Prioridades insensatas

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Lo lógico sería que el gobierno nacional se concentrara en administrar bien el país para que, de resultas de sus esfuerzos, se mejorara la calidad de vida de sus habitantes, pero parecería que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se siente mucho más interesada en las vicisitudes de la interna peronista que en cualquier otra cosa, de ahí la ofensiva que tanto ella como sus laderos han emprendido contra el gobernador bonaerense Daniel Scioli. Todo hace pensar en que este conflicto absurdo seguirá dominando el panorama político del país por mucho tiempo más, ya que, para exasperación de sus simpatizantes, Scioli se niega a darse por aludido, acaso por suponer que le conviene fingir estar convencido de que, en realidad, Cristina lo apoya y que están equivocados quienes creen lo contrario. Hasta ahora, la táctica del gobernador ha funcionado bastante bien, pero puesto que los resueltos a destituirlo no han vacilado en privarlo de los fondos que necesita para salvar a la provincia más poblada del país de la bancarrota, pronto llegará el momento en que se vea obligado a elegir entre darse por vencido por un lado y, por el otro, procurar ponerse a la cabeza de una alternativa al kirchnerismo. A juzgar por ciertas encuestas de opinión, la mayoría abrumadora de los bonaerenses atribuye la crisis financiera que se ha abatido sobre su provincia a la voluntad de Cristina de hundir a Scioli. Tal interpretación de lo que está sucediendo beneficia al gobernador, al permitirle asumir el papel de la víctima de la mezquindad ajena, y es posible que los kirchneristas también la crean positiva porque sirve para brindar la impresión de que las dificultades no se deben a la evolución nada promisoria de la economía nacional. Sin embargo, no cabe duda de que un motivo, tal vez el principal, por el que la presidenta es reacia a enviarle a Scioli los fondos que precisa consiste en que “la caja” está casi vacía. No sólo los odiados economistas privados sino también los que aún toman en serio las estadísticas confeccionadas por el Indec coinciden en que la industria manufacturera, la construcción y, desde luego, la inversión, han caído precipitadamente en los meses últimos y que, a pesar de los ingresos supuestos por el aumento reciente del precio de la soja, ya se ha iniciado una recesión que amenaza con ser mucho más profunda, y más larga, que la del 2009. A fin de sacar provecho político de las malas noticias, el gobierno nacional acusa a los mandatarios provinciales de no saber administrar los recursos de “coparticipación” que les entrega la Nación. En este ámbito por lo menos, los kirchneristas tienen razón, pero se trata de un problema estructural inherente al sistema excesivamente centralizado que impera en el país. Por depender tanto los gobiernos provinciales de “la generosidad” del presidente de turno, pueden presionarlo recordándole que no sería de su interés abandonarlos a su suerte ya que de producirse estallidos sociales podrían imputarlos a la mala voluntad de quien posee las llaves de la caja. Asimismo, por su parte el gobierno nacional suele dosificar los envíos de fondos con el propósito de ayudar a los gobernadores “amigos” y castigar a los “desleales”. Aunque todos los presidentes han operado así, ninguno lo ha hecho de manera tan impúdica como Cristina. Hasta hace poco, el orden perverso así supuesto le servía a la presidenta para acumular cada vez más poder, pero desde que la economía entró en crisis la perjudica. Por cierto, la combinación de una recesión brutal, con el desempleo en aumento y el consumo en baja, y conflictos políticos como el protagonizado por Scioli no podrá sino seguir socavando la autoridad presidencial. Si bien a esta altura no hay mucho que el gobierno podría hacer para impedir que la economía pase por una fase recesiva de duración imprevisible, la presidenta aún está en condiciones de amortiguar el impacto político de una crisis que parece destinada a agravarse mucho más en los meses próximos, lo que podría hacer reemplazando el grupo de funcionarios a cargo de distintos aspectos de la economía por un ministro de verdad, cuando no un “superministro”, y dejando de tratar como enemigos despreciables a los líderes de las distintas agrupaciones opositoras y a aquellos gobernadores provinciales que no comparten todas sus opiniones.