Propuestas y conflictos

RÍO NEGRO

ADRIÁN PECOLLO adrianpecollo@rionegro.com.ar

Río Negro está dividido –temporalmente– en dos mundos. Carencias y conflictos durante este semestre. Recuperación y construcción en el segundo. Esta alegoría pertenece a la intimidad del gobernador Alberto Weretilneck y, consecuentemente, sus pasos responden a su trazado. El desfinanciamiento provincial impuso un proceso de manifiesto estanco en el Estado y profundizó frentes sindicales, acentuados hoy por paros. Ese presente es bien perceptible y, en cambio, su pronosticada recuperación aún es abstracta. Weretilneck basa su táctica en su profecía. Transmite así que las disputas deben concentrarse este semestre para consolidar poder en el segundo. Ese diseño está ligado al plan electoral del 2015. La cesantía masiva de funcionarios y el impuesto realineamiento estuvieron en línea con ese razonamiento. Todos los ratificados pasaron por una prueba de fidelidad al mandatario o, en su defecto, a sus aliados. Por caso, el sorista Martín Alcalde sigue en la Lotería por el cobijo otorgado por parte del vicegobernador Carlos Peralta y el presidente del bloque, Pedro Pesatti. El ineludible rompimiento con Martín Soria también estaba inscripto en este período. La ocasión se la ofreció el intendente con su mensaje en el Concejo Deliberante, pensado y despiadado en sus críticas. Ese quiebre continuó con la reacción de Weretilneck, arrebatada por su hastío frente al destrato permanente al que lo expone el roquense. Esa trifulca delineó parte del mapa del FpV: el gobernador y el jefe comunal ya están ubicados en veredas opuestas. La incursión judicial no estaba en ningún plan. El juez Favio Igoldi penetró en esa compulsa y la política había expuesto su fracaso. Accedió por las hendiduras de las acusaciones de propuestas “prácticas corruptas” con las que Weretilneck señaló al intendente. El formal inicio del trámite de la acción penal fue firmado por la fiscal Paula Rodríguez Frandsen. Sus jefes –la procuradora Silvia Baquero Lazcano y el fiscal general Marcelo Álvarez– se anoticiaron por los medios del requerimiento de su subordinada. Allí, salvo por cortesía institucional, no habría reproches, pero los reparos afloran en otro sentido. En realidad, la procuradora propuso un celoso mandato para que se extremen los criterios de eficiencia para los procesos y esfuerzos, recordando que cada promoción exige delimitar hechos y eventuales delitos. Y, en lo particular, el caso Weretilneck-Soria carece –por ahora– de esas precisiones. Pero ¿el gobernador qué informó a Igoldi en su reservado escrito? Fue posible reconstruir que en la respuesta figuran tres circunstancias que, contextualizadas, serían los hechos por los que el gobernador concluyó con su calificación de “prácticas corruptas”. El texto es medido y ajustado a la táctica judicial fijada por sus colaboradores. Dos o tres líneas en cada suceso. No hay precisiones, menos describe acciones delictivas sino, en todo caso, enumera eventuales propuestas no concretadas. Era lógico. En cualquier ilícito ventilado Weretilneck se estaría autoinculpando, como mínimo por incumplimiento de los deberes de funcionario público porque no formalizó la denuncia. Un punto comprende el pago del seguro de vida del gobernador Carlos Soria, deslizando la atención en el sistema de liquidación del mismo. Alerta, sin más, de lo que habría sido una pretensión diferente de lo efectivamente saldado por la aseguradora, que superó los 1,2 millones de pesos, en diez cuotas, distribuidos entre los cuatro hijos. Otra referencia alcanza al anunciado asentamiento de una destilería en Roca, perteneciente a Polipetrol. En el 2012, juntamente con Soria, esa firma informó de una inversión inicial de 20 millones de dólares. La escasez de claridad de lo que habría sido la proposición de Soria permite variadas conjeturas, considerando