Represión en Jujuy

Consciente de que fue debido a la reacción general frente a la muerte, el 26 de junio del 2002, de dos activistas en Puente Pueyrredón, Avellaneda, que el entonces presidente interino Eduardo Duhalde decidió adelantar las elecciones previstas para el octubre siguiente, el gobierno kirchnerista siempre ha procurado evitar los enfrentamientos con grupos de piqueteros y militantes izquierdistas. Aunque la estrategia oficial de combinar un grado extraordinario de tolerancia frente a las protestas callejeras con el clientelismo supuesto por la virtual incorporación de algunas organizaciones de piqueteros, “planes sociales” mediante, al movimiento gobernante, ha motivado muchas críticas, es probable que haya servido para hacer menos frecuentes las batallas campales como la que el jueves pasado se produjo en la localidad jujeña de Libertador General San Martín, donde el desalojo ordenado por un juez de un predio perteneciente a la empresa Ledesma dio lugar a cuatro muertos, entre ellos un policía, y medio centenar de heridos. Como ya es rutinario en circunstancias como éstas, dirigentes opositores culpan al gobierno nacional por lo ocurrido, acusándolo de adoptar una política de mano dura contra los pobres que se animan a reclamar viviendas, mientras que la agrupación responsable de la invasión del terreno disputado, la Corriente Clasista y Combativa, de ideología “revolucionaria”, y otras afines, realizaron marchas de protesta en el centro de la Capital Federal. Si el gobierno kirchnerista es culpable de algo, no es de promover la represión violenta de los llamados “luchadores sociales” sino de suponer que podría aprovechar el pavoroso déficit social que se da en el país limitándose a cooptar a las agrupaciones militantes entregándoles subsidios cuantiosos a cambio de su apoyo político, sin hacer un esfuerzo auténtico por atenuar los problemas de fondo. Además de transformar la Capital Federal en escenario de protestas intimidatorias cotidianas, con la amenaza apenas latente de que en cualquier momento estalle la violencia, como en efecto ha sucedido en diversas ocasiones últimamente tanto en la ciudad de Buenos Aires como en otras partes del país, la política así supuesta ha contribuido a perpetuar la miseria institucionalizando el clientelismo y, con él, la corrupción. Asimismo, merced a la repercusión del escándalo protagonizado por los hermanos Schoklender y la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a esta altura nadie ignora que los planes de construcción del gobierno han sido manejados de forma tan arbitraria que han beneficiado mucho más a los encargados de llevarlos a cabo que a quienes carecen de un lugar digno en el cual vivir. Por estar el país en una etapa preelectoral, agrupaciones como la Corriente Clasista y Combativa, Tupac Amaru y otras parecidas, lo mismo que muchos sindicatos, no vacilarán en tratar de aprovechar el temor comprensible del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a que sigan produciéndose incidentes luctuosos como el que acaba de concretarse en Jujuy para reclamar con mayor intensidad tierras, viviendas y, desde luego, dinero. No extrañaría, pues, que en las semanas próximas se multiplicaran los enfrentamientos, lo que plantearía no sólo a las autoridades nacionales sino también a las provinciales y municipales un sinfín de problemas. Es que en el corto plazo, la permisividad apaciguadora puede brindar los resultados deseados por el gobierno, pero lo hará a costa de conflictos más violentos en el futuro; un futuro que, mal que les pese a los kirchneristas, ya ha llegado. Es muy fácil dar a entender, como hacen tantos políticos y “luchadores sociales”, que en última instancia todo depende de la voluntad del oficialismo de turno, sea éste local o nacional, de suerte que todos los conflictos se deben a la negativa del gobierno a buscar soluciones para las lacras del país, pero por desgracia el asunto dista de ser tan sencillo. Para atenuar el déficit habitacional –y ni hablar de eliminarlo– será necesario que los distintos niveles de gobierno, juntos con el sector privado, empleen con la máxima seriedad los recursos financieros y humanos disponibles, además, claro está, de impedir que la ley sea violada por personas que están más interesadas en aprovechar las necesidades ajenas por motivos políticos que en procurar reducirlas.