Reformularon cargos contra una banda de estafadores de Neuquén

Se trata de la causa contra Fernando Machado, su hijo y dos cómplices. Se los acusa por publicar vehículos a la venta en páginas web y luego no entregarlos, se los investigaba por asociación ilícita pero ahora la calificación legal es estafas reiteradas.

La fiscalía modificó la acusación original contra Fernando Machado, su hijo Mauro, Carlos Penroz y Wálter Romano: la causa paso de ser investigada como asociación ilícita a estafas reiteradas, que tiene menor escala penal. El monto del perjuicio asciende a 8,7 millones de pesos. Desde la fiscalía indicaron que en poco tiempo se podría llevar la causa a juicio.

El cambio de calificación se realizó esta mañana por pedido del fiscal jefe Pablo Vignaroli, quien reformuló cargos a los cuatro hombres por doce hechos de estafa que cometieron en esta ciudad donde hay 29 víctimas.

La causa comenzó en noviembre de 2017 con la detención de los cuatro hombres y una mujer, las acusaciones del ministerio Público Fiscal fueron por el delito de asociación ilícita en grado de jefe para Fernando Machado y de integrantes para el resto de los involucrados. La mujer involucrada al principio de la investigación luego resultó sobreseída.

Según la fiscalía, con el avance de la investigación que fue declarada de carácter compleja (lo que implicó que los plazos se amplíen), la acusación cambió a estafas reiteradas para Fernando Machado (once hechos); Mauro Machado (tres hechos); Wálter Romano (siete hechos); y Carlos Penroz (seis hechos).

Se les atribuyen la publicación de vehículos para la venta a precios razonables a través de sitios web. Por lo general, los interesados se contactaban telefónicamente y a partir de allí comenzaban las maniobras para defraudar a las víctimas: aparentaban ser una empresa y tener solvencia, y montaban la escena de una operación real.

Los engaños consistían en recibir en la ciudad de Neuquén a los compradores. Primero les mostraban el vehículo y luego los llevaban a una vivienda donde se realizaba el pago en dinero en efectivo. Una vez que se cerraba el negocio les indicaban donde quedaba el registro del automotor para finalizar el trámite y quedaban en encontrarse en ese lugar. Finalmente no aparecían y tampoco el vehículo que era motivo del negocio.

El perjuicio económico por los hechos por los cuales el fiscal acusó a los imputados asciende a 8.746.560 pesos, aproximadamente. Durante la investigación, se inició un acuerdo entre la fiscalía y la defensa particular de los imputados para que el daño causado a las víctimas fuera reparado mediante la devolución de los montos de dinero de las estafas. Con el aval de las víctimas de las maniobras se realizaron 29 acuerdos que permitieron que el dinero o los bienes fueran entregados a las víctimas.

Las diferencias entre las partes en el contexto del acuerdo surgieron en cuanto a la sanción contra los imputados: la fiscalía pretende que los acusados cumplan con condenas de ejecución condicional mientras que la defensa planteó la suspensión de juicio a prueba, con la cual si los imputados cumplen pautas y plazos dispuestos por el tribunal serán sobreseídos.


Formá parte de nuestra comunidad de lectores

Más de un siglo comprometidos con nuestra comunidad. Elegí la mejor información, análisis y entretenimiento, desde la Patagonia para todo el país.

Quiero mi suscripción

Comentarios