Río Negro: evalúan dar prisión domiciliaria a internos con preventiva
El procurador Jorge Crespo dispuso medidas para descomprimir la población de los penales de la provincia. Fiscales y defensores deben analizar cada caso.
En los penales de Roca, Viedma y Bariloche hubo incidentes días atrás por reclamos de medidas de seguridad e higiene para combatir el coronavirus. Archivo
Fiscales y defensores oficiales de la provincia analizan por estos días la posibilidad de que imputados, que cumplen prisión preventiva en los penales de la provincia, puedan acceder a la prisión domiciliaria, para tratar de descomprimir la superpoblación carcelaria.
Con el mismo objetivo evalúan la situación de los presos que están con posibilidades de acceder a la libertad asistida o condicional y de aquellos internos a los que les faltan 6 meses para agotar sus condenas y pueden solicitar un adelantamiento del fin de la pena ante la jueza o el juez de Ejecución penal. La idea es enviar a algunos internos a sus domicilios, con el monitoreo de un botón o tobillera electrónica.
El procurador del Poder Judicial, Jorge Crespo, instruyó el lunes al fiscal General, Fabricio Brogna, y al defensor General, Ariel Alice, para que bajen las directivas a los fiscales y defensores de la provincia.
En un documento que firmó el lunes, Crespo dispuso que todos los miembros del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público fiscal “deberán efectuar el análisis individual de cada caso en el que se plantean medidas de morigeración o alternativas de cumplimiento de pena en personas privadas de libertad y alojadas en los distintos establecimientos carcelarios de la provincia”.
“Con el fin de agilizar la respuesta del juez o jueza de Ejecución, se deberá introducir en los planteos de cada ministerio los parámetros que resultan de los acuerdos generales logrados”, agregó Crespo en el instructivo.
El contexto
Esa disposición surgió a raíz de la compleja situación que viven los internos de los penales de la provincia por la superpoblación carcelaria, que impide cumplir con el distanciamiento social que recomiendan las autoridades sanitarias como medida de prevención de la COVID-19.
La gobernadora Arabela Carreras creó por el decreto 317, que firmó el 5 de abril pasado, el Comité Especial para el abordaje de la COVID-19 para personas privadas de la libertad, que integran representantes del gobierno provincial, de la Policía de Río Negro, del Ministerio de Salud de la provincia y Brogna y Alice.
Los integrantes de ese Comité se reunieron y plasmaron en un acta el 8 de abril de 2020 la delicada situación existente en las cárceles rionegrinas por los niveles actuales de población. Por eso, encomendaron a los representantes del Ministerio Público que establezcan criterios comunes a fin de examinar cada caso, que permita bajar el nivel de tensión en las unidades penitenciarias.
En los penales de Roca, Viedma y Bariloche hubo incidentes días atrás porque internos reclamaban que se cumplan las medidas de prevención ante el miedo que provoca el posible contagio por el coronavirus. Por eso, Crespo dictó el lunes esa resolución a partir de los criterios consensuados por Brogna y Alice.
Crespo encomendó a Alice que instruya a los defensores penales de la provincia a realizar “una evaluación integral de las prisiones preventivas vigentes a la fecha que impliquen privación de la libertad en establecimientos de detención”.
“En su caso y si de esa evaluación surge posible, se deberá peticionar ante el juez o jueza de garantías que corresponda la readecuación de las mismas a los parámetros que surgen del punto 5 del acta del 8 de abril de 2020”, sostuvo el Procurador.
Medidas alternativas
También, encomendó a Brogna que instruya a los fiscales de la provincia “que en lo sucesivo y en caso de corresponder, previo a solicitar prisiones preventivas (o prorrogar las existentes) que impliquen privación de la libertad en establecimientos de detención, analicen la viabilidad de medidas alternativas que satisfagan tal cautela…”
Crespo pidió a Alice que se informe semanalmente a la Secretaría de Superintendencia de la Procuración General, la “cantidad de medidas que impliquen morigeración en el cumplimiento de la pena solicitadas por el Ministerio Público de la Defensa en las cuatro Circunscripciones Judiciales en función de la emergencia suscitada por la COVID-19”.
Deberán indicar nombre y apellido del interno, juzgado de ejecución en el cual se efectúa la solicitud, tipo de delito, condena, tiempo cumplido a la fecha de la solicitud y medida solicitada.
El Procurador sostuvo que la vigencia de estas medidas “se extenderá hasta el momento que el servicio penitenciario provincial comunique al Comité Especial para el abordaje de la COVID-19 en contextos de encierro (personas privadas de la libertad) que ha cesado la necesidad expresada en el acta de fecha 8 de abril del año 2020”.
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