Presunta estafa para realizar descuentos por planillas

Judiciales

La gestión de códigos de descuentos en los salarios estatales en favor de mutuales derivó en una causa penal por presunta estafa, que incluyó varios allananamientos, entre ellos, a un estudio jurídico de Viedma.

Anoche, el abogado Ignacio Galiano negó a “DeViedma” cualquier intervención en el hecho y cuestionó el accionar de la Fiscalía. “No estoy ni imputado y el allanamiento fue negativo”, expresó

Simultáneamente, el gobierno provincial informó que la denunciante de la presunta maniobra fue la Función Pública, con una primera presentación el 18 de julio y posterior ampliación el 5 de agosto. Apuntó a la probable “existencia de delitos en perjuicio contra la administración pública provincial, realizados por terceros ajenos al Estado”. Confirma que los “supuestos ilícitos” están relacionados al “código de Descuento”.

Por su parte, Galiano se concentró en el allanamiento, encabezado por el fiscal Hernan Trejo. “No se llevaron ninguna documentación (mostró el acta). Fueron con 60 policías y se llevaron una computadora. En la Fiscalía no se bancan que le estoy dando vuelta el juicio de Atahualpa”, en referencia a su defensa de uno de los acusados. Reiteró que se trata de “una operación por el juicio de lo Atahualpa”, que tiene miedo y que “el juez (Favio Igoldi) me negó custodia”.

Además, el abogado también desmintió cualquier participación en gestiones por códigos de descuentos. “Soy abogado penalista y laboralista”, manifestó.

Según trascendió, ese organismo detectó documentación falsificada de códigos de descuentos de haberes públicos en favor de mutuales de Capital Federal, las cuales, pretendían hacer valer esos “convenios” para futuras retenciones en las remuneraciones de agentes públicos. Estas cesiones pueden generarse por acuerdos con las mutuales por eventuales préstamos en favor de los estatales.

Frente al requerimiento de las mutuales, la Función Pública confirmó la existencia de documentos apócrifos, incluyendo decretos, y la secretaria Isabel Tipping procedió a la denuncia en la fiscalía a cargo de Hernan Trejo.

Desde hace años, este organismo público tiene suspendida el otorgamiento de códigos para estos tipos de descuentos después que un gran número de entidades había logrado este mecanismo y así había derivado en un alto porcentaje de empleados y salarios retenidos por obligaciones contraidas con anterior. Esta característica fue el primer elemento que alertó a las autoridades de la Función Pública cuando las mutuales insistían con que disponían de un código de retención.

Según se supo, tres mutuales de Buenos Aires ya habrían sido confirmadas con “convenios” de códigos falsificados. En principio, el primer caso sirvió al fiscal Trejo a profundizar la situación y, en ese línea, la Justicia habría librado y concretado allanamientos en las sedes de esas entidades en Capital Federal.

Los téstigos de las autoridades habrían arrojado mayor claridad, precisando que esa documentación fue facilitado por un gestor de Viedma. Estas informaciones habrían concluidos en el allanamiento que anteayer encabezó Trejo al estudio jurídico de Ignacio Galiano, en Belgrano al 180.

Anoche, el gobierno confirmó que la Función Pública denunció el hecho ante la Justicia Penal. Se aseguró que no fueron difundidas

“oportunamente para no entorpecer la investigación. Las mismas hacen referencia a las supuestas maniobras fraudulentas de un gestor que se ofrecía como intermediario entre distintas mutuales y el Gobierno para otorgar el citado Código de Descuento, utilizando para ello documentación apócrifa con firmas falsas de funcionarios provinciales”.

La gacetilla precisa las circunstancias cuando Tipping detectó el hecho y, al final, Función Pública advierte de la “presencia de estos falsos gestores que se presentan como nexo con el Estado rionegrino, relación totalmente inexistente”.

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