Según informe un 75% de niños y adolescentes institucionalizados son albergados por un tiempo indeterminado
Un alto nùmero de personas pasan toda su niñez en instituciones de ese tipo.
Tres de cada cuatro niños, niñas y adolescentes “pobres” son ingresados por “tiempo indeterminado” a instituciones de albergue dependientes del gobierno porteño, por lo que pasan “toda su niñez y adolescencia” en sitios emparentados con “un depósito”, según un informe de la Asesoría General Tutelar.
El organismo, además, reclamó la “puesta en marcha” de una ley reguladora de las condiciones fijadas para la “habilitación y funcionamiento” de establecimientos “de atención para el cuidado de niñas, niños y adolescentes”, que debería regir desde el próximo 2 de junio.
“El 75 por ciento de los niños ingresados a instituciones de albergue continúan institucionalizados”, lo que “demuestra que un alto número de personas menores de edad transita toda su niñez y adolescencia en instituciones de albergue”, afirmó el documento difundido por Laura Musa, asesora general tutelar de la Ciudad.
Frente a esta situación, “las instituciones de albergue pasan a ser un depósito de niños, niñas y adolescentes pobres, que permanecen institucionalizados por tiempo indeterminado en instituciones de albergue, eufemísticamente llamadas ‘hogares’”.
El informe resaltó que “las condiciones de habitabilidad y seguridad” de esos lugares “en muchos casos distan marcadamente de lo establecido por la ley 2.881, que propone un marco mínimo en cuanto a las condiciones edilicias, sanitarias, de seguridad y funcionamiento de los establecimientos”.
La Asesoría señaló que el gobierno de Mauricio Macri destina sólo el “42 por ciento” del “alto presupuesto asignado a la Dirección General de la Niñez” para el “Programa de Atención a la Niñez y Adolescencia en Situación de Vulnerabilidad, del cual dependen las instituciones de albergue”.
“Esto da cuentas claras del protagonismo que el Gobierno local da a esta eufemística forma de ‘protección’”, se agregó en el texto.
La Asesoría indicó que el gobierno porteño tiene “convenios con diversas organizaciones de la sociedad civil que prestan el servicio de albergue institucional” y que en Buenos Aires “existen 99 sedes” de ese tipo “que albergan niñas, niños y adolescentes privados del derecho a la convivencia familiar”.
En esos lugares “se alojan a la fecha aproximadamente 1.300 personas menores de edad institucionalizados”.
El informe destacó la “importancia de la puesta en marcha de la Ley 2.881 reguladora de las condiciones de habilitación y funcionamiento de los establecimientos”, que fue sancionada el 16 de octubre de 2008, promulgada el 17 de noviembre del mismo año y publicada a principios de diciembre.
La norma dispuso que las instituciones deben adecuar su funcionamiento e instalaciones en un plazo de 18 meses que vence el próximo 2 de junio.
El texto de la ley prevé que la institucionalización de niñas, niños y adolescentes “debe ser el último recurso” y seguir “los criterios de excepcionalidad de la internación y breve lapso posible”.
Además, las instituciones de albergue deben cumplir “los lineamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes de Protección Integral”.
El documento criticó el pedido de prórroga de 12 meses solicitado por las instituciones para adecuar sus instalaciones cuando “durante los 17 meses transcurridos siquiera han comenzado a hacerlo”.
La Asesoría General Tutelar, por último, destacó que “se ha llegado a esta situación” porque “el Gobierno de la Ciudad ha incumplido sistemáticamente con su obligación de intervenir en el fortalecimiento familiar de los niños, niñas y adolescentes, a través de políticas públicas integrales a fin de evitar la institucionalización”.
DYN
