Razón de Estado
Tanto la sanción de las leyes llamadas de punto final y obediencia debida, como la nulidad de ambas decretada por el juez federal Gabriel Cavallo, podrían responder, aún enfrentadas, a una misma razón, la conocida en ciencia política como «razón de Estado».
Aquellas leyes, aprobadas por el Congreso a instancias del Poder Ejecutivo que ejercía Raúl Alfonsín, y convalidadas por la Corte Suprema de Justicia, respondieron a la visible necesidad de frenar el acoso a las instituciones que encabezaba el grupo que liderado por Aldo Rico. Los sediciosos eran unos pocos, pero el conjunto militar registraba su adhesión negándose a reprimirlos.
Es probable que Alfonsín, cuando trasmitió al pueblo concentrado en la plaza de Mayo su hoy célebre «la casa está en orden», haya pensado que el «orden» logrado en su conversación con Rico tenía la transitoriedad de todo aquello impuesto por la necesidad, antes que por la convicción. La razón de Estado puede ser -lo es muchas veces- la peor de las razones, pero, desde la mirada de los gobernantes, es la única cuando todas las demás sólo prometen el caos.
Más mal que bien, el país ha llegado al nuevo milenio con el peso del terrorismo de Estado sobre sus espaldas. Pero no sólo: una ola de corrupción que, como aquellos crímenes, repugna a las buenas conciencias y ofende a la miseria de millones de argentinos más que la miseria misma, se ha instalado en el país como una costra nauseabunda. La orfandad moral de algunos personajes que alegan inocencia mientras chorrean culpabilidad exime de mayores comentarios al respecto.
Naturalmente, hay una continuidad entre aquella cultura de la impunidad y la que ampara a la corrupción. Es más: algunos militares, como el ex general Suárez Mason, son representativos de la una y de la otra. Existe en el bandidaje de hoy una lógica, una razón, para que haya sido así: si aquellos delitos quedaron impunes, por qué castigar los nuestros?
La nulidad resuelta por el juez Cavallo fue solicitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, una organización de derechos humanos. Su presidente, Horacio Verbitsky, viene insistiendo en que ahora los militares en actividad que hayan cometido violaciones a las derechos humanos no pueden pasar de un diez por ciento. Siendo así, ¿qué sentido tiene que los demás -que en su mayoría eran niños o adolescentes en los años de la dictadura- tengan que hacerse cargo, sin beneficio de inventario, de una herencia tan pesada? Dicho de otra manera: ¿un teniente de hoy tiene que ser solidario con personajes como el nombrado Suárez Mason, o con Emilio Massera, o, peor aún, con Raúl Guglieminetti?
El país necesita discutir estas cuestiones. Si se trata de volver al pasado, es solamente por el presente y el futuro del país. El Estado necesita recuperarse del tremendo deterioro sufrido entre el 76 y el 83, y no lo logrará mientras no consiga imponer su autoridad, lo que es decir que todo aquel que delinque debe ser castigado. Esa sería, hoy, la razón de Estado.
Jorge Gadano.
