Río Negro cuestiona el congelamiento de los combustibles y anuncia pérdidas de 612 millones

Weretilneck cuestiona que el esfuerzo recaiga en las provincias y no descarta recurrir a la Justicia por esa decisión nacional.

El gobierno de Río Negro cuestionó la decisión del congelamiento a los precios del combustible por el impacto negativo en la provincia, que estimó “en 612 millones de pesos. Incluso, el gobernador Alberto Weretilneck, no descartó recurrir a la Justicia para evitar sus consecuencias económicas  para la Provincia.

El mandatario consideró “muy importante que se establezcan medidas de alivio para el bolsillo de la gente, pero este costo no debe ser pagado solamente por las provincias. Con este congelamiento del precio de los combustibles ni Nación ni las empresas hacen ningún aporte, y todo el peso recae en las provincias productoras”, agregó.

Resaltó la importancia de “toda medida que sea una lucha directa contra la inflación, pero no debe ser enfrentada solamente por las provincias productoras, que verán seriamente afectados sus recursos”.

En un comunicado, Weretilneck hizo referencia así a las consecuencias económicas que implica el tope al valor de los combustibles fijado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 566/2019, el cual, “establece un valor dólar combustible de $45,19 por 90 días”.  Afirmó que instruyó al Fiscal de Estado para que analice el tema y no descarta accionar judicialmente.

Según el análisis de Economía, el congelamiento implica una reducción directa de recursos de unos 612 millones de pesos por la reducción en la recaudación por regalías (510 millones) y su gravamen de Ingresos Brutos en la actividad (102 millones), considerando la diferencia entre el precio de un dólar de 60 pesos a los 45,19 establecidos como topes.

“No nos introducimos en la decisión política del Estado Nacional, en el marco de una evidente crisis, sino que nos preocupa que las provincias petroleras debamos soportan en mayor medida sus consecuencias, a favor del resto del país, provocando una desigualdad evidente de cargas públicas en nuestro desmedro y agraviando un principio constitucional inocultable”, insistió Weretilneck.


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