Reclaman por intimaciones de AFIP a empresas en Regina
Las intimaciones son en el marco de una causa que se inició por la denuncia del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Regina reclamó la intervención del senador Alberto Weretilneck por intimaciones que está realizando la AFIP a pequeñas y medianas empresas frutícolas de la región. Las intimaciones son en el marco de una causa que se inició por la denuncia del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
Desde la entidad mercantil señalaron que las intimaciones comenzaron a llegar en los últimos días con notificaciones de las causa judicial que se tramita en Buenos Aires, para reclamar por una presunta evasión impositiva.
Consideraron que el reclamo no corresponde, dado que las pequeñas y medianas empresas adhirieron a programas de facilidades de pago con el organismo nacional a partir de la puesta la emergencia económica y productiva que se sancionó por ley de la legislatura provincial cuya vigencia corrió entre 2011 y 2017.
El pedido de intervención para frenar las notificaciones e intimaciones fue dirigido al senador Alberto Weretilneck y a la diputada Elisa Carrio a través del presidente del ARI, Maximiliano Ferraro.
Franco Susca, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción, indicó que las notificaciones comenzaron a llegar en los últimos días a una gran cantidad de empresas en todo el país, entre las que se incluyó a muchas pequeñas y medianas empresas frutícolas del Alto Valle. “Realmente no tenemos un número real de las empresas que se encuentran afectadas por esta situación, pero es un motivo de gran preocupación para nuestra entidad”, sostuvo el titular de la entidad mercantil reginense.
Detalló que varias pymes frutícolas de Villa Regina “han recibido una cédula de notificación en la cual se les informa que están imputadas en la causa 242/16 caratulada ‘Ricardo Daniel Echegaray y otros sobre infracción Ley 26769’. Las notificaciones fueron expedidas por la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1 a cargo de Jorge Felipe Di Lello”.
La causa fue impulsada en el marco de la ley de Delitos Tributario que en el caso de una evasión simple prevé penas de prisión de 2 a 6 años para aquel que “mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, al fisco provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que el monto evadido excediere la suma de cuatrocientos mil pesos ($400.000) por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de un tributo instantáneo o de período fiscal inferior a un año”.
Susca insistió que “hacemos saber y recordamos a todos que en el marco de la emergencia económica productiva de la provincia de Río Negro (vigente entre 2011 y 2017) las pymes frutícolas del Alto Valle adhirieron al plan de facilidades de pago establecido en el artículo 32 de la Ley 11683 t.o. 1978 y sus modificaciones que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó para la región”.
Al mismo tiempo pidieron que se exceptúe “de dicha causa a las Pymes del sector frutícola, industriales y de servicios, dado que a nuestro entender no cometieron infracción alguna al adherir a planes de pago habilitados por la AFIP”.
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