Revanchismo inoportuno
Tanto al presidente Néstor Kirchner como a algunos de sus colaboradores principales les gusta recordarnos que pertenecen a una «generación perseguida», víctima de la represión castrense, y que en consecuencia están resueltos a llevar a cabo lo que a su entender sería una especie de limpieza ética, desplazando de los nichos que ocupan a personajes vinculados con la dictadura. Según su vocero, Kirchner se ha propuesto asegurar que «ningún funcionario que de algún modo pueda estar involucrado en este tipo de hechos de represión pueda formar parte de este gobierno». Fue por eso que, sin vacilar ni un momento, Kirchner obligó a renunciar al procurador del Tesoro, Carlos Sánchez Herrera, un hombre al parecer culpable de haber sido el abogado defensor del ex jefe de la Policía Federal, el general Juan Bautista Sasiaiñ. Aunque es posible que los antecedentes de Sánchez Herrera incluyan algunos presuntos deslices más graves que el aludido, quienes han celebrado su remoción no han disimulado su convicción de que ser el abogado defensor de un representante de la dictadura significa compartir sus actitudes, tesis ésta que es idéntica a la reivindicada por aquellos militares que en los años setenta daban por descontado que quienes trataban de defender los derechos de los acusados de terrorismo subversivo tenían forzosamente que ser terroristas.
De todos modos, aunque no debería sorprendernos demasiado que personajes que se ufanan de ser «sobrevivientes» de una etapa truculenta protagonizada por gente que por creer en los fusiles despreciaban la «democracia burguesa» hayan conservado la mentalidad intolerante que en aquel entonces imperaba, sería saludable que ellos y sus adversarios finalmente aceptaran que la Argentina ha cambiado y que continuar con las vendettas de antes sólo conviene a un puñado de militantes memoriosos y militares nostálgicos. Por cierto, hasta ahora la agresividad de los kirchneristas y su voluntad evidente de cazar a todas las brujas procesistas o presuntamente procesistas que aún se encuentren en el país sólo han servido para motivar las protestas de sus víctimas y de sus simpatizantes, que se han puesto a quejarse con amargura por la discriminación ideológica que a su juicio es una de las marcas de fábrica de la administración encabezada por Kirchner. Según ellos, el presidente se ha rodeado de extremistas de izquierda, de montoneros y de otros partidarios de la violencia política que quisieran transformarlo en un émulo de Fidel Castro. Exageran, claro está, pero los integrantes del entorno presidencial parecen decididos a darles motivos para afirmarse alarmados. De más está decir que algunos que se aseveran preocupados por lo que está sucediendo aprovecharán la primera oportunidad para desquitarse, asegurando de esta forma que el país siga siendo un campo de batalla para los partidarios de ideologías vetustas de derecha y de izquierda. Están en lo cierto aquellos «progresistas» que insisten en que muchos «autoritarios» que colaboraron con el régimen militar nunca han tendido que rendir cuentas ante nadie, pero también lo están los que señalan que en el escenario político nacional abundan individuos que en el pasado se sentían consustanciados con movimientos neofascistas o izquierdistas brutalmente sanguinarios y que, lejos de manifestarse arrepentidos, suelen proclamarse orgullosos de su «idealismo» juvenil y jurar no haber abandonado por completo su fe en «las utopías». A la luz de la historia reciente del país, es natural que sea así. Después de todo, la Argentina es en buena medida un país de conversos en el que escasean los dispuestos a someterse a un examen de conciencia o, si se prefiere, «autocrítica» realmente sincera. Asimismo, por razones prácticas comprensibles, los únicos que han sido debidamente juzgados y condenados por su conducta en los años de violencia política salvaje han sido los «emblemáticos» de los diversos grupos que tanto dolor y muerte provocaron: de aplicarse equitativamente los principios reivindicados por ciertos kirchneristas, los proscriptos a raíz de su trayectoria o de sus opiniones personales se contarían por decenas de miles e incluirían a muchos funcionarios del gobierno actual, sobre todo a los que, fieles a la intolerancia de la que hacían gala veinte o treinta años atrás, no quieren olvidar nada.
