Retenciones agrarias

A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas (Arts. 52, 4, 16, 17, 75 inc. 19 Constitución de la Nación Argentina.

Conforme una equidad elemental, resulta imposible sostener la actual estructura tributaria y la enorme iniquidad contributiva traducida en una mayúscula y perversa transferencia de recursos, lo que elude ilegalmente la metodología constitucional pertinente.

Nuestra carta magna, en su artículo 4, establece la equidad y proporcionalidad como base ética y republicana para impuestos y contribuciones, lo que se corresponde analógicamente con el párrafo segundo del inciso 19 del artículo 75 de nuestra Constitución.

En este contexto no se debe sostener flagrantes iniquidades sostenidas por fuertes intereses y aparatos corporativos y populistas que no hacen otra cosa que postergar el desarrollo y derechos iguales de todos al mismo (Arts.16, 75 y c.c. CN).

Esta hipocresía no es un dato menor en lo concerniente al gasto público y la inversión social, sino toda una absurda mutilación de los mismos y burlas como las del «tren bala», que puede esperar en el andén de las prioridades propias de un genuino y concreto desarrollo humano.

En efecto, la atención de las necesidades físicas básicas, los servicios esenciales, el retraso, insuficiencia y desactualización en infraestructura básica, primaria y esencial (vg., la buena disposición de países vecinos no alcanza para que llegue en tiempo y forma a cada argentino, a cada industria, energía, gas o petróleo), la obra pública comprometida para el 2008 entre otros ítems centrales ya se ven amenazados porque se gastó -indebidamente y eludiendo toda afectación legal- más e ineficientemente conforme el Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL- 8/10/07).

En tal contexto, el diálogo social es incompatible con condicionamientos en general y presiones sindicales o violencias piqueteras en singular, sindicato y piquete «empoderados» discriminatoriamente y, más palpablemente en estos últimos dos años, organizaciones paragubernamentales que pueden inmovilizar la enorme producción agraria -y al país- sin quedarnos siquiera la posibilidad para acudir a nuestros ferrocarriles, verdaderos «gigantes costos hundidos» que otrora por la presión de la industria del caucho, ora por presión corporativa nos pueden poner en aprietos difíciles, dificultosos e inaceptables en un país que ya debiera superar la predemocracia.

Si la justicia es la virtud, facultad e imperium de dar a cada uno lo suyo, una constitucional reestructuración tributaria equitativa y realista en todas las instancias -nacionales, provinciales y municipales- será mucho más que superar una rémora reprochable traducida y expandida en abusos del derecho, del poder, de la autoridad, así como de múltiples y diversas inconstitucionalidades, por acción u omisión (Ministerio Público, defensor del Pueblo, auditor general de la Nación y Corte Suprema de Justicia). Sí, mucho más, implicará la derogación ficta del eufemismo -no coparticipable- de las retenciones y asegurará finalmente la infraestructura primaria, secundaria y terciaria para todo el aparato productivo y social argentino actual, así como para toda su lozanía.

En dicha reestructuración será «clave» una tasa retributiva que sea compatible y se corresponda con la fertilidad y el valor de la tierra y se ajuste, en más o en menos, conforme una canasta de productos agrícolas, el contexto internacional y la performance climática del año agrario pertinente.

Así pues, para evitar también otro vericueto de un renovado «sofisma vernáculo», antes que replantearnos una justa, oportuna, neutral y equitativa coparticipación, favor no menudo será darnos la oportunidad de un debate amplio y generoso que nos traslade a una sinceridad tributaria capaz de plasmarse en políticas diferenciadas que tiendan, simultáneamente, a reequilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias, regiones; pequeños y medianos productores, afianzar la justicia, consolidar la paz interior y lograr finalmente un bienestar general genuino y duradero, que abandone cimientos arenosos de espasmos personalistas por otros pétreos constitucionales que traen aparejados los cambios reales de nuevas políticas económicas, tributarias y sociales, realistas y mucho más equitativas.

ROBERTO BERTOSSI (*)

Especial para «Río Negro»

(*) Investigador de la Universidad Nacional de Córdoba