Renglones torcidos

ALEARDO F. LARÍA (*) aleardolaria@rionegro.com.ar

Una frase enigmática atribuida a Einstein dice que “Dios escribe derecho con los renglones torcidos”. Es probable que sea una referencia al mundo científico, pero la frase se ha empleado en el mundo de la política para significar que los hombres escriben la historia con fines loables pero insisten en utilizar medios torcidos. Una rápida revista a los últimos acontecimientos vividos en la provincia del Neuquén demuestra, en forma palpable, que en la Argentina todavía gran parte de los actores políticos invoca fines legítimos, pero luego utiliza medios que marchan en la dirección opuesta. Cabe analizar, en primer lugar, la responsabilidad del actor mayor, es decir el gobierno nacional. Sin reconocer errores anteriores –como la forzada incorporación del Grupo Eskenazi al capital de YPF, del cual se deriva la política de desinversión que sufrió la compañía– ha reivindicado la necesidad de explotar los recursos no convencionales. La necesidad de superar el creciente déficit energético convierte en razonable el propósito de poner en valor los recursos no convencionales de Vaca Muerta, para lo que se requiere, inevitablemente, el concurso de un potente inversor extranjero. De modo que los fines que proclama pueden considerarse aceptables siempre que se tomen los debidos recaudos a los que obliga el principio de precaución cuando se trata del uso de tecnologías que pueden ocasionar daño ambiental. Sin embargo, el acuerdo de joint venture entre Chevron-YPF –que debe ser diferenciado del convenio YPF-Provincia del Neuquén aprobado por la Legislatura– no ha sido publicado en su integridad con el pretexto de que las “cláusulas confidenciales” son habituales en las negociaciones entre empresas multinacionales. Pero lo cierto es que aquí se dan situaciones especiales: YPF es una empresa cuyo 51% ha sido expropiado por el Estado y en su directorio están los representantes de las provincias. Parece insostenible que una empresa que reúne estas peculiaridades mantenga bajo reservas las cláusulas de un contrato al punto extremo que ni los integrantes del directorio de la compañía tienen acceso a esa información. Por otro lado, la ley de Hidrocarburos 17319 de 1967 establece que las concesiones son temporales y tienen una duración de 25 años, pudiendo ser renovadas por única vez por un plazo de 10 años “siempre que el concesionario haya dado buen cumplimiento a las obligaciones emergentes de la concesión”. En el caso de Loma de la Lata la prórroga fue otorgada anticipadamente en el 2000 y tiene plazo de vencimiento en el 2017, fecha en que las áreas deben ser revertidas al Estado sin cargo alguno. Por consiguiente, el decreto nacional 929/13, que ha otorgado una nueva concesión a YPF por 25 años –que podría ser ampliado por 10 años más (hasta el 2048)– es violatorio de la ley nacional y de dudosa constitucionalidad al avasallar facultades propias de las provincias. La estrategia correcta hubiera sido plantear en el Congreso la modificación de la vieja ley de Hidrocarburos, hacer previsiones en materia de recursos no convencionales y, recién, con un marco legal actualizado acordar lo que resultara conveniente. Un procedimiento que hubiera otorgado mayor seguridad a la propia empresa beneficiaria, que con la situación actual corre el riesgo que un cambio de gobierno se lleve por delante lo que se ha ordenado de forma tan endeble. En lo que se refiere al gobierno de la provincia del Neuquén, es evidente que ha actuado a remolque del nacional, por lo que todas las críticas anteriores le son aplicables. La ansiedad por explotar los recursos no convencionales y su estrecha asociación con un gobierno de estilo autoritario, que no abre la posibilidad de diálogo, lo han llevado a aceptar unos hechos consumados, sin margen para ofrecer alternativas más inteligentes. Hay que reconocer que en el otro extremo, desde las posiciones críticas al gobierno neuquino, se refugian grupos que adoptan actitudes maximalistas y se niegan a cualquier tipo de explotación de nuestros recursos fósiles. Si bien son aceptables las posiciones de los que aspiran a generar otra matriz productiva y proclaman la necesidad de poner el acento en las energías renovables, siendo realistas, en el corto y mediano plazos, es evidente que la Argentina tiene que resolver un grave problema de falta de recursos hidrocarburíferos y la única opción actualmente a su alcance reposa en los no convencionales. Una cuestión muy diferente, que se sitúa en otro plano, es defender una posición legítima tratando de avasallar o impedir el funcionamiento de las instituciones. En Neuquén existen algunos sindicatos y ciudadanos que, desde posiciones de izquierda, se han acostumbrado al uso de metodologías de acción directa de naturaleza y origen fascista. La estrategia que utilizan es cínica, puesto que primero la emprenden con piedras contra la policía y luego adoptan el rol de víctimas de la “represión desproporcionada”. Los partidos de la oposición al acuerdo de la Provincia del Neuquén con YPF, al retirarse de la Legislatura con el pretexto de que en esas condiciones no se podía sesionar, se han plegado a esa estrategia. Los partidos que se consideran progresistas deben entender que la defensa de los valores democráticos es incompatible con la estrategia de los grupos que permanecen anclados en las coordenadas que impartió León Trotski en el siglo XIX. El gobierno nacional, por boca de Oscar Parrilli, salió al paso de esta estrategia con una denuncia maccarthista, mezclando la Biblia con el calefón. Es penoso observar cómo la adhesión incondicional a un sistema de presidencialismo hegemónico hace que las personas pierdan su autonomía y junto con ello su inteligencia. En vez de denunciar el método –que Néstor Kirchner tantas veces estimulara– se ha preferido acudir al uso de etiquetas demonizadoras como en la época de la dictadura militar. Nuestra consolidada cultura del desprecio por las formas contribuye a que los actores políticos cometan permanentemente errores no forzados que estimulan respuestas equivalentes. Un mayor apego a las normas ayudaría a evitar desgastantes conflictos que nunca terminan por cerrarse. Invocar la condición de “pagador serial” o “país en serio” no ofrece credibilidad cuando la retórica no se ve acompañada por una práctica coherente.