San Rafael: Sospechan de la imparcialidad del juez en el caso de la docente neuquina

Una testigo reveló que el magistrado mantuvo una vínculo laboral con el querellante por varios años. En este contexto el defensor  solicitó que se aparte del proceso. La Cámara aún no se expidió.



Poder Judicial de San Rafael.

Poder Judicial de San Rafael.

La historia de la docente neuquina, que vive hoy en Fernández Oro, sumó otro capítulo en el extenso expediente que naufraga el mundillo judicial. Está siendo sometida a un proceso por supuesta obstrucción de contacto desde hace ya 10 años y es querellada por el padre de su hijo quién reviste el carácter de juez penal, quién se vale de todas las herramientas que el derecho le pone a su alcance.

Ella, en cambio, debe litigar a más de 600 kilómetros de distancia. La semana que pasó el caso entró en una complicada trama de recusaciones y excusaciones puesto que, muchos de los encargados de juzgarla, tienen relación directa, sino intima, con el acusador principal.

El juez de San Rafael Sergio González fue recusado por el abogado de la docente neuquina que es juzgada en la ciudad mendocina. El debate que comenzó el lunes fue suspendido tras el pedido del defensor Waldo Torres para que el magistrado se aparte del proceso. El abogado puso en duda la imparcialidad del magistrado ya que González mantuvo un vínculo laboral con el querellante. Es que el padre del joven, juez penal en Mendoza, fue secretario del juez durante varios años.

Todo salió a la luz cuando una testigo, propuesta por la querella, reconoció que ambos jueces trabajaban juntos. Cuando comenzó con su testimonio, la mujer aseveró que no conocía al querellante. Sin embargo sus dichos no coincidían con la declaración testimonial que brindó en el proceso de instrucción cuando aseguró que González y el querellante se conocían. Cuando le tocó interrogar a la testigo, Torres leyó su testimonio inicial, le recordó que el falso testimonio es un delito penal con penas de prisión efectiva, y la mujer quien detalló que es amiga de González reconoció sus declaración de antaño.

En estas circunstancias el defensor precisó al juez que en un primer momento negó que tuviera razones para apartarse del caso. Es decir que el juez intentó resolver sobre su propia recusación: una irregularidad. Por eso Torres se levantó de su silla junto a la acusada para realizar una denuncia por interpretar que los derechos de su clienta estaban “vulnerados.” Minutos antes cuando la imputada dio su testimonio González aseguró que no conocía a las partes.

Tras una pequeña discusión se suspendió el juicio que aún tiene un futuro incierto ya que la Cámara, quien debe resolver todavía no se expidió. Uno de los camaristas de la circunscripción de San Rafael es familiar del querellante por lo que debería excusarse de intervenir. La docente neuquina que reside en Fernández Oro denunció al juez y a la fiscal Alejandra Becerra en la delegación de inspección judicial de la Corte Suprema de Mendoza.

Ahora el camarista que tomó la recusación debe fijar fecha de audiencia para escuchar a las partes y resolver. Si hace lugar deberán designar a un nuevo juez.

Otra vez fracasó el arreglo

Tras la suspensión del debate la querella indicó que estaba abierta a una negociación para evitar el juicio con el fin de buscar una revinculación entre padre e hijo. Sin embargo cuando Torres llamó al letrado que patrocina al querellante se “sorprendió ” con una negativa. Torres aseguró que la otra parte se negó a esa posibilidad.

Algo similar ocurrió en la fecha inicial del debate cuando las partes intentaron buscar una conciliación. La querella solicitó una serie de medidas para el arreglo que incluían que la revinculación debía hacerse en San Rafael, a 600 kilómetros del domicilio del menor -Fernández Oro-, y que la madre debía hacerse cargo de todos los gastos. Esta vez ni siquiera hubo una propuesta.


La causa comenzó en 2009 pero recién llegó a debate este año tras una larga historia que se inició en el fuero de Familia. El padre del menor incumplió los regímenes de visita que propuso el juez de familia que intervino en la causa y los apeló. Actualmente el expediente está en la Corte Suprema de la Nación.

En 2013 el letrado estableció un régimen en el cual el padre debía ver al menor cada 15 días alternado las ciudades, una vez en San Rafael y otra en Neuquén. Sin embargo el querellante no cumplió con su primera visita a la región.


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