Ratifican pedido de juicio político al juez Calcagno

Es por dar lugar a una “falsa denuncia” de usurpación por la cual la familia Riquelme estuvo a punto de ser desalojada y ahora fue sobreseída.

DINA HUAPI

La causa de usurpación abierta contra la familia Riquelme se cerró la semana pasada con el sobreseimiento definitivo de la acusación de usurpación por la que estuvieron a punto de ser desalojados en marzo.

La resolución judicial no cambió la determinación de Fernando Riquelme de pedir el juicio político del juez Ricardo Calcagno por dar cabida a la “falsa denuncia” planteada contra él y su familia, desconocer toda la documentación que acreditaba la compra venta de la tierra y ponerlos al borde del desahucio. El tenso episodio se desactivó por la participación activa de sus vecinos y los concejales de Dina Huapi.

El abogado patrocinante, Alejandro Pschunder, informó a “DeBariloche” que la familia resolvió presentar una nota al Consejo de la Magistratura ratificando el pedido de juicio político a Calcagno que hasta el momento fue tratado y que esperan contar con el apoyo de los concejales de la localidad que suscribieron la primera presentación realizada en abril.

El presidente del Deliberante de Dina Huapi, Alejandro Corbatta, anticipó que “si la familia sostiene la presentación los vamos a acompañar porque más allá del sobreseimiento hubo un proceder inquisidor por parte de Calcagno”.

Pschunder destacó que el sobreseimiento se dictó con carácter definitivo, “lo que demuestra que no hubo delito”, dijo y que existió una doble venta por parte del heredero de Jesús de los Arroyo que el juez evitó investigar pese a toda la documentación probatoria presentada contra la denuncia que radicó el segundo comprador.

El lote adquirido por Riquelme en 1991 fue vendido nuevamente en 2011 por la firma Jesús de los Arroyos S.A. a un profesional de Bariloche que habría pagado 25 mil pesos por le inmueble, que radicó la denuncia de usurpación contra la familia para hacerse del lote.

Pschunder recordó que “el heredero de Arroyo no tenía posesión ni título y el comprador lo sabía por eso recurrió a la vía penal para hacerse del terreno y la justicia se prestó a estas cosas”. A partir del sobreseimiento Riquelme deberá iniciar un juicio de usucapión para poder escriturar la propiedad familiar a su nombre porque el boleto de compra-venta esta vencido, pero su abogado sostiene que “ya nadie los puede sacar de ahí”.

El abogado se quejó porque el Consejo de la Magistratura no se trató el pedido de enjuiciamiento contra el magistrado y por los rumores que circulan en tribunales desacreditando sus intenciones. “Con el sobreseimiento se hizo justicia, sería buenos que se termine de hacer y se avance con el juicio político” enfatizó.

DeBariloche


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