente”, contó Neme, abogada y dirigente del peronismo disidente de esa provincia.


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