Secreto de Estado

ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

Con la designación de Liliana Andaloro y otros funcionarios, Alberto Weretilneck busca profundizar la “peronización” de su gabinete, a la vez que reforzar el sentido de pertenencia de Viedma hacia el gobierno provincial y revertir falencias de comunicación y gestión de su equipo. En una provincia grande y compleja, con tantas carencias en materia de servicios públicos, el ritmo mostrado por el gobierno aparece como insuficiente para revertir la impresión de que escuelas, hospitales, cárceles, comisarías y oficinas públicas son edificios defectuosos que albergan una burocracia lenta. Pero al mismo tiempo que procura avanzar, Weretilneck abona la idea de intolerancia y maltrato. Lo hizo por el modo intemperante en que desplazó a Carlos Tgmoszka de la presidencia del Ente de la Región Sur. Así, el Ejecutivo es el centro de dos corrientes: una que tiende a construir y la otra que drena parte de lo logrado. Cal y arena. El saldo entre los dos torrentes es todavía terreno fangoso. Lo único claro es la consigna de erradicar todo vestigio de “pichettismo” del gobierno. La batalla interna se ha convertido en cuestión de Estado. Aun a riesgo de distraer energía y recursos humanos de los problemas concretos y graves que dependen de la acción del gabinete. Cárceles, justicia, servicios y obras públicas, economía… todo aparece enhebrado por un sino que no se destraba. La historia actual se parece burlonamente a la que Río Negro conoce ya hasta el cansancio. Prueba de ello es el modo en que, finalmente, el Superior Tribunal de Justicia resolvió los pedidos de información sobre el adicional salarial pagado desde hace años en la Justicia y conocido por su sigla: MIG. Más que a fundamentos jurídicos, la negativa de los jueces Víctor Sodero Nievas y Enrique Mansilla a suministrar el listado de quienes cobraron esos adicionales parece encubrir que los propios vocales del STJ percibieron MIG por realizar tareas propias de su cargo y, por lo tanto, remuneradas por el salario común. Es así si los cobraron por realizar labores de superintendencia, incluidas dentro de las funciones que la Constitución les asigna en el inciso 2 del artículo 206. En todo caso, fue bueno que uno de los jueces recientemente ingresados al STJ –Sergio Barotto– votara en minoría y evitara verse enredado en las malas prácticas que caracterizaron los últimos años en el máximo tribunal. No todos los protagonistas actuales de la historia pueden quedar tan al margen como él. Es que el tema se relaciona directamente con el pedido de juicio político contra Sodero Nievas que, entre otras causales, incluía precisamente el cobro indebido de los MIG como asignación mensual y prolongada durante años por tareas propias del cargo. El dictamen de la Comisión Acusadora en ese juicio político fue elaborado por Ana Piccinini, quien consideró probada por información proporcionada por la Administración del Poder Judicial esa asignación indebida. No obstante, cuando ese dictamen estuvo listo, el gobernador Alberto Weretilneck ya había cambiado de idea y –por pedido de su entonces aliado, Miguel Pichetto– ordenó a los legisladores oficialistas que se unieran a los de la oposición para “salvar” a Sodero Nievas. Claro que volvió a cambiar de idea. Y, paradoja si las hay, Piccinini y Pichetto resisten uno junto al otro los embates del gobernador, en una batalla política despiadada, a pesar de las reconvenciones de funcionarios nacionales. Leer en forma completa la resolución del STJ es un ejercicio útil para advertir que, desde la técnica jurídica, Sodero Nievas abusa del conocido vicio de acomodar la biblioteca a las propias necesidades, y sus argumentos se inclinan más que la Torre de Pisa. Para hacerlo, invoca defender la “dignidad y el honor” de los empleados judiciales ante un hipotético mal uso que el periodismo pudiera hacer de los datos solicitados. En principio, se escapa del marco legal que exige a los funcionarios públicos suministrar “íntegramente” todos los datos relacionados con el uso de los dineros públicos. Además, pisotea los principios republicanos en al menos tres aspectos: – Postula que la ley de Ética Pública rionegrina –escrita mañosamente por la administración Saiz para encubrir más que para transparentar– prevalece por encima de la Constitución provincial, la nacional y las convenciones internacionales sobre libertad de expresión. – Se autoasigna la facultad de ejercer la censura previa por una supuesta “tutela” de los intereses de terceros, un argumento que todos los dictadores han invocado para imponer su deseo en desmedro de los límites a su poder. Lo que debe hacer es brindar la información y, si ésta es mal usada, demandar a quien lo haga. – Desconoce que toda persona que ocupa un cargo en el Estado debe estar dispuesta a que su remuneración sea conocida por la sociedad. ¿Cómo, si no, podrían los ciudadanos ejercer el control de los actos de gobierno? No están en juego el honor ni la dignidad, sino exclusivamente la transparencia en el uso del dinero de los contribuyentes. Por último, atribuye a la ley de Protección de Datos Personales un texto y una finalidad contrarios a su letra y espíritu. Esta ley –conocida como de “hábeas data”– protege a los ciudadanos del uso indebido de bases de datos en manos del Estado o de privados y los faculta a acceder a ellos para rectificarlos, actualizarlos o cancelarlos cuando no correspondan. Pero expresamente deja a salvo “las fuentes de información periodísticas” y excluye del secreto los datos que “se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal”, como es la publicidad de los actos de gobierno. Al tiempo que se blinda el pasado de este modo, el gobierno de Alberto Weretilneck vive en un presente marcado por el día a día y dominado sobre todo por el debate político y por la andanada de urgencias que sacuden al Estado. A diez meses de asumir, su gabinete está en un nuevo comienzo, con áreas todavía inactivas, otras despedazadas por internas y algunas esperando a quien ordene cuestiones mínimas como quién firma los cheques. Entre el estrés y el letargo, el gobierno prepara dos nuevas contiendas: • El objetivo próximo para Alberto Weretilneck y sus aliados peronistas es desplazar a Miguel Pichetto de la presidencia del Partido Justicialista. Ese lugar le otorga peso político y recursos en proporción a los votos obtenidos por el Frente para la Victoria en los últimos comicios. Para eso no descartan convocar al Consejo partidario, en el que descuentan tener mayoría. • Como plan B, ya hablan de preparar un candidato a senador del Frente para la Victoria que compita con Pichetto en elección interna o en la general, si éste se ve obligado a ir con el sello del Partido Justicialista. Mientras tanto, el radicalismo procura rearmarse a tiempo para aspirar a una de las dos bancas en disputa en el Senado. Los tiempos políticos apuran el verano.

DE DOMINGO A domingo