Repliegue del Estado benefactor

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Antes del terremoto de la segunda mitad del 2008, cuando el desplome del banco de inversiones Lehman Brothers desató el pánico en todos los centros financieros del planeta, los gobiernos de los países desarrollados entendían que, merced al crecimiento económico, el aumento constante de los “derechos adquiridos”, en especial los conseguidos por los empleados públicos, no plantearía demasiados problemas inmanejables, pero desde entonces han tenido que reconocer que no será posible continuar garantizándolos. Incluso en Estados Unidos, donde la administración del presidente Barack Obama preferiría postergar el ajuste hasta que la recuperación se haya consolidado, algunos gobiernos estaduales y municipales ya están procurando reducir drásticamente el gasto público, pero por ahora el campo de batalla principal está en Europa. En los países de la zona del euro y en otros, como el Reino Unido, están en marcha programas de austeridad draconianos que, como era de prever, han motivado la resistencia de los sectores que se verán afectados. El sábado pasado se celebró una manifestación gigantesca de protesta en Londres que fue organizada por la versión local de la CGT. Aunque la gran mayoría de los aproximadamente 300.000 participantes fue pacífica, grupos de anarquistas y ultraizquierdistas aprovecharon la oportunidad para provocar disturbios destrozando negocios en el centro de la ciudad. Repartir beneficios es fácil, pero eliminarlos no lo es en absoluto. Si bien es comprensible el enojo de quienes se sienten víctimas de una crisis que no creen haber causado, ya que suponen que los únicos culpables fueron los banqueros, la verdad es que la opción frente a los gobiernos europeos consiste en elegir entre ajustar ellos o dejar que lo hagan “los mercados”, o sea la realidad económica, ya que no hay forma en que el sistema actual pueda sostenerse por mucho tiempo más. El envejecimiento de la población y las consecuencias del endeudamiento excesivo significan que no habrá dinero suficiente como para respetar los “derechos adquiridos” repartidos antes por gobiernos al parecer convencidos de que les sería dado demorar indefinidamente la hora de la verdad. En muchos países, el grueso de la ciudadanía es plenamente consciente de la necesidad de reducir el gasto público, pero no hay ningún acuerdo acerca de los detalles: según las encuestas de opinión, la mayoría de los británicos está a favor de más austeridad gubernamental, pero escasean los persuadidos de que todos los cortes que se han propuesto puedan justificarse. En otras partes de Europa la situación es similar: a juicio de la mayoría, de por sí la austeridad es buena, pero muchos están resueltos a oponerse con virulencia a aquellas medidas que no les gustan. Los más preocupados por lo que está sucediendo en Europa son los que temen que de resultas del repliegue del Estado benefactor se ensanche tanto la brecha entre los relativamente pudientes y los demás que países que se han acostumbrado a un grado notable equidad social se asemejen cada vez más a los latinoamericanos, en que los “marginados” o “excluidos” se cuentan por decenas de millones. Al asegurar a personas que nunca han aportado nada a la sociedad un ingreso que motivaría la envidia de muchos trabajadores latinoamericanos, el Estado benefactor ha estimulado una “cultura de la dependencia” que, además de ser muy costosa para los económicamente activos, ha contribuido a privar a los atrapados en ella de las aptitudes, y la voluntad, precisas para mantenerse a flote sin la ayuda ajena. En la Europa actual, abundan las familias en que los abuelos, padres e hijos nunca han desempeñado funciones en la economía formal pero que ya se ven frente a la probabilidad de que en adelante los subsidios a los que se han habituado sean mucho más magros. También abundan los jóvenes que sí están dispuestos a esforzarse pero que no pueden encontrar empleos que estén a la altura de sus expectativas. En distintos países del Viejo Continente, tanto los que podrían calificarse de autoexcluidos como los que no han logrado ubicarse en un mercado laboral de acceso limitado tienen motivos de sobra para aguardar con trepidación la puesta en marcha de los programas de austeridad que se han anunciado pero que hasta ahora apenas se han hecho sentir.

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