Recuperar las instituciones republicanas

OPINIÓN

A modo de introducción, y con el objetivo de disponer de un espacio común de entendimiento con el lector, me permito una referencia respecto del alcance del término “instituciones”. Si las aceptamos como las organizaciones establecidas por los seres humanos para satisfacer sus necesidades básicas y regular en forma equitativa sus relaciones sociales, entonces podemos señalar que la Constitución es la matriz de todas las regulaciones jurídicas inevitables para alcanzar los fines declarados. Sin embargo, con frecuencia las constituciones resultan un traje a medida del gobierno de turno y ello acarrea, sin lugar a dudas, gestiones venales y autoritarias en perjuicio del pueblo, con derivaciones negativas que alcanzan a las futuras generaciones.

Algunas de las observaciones a las que haré referencia a modo de propuestas para mejorar nuestro ordenamiento jurídico echarán luz sobre los mecanismos por los cuales se incumplen las normas vigentes en nuestra carta magna. Además, sumaré a ellas otras reflexiones relacionadas con las modificaciones indispensables que hacen a la legitimidad democrática y a una sociedad bien ordenada.

> Acciones inmediatas

En el marco de las acciones constitucionales, y de acuerdo con la Constitución nacional reformada en 1994, el régimen de coparticipación federal de impuestos vigente en nuestro país tendría que haber sido modificado antes del 31 de diciembre de 1996. Así quedó establecido en la 6ª disposición transitoria, correspondiente al inciso 2 del artículo 75. Esta trascendental y decisiva modificación nunca se trató; minúsculo atraso político. Desde aquí sostengo que si es voluntad del próximo gobierno nacional no seguir gobernando “con la billetera”, deberá implementar, en forma prioritaria y urgente, lo establecido por la ley.

Asimismo, deberá modificar la integración del Consejo de la Magistratura, para ajustarlo al mandato constitucional que asegura el equilibrio en la participación de los órganos políticos que lo constituyen. Por otra parte, una prolija y cuidada revisión (que podría devenir en la derogación misma) merecen todas las leyes que en la actualidad vulneran el espíritu del artículo 76 de la Constitución nacional y que implican atribuir al Poder Ejecutivo la suma del poder público, violando en forma evidente el artículo 29 de la carta magna. Entre ellas, la ley que otorga superpoderes que facultan al jefe de Gabinete “a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto”.

Sostengo, además, la necesidad de que se pongan bajo la lupa los pronunciamientos del juez Norberto Oyarbide y, en su caso, cuando es repugnante al sentido común o a la equidad, propiciar la acción de nulidad por cosa juzgada írrita.

Sobre el final de esta nómina de acciones inmediatas que promuevo casi como una declaración de principios, agrego la aprobación de una nueva ley de Ética Pública que aumente considerablemente las penas en caso de incumplimiento de la misma y de una ley que declare la imprescriptibilidad de los actos de corrupción, con aumento las penas en el ámbito del gobierno nacional, en las jurisdicciones locales y en todos los organismos de carácter público.

> Modificaciones constitucionales

En los párrafos precedentes hice referencia a un marco de acciones constitucionales que favorecerían el restablecimiento y respeto de las instituciones republicanas en nuestro país. Sin embargo, considero que, con el objetivo de que ello se torne perdurable y determinante para la definición de un rumbo certero de nuestra Nación, se hace necesario modificar la Constitución nacional en el sentido que en adelante propondré. A estos fines, resulta esencial la voluntad política de los que ostentan el poder. Sin el interés uniforme de crear una sociedad más justa y participativa, seguiremos navegando en las aguas de la injusticia, la postergación, las desigualdades y la miseria generalizada, con una clase gobernante enriquecida.

Las reformas mínimas obligatorias que observo como necesarias para generar cambios fecundos en nuestro ordenamiento jurídico constitucional suponen como primer paso la prohibición de toda reelección en los poderes Ejecutivo y Legislativo (en los ámbitos nacional, provincial y municipal) que alcance a los gremios, a las universidades, a las entidades autárquicas y a las asociaciones o sociedades de carácter público. Cumplido su mandato, las autoridades no pueden repetirlo de por vida.

En segundo lugar, imagino un marco republicano en el que todos los organismos de control de gestión sean conducidos por representantes de las minorías. Tal como lo apunté en una publicación anterior, un número pequeño de miembros que reúnan ciertas condiciones y que resulten beneficiados por sorteo se desempeñarán como integrantes del equipo de legisladores en la Cámara de Diputados. Es decir, un modelo de organización más próximo a una democracia semidirecta que acentúe la participación ciudadana y una gestión cristalina de los actos de gobierno, debiendo, en consecuencia, renunciar a los cargos partidarios. Además, eliminar la ficción odiosa de la inmunidad del gobernante, privilegio clasista y oligárquico. La intención es conseguir un recambio constante, evitar la corrupción y facilitar el mayor acercamiento ciudadano en las decisiones políticas.

Junto a lo anterior, entiendo necesaria la supresión, sin excepción de ninguna naturaleza, de los decretos de necesidad y urgencia y la eliminación del voto obligatorio para la elección de autoridades.

Como habrá observado el lector, el modelo que imagino se asienta sobre las sólidas bases de la transparencia y el control de los actos de disposición y administración en cualquiera de los niveles de gestión. Las lecciones del pasado son más que elocuentes e ilustrativas. En democracia el kirchnerismo va a pasar a la historia como el más impresionante aparato de propaganda partidaria, por la quiebra institucional, por las prácticas de ocultamiento en los actos de gobierno, por el incumplimiento de algunos fallos de la Corte Suprema y el mayor grado de corrupción pública que jamás haya existido en la República Argentina.

(*) Doctor en Derecho

ENRIQUE LIBERATI (*)