Riesgos reales

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La Argentina es un país ciclotímico. Toda vez que sus dirigentes pierden fe en el «destino de grandeza» que en ocasiones dicen será nuestro, les gusta entregarse al pesimismo para vaticinar desastres apocalípticos. De más está decir que actualmente estamos transitando por una fase anímica negativa. Mientras que los colectivistas, por llamarlos de algún modo, afirman que de persistir el gobierno en el «rumbo» que ha elegido los resultados serán catastróficos, sus adversarios «neoliberales» advierten que a menos que el gobierno avance por él con más decisión, las consecuencias serán todavía peores. Puesto que por ahora estos últimos llevan la voz cantante, las señales de calamidades por venir están multiplicándose: el riesgo país sigue aumentando, la producción se ha estancado, son cada vez más los conflictos sociales, y políticos influyentes están planteando, directamente o mediante guiños, la «opción» de no pagar la deuda externa.

Puesto que la Argentina no es un país desvinculado del resto del mundo, el «malhumor» local ya ha contagiado a los mercados internacionales con el resultado de que los inversores extranjeros, naturalmente asustados por las noticias procedentes de Buenos Aires, están comenzando a alejarse de lo que a su juicio podría ser el epicentro de la próxima convulsión financiera. Tal actitud puede entenderse -¿a quién se le ocurriría prestar dinero a un país donde un ex presidente oficialista y el candidato presidencial opositor más reciente se han convencido de que la mejor forma de solucionar los problemas consistiría en luchar contra la globalización?- pero, huelga decirlo, contribuye a agravar aún más la situación. Conforme a las empresas que se dedican a calcular el riesgo país, es posible, si bien no demasiado probable, que la Argentina resulte incapaz de honrar sus obligaciones para con el exterior. Más terrorífico aún es el pronóstico de la Fundación Mediterránea, la cual opina que existe el peligro real de que se produzcan corridas bancarias alucinantes y el quebranto del sector público, o sea, una recaída en el caos del tramo final de la gestión de Alfonsín y del primero de Carlos Menem.

Por razones evidentes, a los miembros del «ala política» aliancista no les gustan para nada estos vaticinios, los cuales atribuyen a una «campaña» motivada por la voluntad de obligar al presidente Fernando de la Rúa a cortar amarras con Alfonsín y quienes comparten sus puntos de vista para entonces incorporar a su gobierno a Domingo Cavallo. No se equivocan. Es innegable que muchos grandes empresarios y financistas, más los economistas que piensan como ellos, quisieran que el gobierno se modificara drásticamente. Sin embargo, tal deseo se debe no sólo a la conciencia de que un gobierno de perfil más «liberal» sería bueno para sus negocios, sino además a la convicción honesta de que también sería beneficioso para el país en su conjunto.

Es que cuando radicales y frepasistas de ideas que califican de heterodoxas o progresistas acusan a los críticos de haber organizado una «campaña» o «una ofensiva del mercado», dan a entender así que las advertencias sobre calamidades por venir son meros inventos destinados a intimidarlos y que por lo tanto pueden darse el lujo de mofarse de ellas. Por desgracia, se engañan. Si bien los partidarios de un giro hacia la derecha a menudo cargan las tintas, tratando a un revés pasajero como si fuera un desastre sin atenuantes, los datos que manejan son auténticos y sería insensato minimizar su importancia. Asimismo, no cabe duda alguna de que su queja principal de que al gobierno del presidente Fernando de la Rúa le faltan la autoridad y coherencia necesarias para restaurar la confianza se basa en mucho más que sus prejuicios, aunque parece claro que la debilidad que denuncian se debe a causas mucho más profundas que las supuestas por las tan comentadas particularidades personales del jefe del Estado. Desafortunadamente, la ausencia de autoridad gubernamental tiene mucho que ver con las deficiencias inherentes a una cultura política que es exageradamente presidencialista y que, en su estado actual, parece incapaz de producir gobiernos que sean a un tiempo competentes, realistas, honestos y merecedores del apoyo del grueso de la población del país.