¿Quién gobierna?
De ser Eduardo Duhalde un comentarista independiente, tendría derecho a limitarse a advertirnos que «podemos entrar en un caos» si prospera un fallo judicial según el cual el gobierno tendrá que dar marcha atrás con la pesificación de los depósitos acorralados para que los bancos, tanto los públicos como los privados, devolvieran a sus clientes sus ahorros en la moneda original, es decir, en dólares estadounidenses. En opinión de Duhalde y de algunos otros, pero no de todos, cualquier intento de aplicar al pie de la letra aquel fallo -el que, dicho sea de paso, se basa firmemente en la letra de la Constitución nacional- supondría el colapso inmediato de lo que todavía queda de un sistema bancario antes fuerte, con la pérdida definitiva de los fondos secuestrados que, como es notorio, son meramente nominales porque los bancos cambiaron dinero contante y sonante por bonos gubernamentales.
Sin embargo, Duhalde no es un comentarista, es el presidente de la República, de modo que si está realmente convencido de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal acaba de ordenarle dar un paso que podría tener consecuencias catastróficas para los habitantes del país -incluyendo a los hipotéticamente beneficiados por los jueces porque, como dijo, «no van a cobrar absolutamente nada»-, le corresponde hacer lo necesario para impedir que la Argentina se destruya a sí misma. Por cierto, en una situación como la que ha definido, un presidente auténtico sencillamente no puede darse el lujo de sentarse con los brazos cruzados a la espera de que otros, es decir, los jueces, vuelvan a sus cabales. En el fondo, sólo le quedan dos opciones: puede pedirle al Congreso que le suministre las facultades sin las cuales no le será dado gobernar, o puede renunciar para que lo sustituya alguien que esté en condiciones de hacerlo. De más está decir que a Duhalde, por creerse jefe natural del peronismo bonaerense, no le atrae ninguna de estas dos alternativas: sabe que el Congreso no colaboraría con él, pero, como el perro del hortelano, por ahora no quiere que nadie más se acerque a la presidencia que no ha podido ejercer.
Pues bien: a fines del año pasado, el país se precipitó en una emergencia económica que de acuerdo común es «la peor de la historia». Aunque el nuevo gobierno encabezado por Duhalde tomó en seguida algunas medidas económicas sumamente drásticas de legalidad dudosa, lo cual en términos generales podría justificarse por ser tan excepcionales las circunstancias, a partir de entonces ha hecho gala de su extrema debilidad ya por no saber muy bien lo que le convendría hacer, ya porque el resto de la clase política le ha negado su apoyo, con el resultado inevitable de que la crisis, que es fruto de la atomización de una clase política que a pesar de sentirse desbordada se aferra a sus posiciones, se ha agravado mucho. Si bien hubiera sido lógico que un gobierno de emergencia de origen parlamentario exigiera que el Congreso le diera poderes especiales porque de otra manera no le sería posible intentar atenuar los muchos problemas planteados por una economía en caída libre, por motivos es de suponer políticos Duhalde ha preferido conformarse con los ya tradicionales. Por lo tanto, el país se ve en el peor de los mundos. Tiene un gobierno que, a pesar de ser producto de una emergencia a la cual le ha hecho un aporte muy significativo, no está en condiciones de hacerle frente por carecer de los poderes propios de un gobierno de emergencia.
Por razones históricas muy buenas, a la sociedad en su conjunto no le gusta para nada la idea de que un gobierno, sobre todo uno tan poco impresionante como el actual, se pertreche de poderes excepcionales, a menos que se vea obligado a afrontar un desafío castrense. Sin embargo, en vista del estado desesperanzador de la economía y de la magnitud de los peligros supuestos por los esfuerzos judiciales constantes por asegurar que siga siendo inmanejable, es absurdo que el gobierno nacional no cuente con los instrumentos precisos para administrarla con un mínimo de eficacia. Para que los consiga, empero, las agrupaciones políticas principales tendrían que respaldarlo, lo cual rehúsan hacer por motivos que, obvio es decirlo, tienen mucho menos que ver con sus eventuales discrepancias ideológicas que con la negativa de la inmensa mayoría de los dirigentes a asumir una cuota de responsabilidad por los destinos del país.
