Sancionan económicamente a exfuncionarios de San Antonio

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SAN ANTONIO OESTE (ASA) – El Tribunal de Cuentas municipal resolvió sancionar económicamente a los exfuncionarios Gabriel Soria y Jorge Baraschi, que integraban la cartera de Servicios Públicos cuando se efectuó la controvertida licitación para la venta de chatarra y material de rezago, que terminó anulándose. Los exfuncionarios renunciaron a su cargo tras las críticas que despertó su desempeño en esa venta, que quedó sin efecto por una falla en los mecanismos previos. El tema provocó el reclamo de la única firma oferente, que tiene el material “en resguardo”, afirma que ya pagó por él $ 113.000 y evalúa acciones legales. La licitación se efectuó en julio. Pero al recibir la oferta la comisión evaluadora decidió anular el proceso. Lo hizo porque antes del llamado no se convocó a la comisión técnica que tenía que visar, entre otros puntos, si el precio impuesto era el adecuado. Sin embargo, durante el lapso previo a que los evaluadores se expidieran, Soria reconoció que “la empresa pagó el monto ofertado y se llevó las maquinarias en ‘guarda’, porque estaban en un lugar en el que no les podíamos garantizar que no hubiera faltantes”. Luego, argumentó que “el dinero se les devolvió”. Por su parte, Agro Vial Dingibauer manifestó que eso no fue sí. Sobre ese punto hasta el momento el órgano de contralor no informó nada, así que se desconoce cómo resolverán el tema con la empresa. Con respecto a la sanción, apunta a que tanto Soria como Baraschi abonen un importe correspondiente al 20% del salario que percibían cuando estaban en funciones. El fallo todavía no se hizo público en su totalidad, y los integrantes del tribunal se negaron a efectuar declaraciones sobre la decisión. Tampoco quisieron hablar sobre el destino de la chatarra, ni aclarar si finalmente quedará en manos de los inversores viedmenses. Por otra parte, la pena económica impuesta generó repercusiones. Soria, por caso, ya presentó un descargo, porque considera que el procedimiento no fue justo y que antes de decidir una sanción los contralores deberían haber contratado “un instructor sumariante externo”. Desde los partidos opositores también se alzaron críticas. Los miembros del partido Juntos Somos Río Negro a nivel local, a través de un comunicado, expresaron que “la falta información pública acerca de los argumentos que sostienen la sentencia (de los contralores) tiene que ser atendida de manera inmediata”. Agregaron que “la responsabilidad de las irregularidades queda reducida a los dos exfuncionarios” obviando “lo actuado en relación del destino del dinero obtenido por la venta, la devolución del mismo si lo hubo, la situación actual de la máquinas en desuso, etc.”.