Respetemos la independencia judicial
Vemos con gran preocupación que los gobernantes no respetan la independencia judicial. Tanto a nivel nacional y provincial como en la Municipalidad de Neuquén son cada vez menos veladas las críticas oficialistas a la Justicia por no respetar los intereses de otro poder del Estado. Después de la nefasta época de Menem-Sobisch, llegaron algunas medidas que hacían creer en algún cambio en el Poder Judicial; por ejemplo, la renovación de la Corte Suprema y la llegada de figuras de reconocida integridad como Eugenio Zaffaroni. En nuestra provincia fueron nombrados como vocales del Tribunal Superior hombres independientes como Massei y Labate. Comenzó a funcionar un Consejo de la Magistratura, aunque no fue instrumentado en las condiciones que pretendían los convencionales constituyentes de Une. Pero cada vez con mayor asiduidad observamos presiones a funcionarios judiciales ante fallos con los que los poderes ejecutivos no están de acuerdo. En el juicio por el corte de ruta realizado por ATEN en el 2010 el fiscal no acusó y el juez absolvió a los dirigentes gremiales. Al conocer esa decisión, el intendente neuquino Horacio Quiroga calificó de “cobardes y de avalar la extorsión y el patoterismo” al juez federal Gustavo Villanueva y al fiscal federal Adrián García Lois, entre otras barbaridades que declaró a la prensa. Hasta el propio gobernador Jorge Sapag se metió públicamente en el tema, rechazó el fallo y dijo que “no estaba de acuerdo con la interpretación” del fiscal. Además advirtió que la Provincia se va a constituir como querellante en todas las causas por cortes de ruta “para que no falte nunca la acusación correspondiente”. No es la primera vez que Sapag critica mediáticamente una decisión de la Justicia. Cuando la jueza federal Carolina Pandolfi inhabilitó a Sobisch para ocupar cargos por serias irregularidades en el manejo de los fondos de su campaña presidencial el gobernador afirmó que la condena “no se condice con la gravedad de un hecho que es menor”. Y reveló que había llamado al presidente del MPN para solidarizarse con él porque había sido víctima de “una sanción desmedida”. Luego de todas estas declaraciones, es claro que la presión la tienen los fiscales y los jueces. Y ni hablar de los aspirantes a esos cargos en la provincia. En el caso del rechazo del pliego de Gloria Martina en la Legislatura –quien ganó el concurso para ser jueza de Cámara en Zapala pero no recibió el acuerdo de la mayoría de los diputados– quedó demostrada otra vez esta suerte de derecho de admisión que ejercen el MPN y sus aliados. Tal como dijimos en esa sesión, es asombroso lo que ha ocurrido con esto, se juzgó algo que ya había sido juzgado. Se trata de una magistrada a quien le habían pedido dos jury y no se la encontró responsable de ninguna irregularidad. No parece que vaya a suceder lo mismo con el aspirante a juez de Junín de los Andes, el polémico fiscal Jorge Criado. En Nación pasa algo parecido. Está en duda la actuación del Consejo de la Magistratura y llueven las críticas del Poder Ejecutivo a decisiones judiciales consideradas inconvenientes para la gestión de la presidenta. El gobierno nacional cargó contra el Poder Judicial en busca de imponer jueces afines. El ministro Alak amenazó con acciones penales y pidió que intervenga la Corte por el conflicto en la Magistratura. La situación se agrava en Neuquén, porque el presupuesto judicial depende de los fondos que le da el Poder Ejecutivo. Antes alcanzaba a funcionar medianamente con el 18% que se le destinaba, pero al incluir la millonaria obra de la nueva Ciudad Judicial se ve alterado gravemente el funcionamiento de la Justicia neuquina. Y esto, claramente, suma dependencia. Desde Unión de los Neuquinos queremos una Justicia independiente, trabajamos para tratar de que eso sea posible y nos oponemos a cualquier tipo de ataque o intromisión de los otros poderes. (*) Diputado Provincial Une-FPN. Neuquén
Raúl Dobrusín (*)