que esa destilería requeriría autorización de la Provincia y, en ese sentido, ese aval no es una cuestión sencilla. En el 2008 la Secretaría de Medio Ambiente de Mendoza clausuró su planta de Luján de Cuyo por derrames. La tercera punta es todavía más carente de certeza. Alude a un contrato propuesto entre Lotería y una empresa privada. No estaría mencionada pero, según se sabe, sería Tecnoacción, una firma de alta tecnología en la explotación del juego. En Río Negro esa sociedad se hizo conocida cuando figuró en la causa de las coimas de Lotería, que concluyó con la condena de Miguel Irigoyen. ¿El texto logrará que la Justicia no remueva más? Igoldi no parece detenerse ante los límites políticos y el oficialismo ya debería saberlo directamente con el proceso de la protesta policial y el uso de patrulleros. Ya citó a testimonial y advirtió al jefe policial, Fabián Gatti, por el faltante de la información solicitada, puntualmente por las grabaciones del 911. Volviendo al FpV, la insensatez del capítulo Weretilneck-Soria revivió altos y preocupantes grados de inestabilidad oficial. Soria quiso renovar su pose censora y concluyó fuera del oficialismo y, además, sospechado. Weretilneck se rebeló destempladamente y permitió la actuación judicial, que lo someterá a un análisis de credibilidad. Hay aprendizajes. El roquense advirtió que sus extremadas cargas lo aíslan aún más y hasta su indiscutible aliada, la intendenta barilochense María Eugenia Martini, prefirió un llamado a la reflexión. A Soria este quiebre le aportará otro componente de convencimiento para su proyecto 2015. ¿Y Weretilneck habrá tomado nota del forzado y medido apoyo que sus socios justicialistas le ofrecieron frente al ataque de Soria? Hasta sus más allegados –como Pesatti– se expusieron cuando eran evidentes vacilaciones sueltas. El mandatario debería repasar esa radiografía cuando precise su lanzamiento del plan 2015. Miguel Pichetto –que está enfrentado con Soria, aunque éste se cuidó y no lo involucró– se alistó con el mandatario pero públicamente midió su lugar, ubicándose en un estado rector de defensa a la gobernabilidad. Se distanció de esa reyerta ajena porque esa lejanía, definitivamente, lo favorecerá. La inyección de recursos petroleros explica el optimismo de Weretilneck para el segundo semestre. Estiman de 80 a 100 millones de dólares en ese plazo. La mitad estaría resguardada con la renegociación pactada con Petrobras, que se firmaría mañana pero se postergó. Esos ingresos significarían activar obras paralizadas, subsidios, programas sociales… Serán buenas noticias que recién llegarán en meses, mientras que en la actualidad machacan los gremios por mejoras salariales. Weretilneck ordenó acelerar esta semana los posibles acuerdos. El mayor arrimo –curiosamente– se registra con ATE. Una suba del 25% para marzo es una posibilidad real y la conducción de Rodolfo Aguiar se entusiasma con ese principio. Igualmente, ATE ciñe su determinación al proceso de Unter, tanto que ambos se repetirían en protestas conjuntas luego de que el Congreso docente del miércoles resuelva su plan de lucha. UPCN intimó –otra vez– y amenazó con paros. Más allá de eso, las exigencias de Juan Carlos Scalesi no logran curso en el gobierno, tanto por las alzas buscadas en los salarios menores como por la celeridad en su aplicación. Scalesi quiere tener ese impacto antes de la elección de UPCN, que será a fines de mayo o principios de junio. La Justicia insinuó otro camino. Resolvió subas promedios del 22%, aunque treparán al 27% en los haberes inferiores. Pero la resolución del STJ tiene otra particularidad: no precisa que esa pauta –que se completa en agosto– es anual. No lo dice porque no lo es. La revisión remunerativa seguramente se reabrirá en el último trimestre. Para entonces el Estado de Río Negro será otro, según la teoría Weretilneck.