Publicidad: confirman procesamientos a funcionarios

VIEDMA (AV).- La Cámara en lo Criminal confirmó los procesamientos del ministro de Turismo, Omar Contreras y del secretario de Medios, Claudio Mozzoni por la asignación publicitaria a la productora televisiva Susana Parra, quien además era funcionaria pública provincial. Ella también fue procesada y el tribunal confirmó la imputación de “administración fraudulenta en perjuicio del Estado”, con “negociación incompatible”. Al rechazar las apelaciones, el Tribunal -conformado por Francisco Cerdera, Pablo Estrabou y Jorge Bustamante- ratificó el fallo de octubre pasado del juez Carlos Reussi. La denuncia fue planteada originalmente por el legislador justicialista Martín Soria y la acción fue requerida por la fiscal Daniela Zágari. Las denuncias se centralizan en la contratación de pautas por el Estado provincial, por unos 67.500 pesos, abonadas a la productora de Parra (denominada Al Kabir SRL), que además era funcionaria del área conducida por Mozzoni. Eran auspicios en el 2008 para un microprograma en Canal 6 de Bariloche, cuya emisión no pudo confirmarse. En su fundamentación, Cerdera consideró que “ha quedado provisoriamente demostrado la evidente prohibición e incompatibilidad para contratar con el Estado provincial de Parra”, como también, que Mozzoni y Contreras “tenían pleno conocimiento” de lo que “representaba direccionar la contratación directa de la empresa de Parra en un evidente intento de beneficiarla, avalando con su intervención los pagos por un servicio que no se prestó”. Agregó que hay “elementos de prueba” por “el perjuicio patrimonial al Estado achacado en virtud de la falta de esa contraprestación del servicio publicitario contratado”. Para el camarista, queda en claro también “la falta de justificación del reconocimiento retroactivo de mayo y junio del 2008 que Contreras hace cuando firma el contrato en julio del 2008” para pautas de un “programa que no se emitía”. Advirtió que Medios y Turismo “pagaban por un mismo programa”, con “diferencia desproporcionada en su beneficio” frente a pautas para el Canal 6 y, además, el micro “contaba con otros auspicios del Estado: Legislatura, EPRE, Invap, Altec, etcétera”. En referencia a la calificación legal, Cerdera establece la responsabilidad para Contreras, Mozzoni y Parra por “administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. Al ministro y el secretario se los califica de autores y a la productora como “partícipe necesaria”. Estrabou adhiere en un todo y Bustamante también, aunque agrega un análisis especial en referencia a Mozzoni. “Son numerosas las pautas publicitarias suscriptas por Medios” dice antes de considerar que entonces “debe determinarse si la conducta achacada queda fuera del marco del control personal de gestión del funcionario (control que es prácticamente imposible) y se puede imputar a título de dolo”. Acepta como “probable la comisión de los ilícitos” pero pide profundizar “la conducta de Mozzoni, si actuó con dolo (sabiendo de la ilicitud), o si su accionar fue a consecuencia de un ardid de Parra y de Contreras “para obtener pautas publicitarias de diversos organismos públicos y a su vez, engañar a los organismos de control”.