Vemos con gran preocupación que los gobernantes no respetan la independencia judicial. Tanto a nivel nacional y provincial como en la Municipalidad de Neuquén son cada vez menos veladas las críticas oficialistas a la Justicia por no respetar los intereses de otro poder del Estado. Después de la nefasta época de Menem-Sobisch, llegaron algunas medidas que hacían creer en algún cambio en el Poder Judicial; por ejemplo, la renovación de la Corte Suprema y la llegada de figuras de reconocida integridad como Eugenio Zaffaroni. En nuestra provincia fueron nombrados como vocales del Tribunal Superior hombres independientes como Massei y Labate. Comenzó a funcionar un Consejo de la Magistratura, aunque no fue instrumentado en las condiciones que pretendían los convencionales constituyentes de Une. Pero cada vez con mayor asiduidad observamos presiones a funcionarios judiciales ante fallos con los que los poderes ejecutivos no están de acuerdo. En el juicio por el corte de ruta realizado por ATEN en el 2010 el fiscal no acusó y el juez absolvió a los dirigentes gremiales. Al conocer esa decisión, el intendente neuquino Horacio Quiroga calificó de “cobardes y de avalar la extorsión y el patoterismo” al juez federal Gustavo Villanueva y al fiscal federal Adrián García Lois, entre otras barbaridades que declaró a la prensa. Hasta el propio gobernador Jorge Sapag se metió públicamente en el tema, rechazó el fallo y dijo que “no estaba de acuerdo con la interpretación” del fiscal. Además advirtió que la Provincia se va a constituir como querellante en todas las causas por cortes de ruta “para que no falte nunca la acusación correspondiente”. No es la primera vez que Sapag critica mediáticamente una decisión de la Justicia. Cuando la jueza federal Carolina Pandolfi inhabilitó a Sobisch para ocupar cargos por serias irregularidades en el manejo de los fondos de su campaña presidencial el gobernador afirmó que la condena “no se condice con la gravedad de un hecho que es menor”. Y reveló que había llamado al presidente del MPN para solidarizarse con él porque había sido víctima de “una sanción desmedida”. Luego de todas estas declaraciones, es claro que la presión la tienen los fiscales y los jueces. Y ni hablar de los aspirantes a esos cargos en la provincia. En el caso del rechazo del pliego de Gloria Martina en la Legislatura –quien ganó el concurso para ser jueza de Cámara en Zapala pero no recibió el acuerdo de la mayoría de los diputados– quedó demostrada otra vez esta suerte de derecho de admisión que ejercen el MPN y sus aliados. Tal como dijimos en esa sesión, es asombroso lo que ha ocurrido con esto, se juzgó algo que ya había sido juzgado. Se trata de una magistrada a quien le habían pedido dos jury y no se la encontró responsable de ninguna irregularidad. No parece que vaya a suceder lo mismo con el aspirante a juez de Junín de los Andes, el polémico fiscal Jorge Criado. En Nación pasa algo parecido. Está en duda la actuación del Consejo de la Magistratura y llueven las críticas del Poder Ejecutivo a decisiones judiciales consideradas inconvenientes para la gestión de la presidenta. El gobierno nacional cargó contra el Poder Judicial en busca de imponer jueces afines. El ministro Alak amenazó con acciones penales y pidió que intervenga la Corte por el conflicto en la Magistratura. La situación se agrava en Neuquén, porque el presupuesto judicial depende de los fondos que le da el Poder Ejecutivo. Antes alcanzaba a funcionar medianamente con el 18% que se le destinaba, pero al incluir la millonaria obra de la nueva Ciudad Judicial se ve alterado gravemente el funcionamiento de la Justicia neuquina. Y esto, claramente, suma dependencia. Desde Unión de los Neuquinos queremos una Justicia independiente, trabajamos para tratar de que eso sea posible y nos oponemos a cualquier tipo de ataque o intromisión de los otros poderes. (*) Diputado Provincial Une-FPN. Neuquén
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