Que Vaca Muerta quede impoluta

Para sorpresa de muchos, la Cámara Federal porteña acaba de reabrir la causa penal contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por haber favorecido indebidamente a la petrolera estadounidense Chevron, una empresa heredera de Standard Oil. Según un par de legisladores de la agrupación Nueva Izquierda, al convalidar el acuerdo con Chevron la presidenta cometió el delito de abuso de autoridad y, por permitir la fractura hidráulica o, según el neologismo inglés, el fracking, se manifestó resuelta a atentar contra el medioambiente neuquino. Además de ver castigada a Cristina por los delitos que le imputan, los querellantes quieren demorar la explotación del yacimiento gigantesco de Vaca Muerta hasta que, andando el tiempo, sea factible hacerlo sin violar las leyes un tanto anticuadas locales ni ocasionar daño alguno a la zona mayormente despoblada en que se encuentra. Puesto que, conforme a los expertos en la materia, Vaca Muerta contiene una de las reservas de petróleo y gas shale más abundantes de planeta, una que, bien aprovechada, le aseguraría al país una cantidad fabulosa de dinero, hay mucho más en juego que el destino judicial de Cristina. Por tratarse de una mandataria llamativamente autocrática, es más que probable que Cristina haya pasado por alto algunos requerimientos legales a fin de seducir a Chevron, una de las escasas empresas importantes que han estado dispuestas a arriesgarse en un país que se ha hecho mundialmente famoso por la voluntad de sus gobernantes de pisotear todas las reglas formales y de desconocer los derechos ajenos. Si la presidenta lo hizo, habrá sido porque, dadas las circunstancias, no le cabía más alternativa. Luego del escándalo que fue provocado por la confiscación festiva del grueso del paquete accionario en YPF de la española Repsol, la Argentina sufrió un virtual boicot internacional. La toma fue la reacción oficial a la difusión de información acerca de la magnitud excepcional de las riquezas que Repsol había descubierto en Neuquén. A los kirchneristas, que en aquel entonces aún fantaseaban con conservar el poder por mucho tiempo más, se les ocurrió que sería una idea genial apropiarse de una fuente de dinero equiparable con la manejada por su aliado venezolano Hugo Chávez pero, como pronto se dieron cuenta, no les sería posible aprovecharla sin la ayuda de socios imperialistas, de ahí el convenio, con cláusulas no reveladas, con Chevron. Mal que nos pese, para conseguir inversiones productivas, hasta nuevo aviso la Argentina tendrá que hacer muchas concesiones que en otros países serían consideradas inaceptablemente onerosas. Es el precio que pagará por largos años de prepotencia arbitraria por parte de sus gobernantes. Si los gobiernos próximos se niegan a hacerlo, sólo vendrá una fracción de lo que el país necesitaría para que la economía se desarrollara lo suficiente como para mejorar definitivamente el nivel de vida de la proporción muy grande de la población nacional que se ve hundida en la pobreza. Asimismo, si bien sería un error grave dejar de preocuparse por el eventual impacto ecológico de la minería y la explotación, mediante el fracking, de las reservas petroleras y gasíferas no convencionales, el que los más decididos a movilizarse en su contra no sólo aquí sino también en Europa y Estados Unidos sean militantes de la izquierda poscomunista hace pensar que están más interesados en sus propios objetivos ideológicos que en el bienestar de la gente. De todos modos, en Estados Unidos los esfuerzos de tales activistas no han logrado impedir que la superpotencia protagonizara una revolución energética tan impresionante que ya está modificando el escenario geopolítico mundial en desmedro de países como Arabia Saudita, los emiratos del Golfo Pérsico, Irán, Rusia y Venezuela. Claro, si así lo quiere la mayoría, la Argentina podría optar por dejar intactas sus riquezas naturales, so pretexto de que sería inmoral, antipopular o antinacional exportarlas a cambio de dinero. Al fin y al cabo, sólo sería cuestión de permanecer fiel a una tradición extraña según la cual vender los productos naturales equivale a resignarse al despojo y por lo tanto hay que prohibirlo, frustrando así a los imperialistas y sus cómplices locales que, por razones inconfesables, quisieran privarnos de lo nuestro.