Sida
Cuando, hace ya unos veinte años, empezó a crecer la pandemia de sida, se la calificó de peste «rosa», asociada a la concupiscencia. Era el castigo divino para los homosexuales, los drogadictos y los promiscuos. Además, era una condena a muerte sin apelación posible. El mito de que se habría originado a partir de la fuga de un virus artificial desde un laboratorio le agregaba un tinte aún más apocalíptico. Su expansión en África y su origen a partir de una enfermedad de los simios, en cambio, le añade un sabor vagamente racista.
Desde entonces, el virus y la enfermedad han perdido gran parte de las connotaciones de castigo divino, pero no ha dejado de avanzar. Ahora ataca a heteros y homos, a mujeres y hombres, a castos y promiscuos, a madres y a sus niños no nacidos.
En un comienzo, el terror al contagio aislaba a los infectados y a los enfermos y hacía de ellos parias sociales. Esta barrera del terror se ha logrado superar en alguna medida. Los infectados logran «vivir con el HIV», los demás aceptan convivir con ellos. La enfermedad ha adquirido un derecho de ciudadanía en el mundo.
Nunca se había invertido, como para el sida, un esfuerzo tan enorme en la investigación de una enfermedad, ni para encontrar los medios para combatirla. Aún no se ha dado con una vacuna o cura definitiva, pero se han encontrado costosos tratamientos capaces de mantenerla a raya por largos períodos. Con tratamientos de por vida que cuestan más de 1.000 dólares por mes, muchos ya consideran el sida casi como una enfermedad crónica. Molesta, pero se aguanta. La mortalidad por sida, en efecto, ha disminuido, en cambio el número de nuevos infectados sigue aumentando. El costo social, también.
Salvo en el Primer Mundo, en casi todos los países, el tratamiento lo pagan los que tienen el dinero para hacerlo, que son los menos. En nuestro país, y en muy pocos más -en Latinoamérica, sólo Uruguay y el Estado brasileño de Sao Paulo- el Estado ha tomado a su cargo el suministro de los medicamentos, y recientemente la Justicia ha obligado a las Obras Sociales a cubrir estas costosas prestaciones, todo lo cual es sólo un acto de solidaridad social con los infectados. En total, los que, en la Argentina, toman esos «cocktails» de drogas son sólo unos relativamente pocos miles, aunque los deba sostener un sistema de salud en bancarrota. En algunos de los países desarrollados, lo paga la Seguridad Social y los demás, en el resto del mundo, allá ellos.
Pero ya que la enfermedad no es curable, y su tratamiento es tan costoso, habría que hacer todo lo posible para evitar el contagio. La única manera eficaz conocida para esto es evitar el contacto directo con la sangre o los fluidos genitales de una persona portadora. Los que hacen transfusiones, deben cuidar a sus pacientes. Las jeringas deben ser individuales para los drogadictos que las usen. Y en su faz de la transmisión sexual, evitar el contagio se logra mediante la abstención total o la fidelidad absoluta; o mediante el uso de preservativos. Parece simple. Pero la prescripción choca con toda clase de obstáculos culturales. El machismo predominante hace que los hombres se nieguen a usar condones y las mujeres no se atrevan a exigirlos. Muchos asumen una actitud negadora y dicen «a mí no me va a pasar». Y, por supuesto, la religión agrava la situación, ya que la Iglesia Católica sólo admite la castidad o la fidelidad absoluta y no ha sido capaz de reconocer aún la realidad social predominante: es un hecho que esa castidad ha dejado de ser considerada una virtud por la enorme mayoría de la sociedad.
La consecuencia de todo este complejo cultural-religioso es lamentable: entre nosotros hay cada vez menos inclinación por hacer accesible a los adolescentes una educación sexual adecuada, que lleve a su conciencia los riesgos. No sólo se trata del riesgo de una posible infección con el HIV, sino los de una maternidad en la adolescencia, los de los miles de abortos clandestinos o los de una expansión de las familias más allá de lo que resulta posible mantener dignamente en medio de una crisis de desempleo ya casi crónica. La actitud de las autoridades educativas es elusiva. Los cursos de educación sexual, donde existen, suelen poner énfasis en los aspectos biológicos, en detrimento de los culturales y afectivos, y no permiten a los alumnos tomar conciencia de sus propias actitudes.Para hacer las cosas aún más complicadas, hay campañas en favor del planeamiento familiar que recomiendan anticonceptivos «puros» como el DIU o las pastillas. En Francia entregan la «píldora del día después» en las escuelas, olvidándose por completo del riesgo de sida e induciendo su olvido por parte de los adolescentes.
Paradójicamente, la posibilidad de que la aparición del sida y la muerte a corto plazo ya no sea inevitable para los seropositivos, crea una nueva dificultad: es el mensaje tranquilizador mismo el que actúa en contra de que la gente «se cuide». Total, después se podrá tomar un cocktail de drogas y tratar de mantener una vida casi normal. Otro problema nuevo es el de los que saben que están en situación de riego de ser HIV-positivos pero prefieren no enterarse. Éstos, si efectivamente poseen el virus, lo siguen difundiendo sin saberlo; para colmo, no concurren a donar sangre si antes lo hacían, porque allí se enterarían sin remedio. Ya se ha detectado escasez de donantes en ciertos bancos de sangre. Con todo, entre nosotros, el sida y el HIV son todavía, relativamente excepcionales. En África subsahariana, en cambio, hace estragos inimaginables. En varios países de esa región, entre ellos el más desarrollado, que es la República de Sudáfrica, se estima que uno de cada cuatro, hombres, mujeres y niños lleva el virus, más allá de todo control por los métodos que sea. Además, en estos países, el costo del tratamiento supera en docenas de veces el PBI per cápita. Por lo tanto estas naciones están inermes ante la expansión de la epidemia.
La única solución posible es suministrar las drogas a precios menores: es lo que han comenzado a hacer Brasil y la India, ante la violenta e indignada protesta de las dos o tres grandes empresas que son dueñas de las patentes respectivas. Empresas que incluso amenazan a los «violadores de derechos de patentes» a nivel de la Organización Mundial de Comercio, y las acciones legales. El delito de estos países es grave, medido con los criterios del liberalismo absoluto: es el de anteponer la vida de su población a los intereses económicos particulares. La actitud de estas empresas representa un escándalo moral que casi no tiene precedentes históricos. Lo que hace estos reclamos aún más repudiables es que son prácticamente gratuitos: las empresas ni siquiera verían sus ganancias afectadas por permitir que se ofrezcan los medicamentos «genéricos» a precios accesibles a los países más devastados por la epidemia. Esto es así, porque los africanos igual no pueden pagar ni remotamente los precios internacionales, de modo que para el «mercado» ni siquiera existen como demanda a satisfacer.
No se trata de dejar de reconocer que los laboratorios farmacéuticos han hecho esfuerzos y merecen recuperar sus inversiones. Pero también es cierto que gastan más en propaganda que en esas investigaciones mismas y tienen tasas de ganancias enormes, por su posición de monopolio en cada receta que un médico escribe. Es de esperar que una vigorosa campaña mundial de repudio moral los haga recapacitar y retroceder.
(*) Psicóloga Social; integrante del Grupo «Claridad».
