Promesas

RÍO NEGRO

ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

Si no fuera triste, uno hasta podría celebrar. Con la cercanía de las elecciones del 14 de junio, en las que se elegirán gobernador, vice y legisladores, la dirigencia política en Río Negro muestra una actividad inusual. Tanto el gobierno como dirigentes de los partidos de la oposición se han puesto en ritmo frenético a gestionar, mejorar, ampliar, licitar, comunicar… Lo que durante años ha estado en lamentable espera se mueve, se nombra y se repite. Se anuncia de todo. Se promete lo mejor. Aunque, en ocasiones, los comunicados y declaraciones disfracen de noticias apenas buenas intenciones. El oficialismo busca ahora remediar falencias en escuelas, terminar lo inconcluso y –cuando no puede– decir que “se avanza”. Así alude al acueducto de Arroyo Ventana, dañado por las lluvias y que desde hace un año limita el abastecimiento de agua a Sierra Grande y a la minera de esa ciudad. Y Playas Doradas tiene al fin el cajero que tanto ha reclamado; los comisionados de fomento cobran con aumento –el gobierno quiere su proselitismo en los parajes frente a su desventaja en las ciudades–; las “albertistas” ciudades de Cinco Saltos y Allen son las más mimadas; y en Roca se volvió a anunciar la escuela técnica en Quinta 25, la misma que Weretilneck prometió en el 2013. El dinero de los fondos petroleros no ha mejorado, hasta el momento, la efectividad del Estado. En febrero, el gobernador prometió la adquisición de equipos por 380 millones de pesos, pero sólo concretó parcialmente la compra directa de borregas para la Región Sur. Las licitaciones de vehículos recién han comenzado a anunciarse. Y poco se sabe qué formalidad tendrá la adquisición de autobombas, transferida a la Federación de Bomberos. Esta semana, para sorpresa de nadie, el gobierno apeló a un recurso repetido: prometió el pase indiscriminado a planta permanente del personal que Miguel Saiz, Carlos Soria y el propio Alberto Weretilneck contrataron, sin concurso previo, es decir, violando la ley. Lo anunció sabiendo que las encuestas señalan una pobre imagen entre los estatales. La abulia y el destrato en la gestión no han sido compensados por el reconocimiento de zona desfavorable y el pago de salarios en término. El radical Miguel Saiz hizo dos incorporaciones masivas: una dio estabilidad a 3.000 personas designadas hasta diciembre del 2003 y la otra benefició a 3.800 contratados y funcionarios políticos ingresados hasta abril del 2009. Carlos Soria había prometido investigar la legalidad de ese último proceso. Pero Weretilneck convalidó todo y afianzó su alianza con el radicalismo para compensar el alejamiento del Partido Justicialista. Él mismo, en junio del 2012, declaraba a este diario que no quería “ni un empleado más”. Sus actos estuvieron muy lejos de sus palabras: generoso con dinero ajeno, sólo en su primer año de gestión incrementó la planta de personal del Estado en 4.685 personas. Ahora, busca sumar a la planta estable del Estado a 3.500 personas con contratos temporarios desde el 2009 hasta diciembre del 2014, hace nada más que cuatro meses. Tan reciente fecha de corte incluye a quienes apenas han trabajado 90 días, si se considera que en enero la administración provincial estuvo de receso. El argumento que suele usarse para estos pases a planta masivos es que los contratos semestrales o anuales, renovados una y otra vez por años, generan “derechos adquiridos”. Pero ¿qué derecho a la estabilidad tiene quien todavía no ha cumplido su primer contrato y, en casos, no ha sido siquiera evaluado? El ministro Alejandro Palmieri restó importancia al tema afirmando que “de un contratado a un empleado de planta permanente no hay un solo peso de diferencia para las arcas públicas”. Nada dice de que la decisión –sin fundamento jurídico– consolida gastos corrientes que no podrán ser atendidos si bajan los ingresos del Estado. ¿Necesita el Estado más empleados? ¿Necesita a estas personas, contratadas –en muchos casos– por su afinidad política o familiar con los funcionarios políticos del área en que se desempeñan? Nadie tiene la respuesta. Es que nunca se realizó el prometido organigrama del Estado para definir las funciones de cada área y el perfil de quienes deben desempeñar cada tarea. Es probable que muchos de los contratados sean eficientes trabajadores. También que otros no tengan la capacidad ni la motivación para serlo. ¿Cómo saberlo? La única certeza de no dilapidar el dinero público –el dinero de todos– es cumplir con la ley, es decir: definir la necesidad de un empleado que reúna determinado perfil de capacitación y condiciones personales, llamar a un concurso abierto, comparar entre los aspirantes y elegir al mejor. En lugar de eso, como en cada masivo “regalo” gubernamental, se imitará ahora un concurso. Será una puesta en escena, una pantomima, una convocatoria cerrada con “ganador” anticipado: el contratado que ya está en funciones. ¿Y quién hará el concurso? El IPAP, instituto controlado por el sindicato UPCN que lidera Juan Carlos Scalesi. Sólo la mansedumbre de una ciudadanía harta hace posible esta burla. Dos temas sensibles En dos temas sensibles, el gobierno ha generado acciones cuyos efectos todavía están por verse. Anunció una ayuda a la fruticultura de 110 millones de pesos, que dista de ser una inyección de dinero contante y sonante. Sólo cobrarán los productores afectados por el granizo, a través del Fondo Mixto Compensador de Daños. Los restantes $ 68 millones aluden a la prórroga de impuestos hasta octubre que podrán luego refinanciarse. ¿Un paliativo? Sí, claro. ¿Una solución? De ningún modo. La fruticultura enfrenta problemas estructurales derivados, en gran medida, de la política monetaria nacional. Sobre ellos, el gobierno provincial no ha dado muestras de actuar. Ni siquiera ahora, cuando responsabiliza a su contrincante político, Miguel Pichetto. Weretilneck se sentaba hasta hace poco al lado del senador para aplaudir a la presidenta. En el Alto Valle hay muchísimas plantas cargadas de peras y manzanas. No hubo dinero para pagar a los cosechadores, ni compradores dispuestos, o el precio no hubiera compensado el esfuerzo. Detrás de ellas hay familias de productores con problemas de subsistencia. Además de la cuestión social, la situación implica un riesgo sanitario grave, que generará más crisis, más gastos y podría cerrar los pocos mercados que aún quedan para el sector. En Desarrollo Social, área compleja y maltratada, Weretilneck reemplazó al cuestionado ministro Ricardo Arroyo por Fabián Galli, también sin formación específica ni ideas superadoras, que ofreció –en un discurso pobrísimo– aplicar “sentido común”. Para los profesionales del área, que cada día buscan atemperar el sufrimiento de niños, niñas, familias humildes y abuelos sin contención, una verdadera ofensa. Con tan poco que mostrar, el gobierno promete.