Sin lugar para no leales

ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

La decisión del gobernador Alberto Weretilneck de que se reduzca a la mitad el número de funcionarios del Poder Ejecutivo generó un impacto político que superó los límites de la provincia. Anunciarlo por YouTube contribuyó a la difusión nacional en poco tiempo. Su trascendencia, no obstante, tuvo más que ver con la sensibilidad que generó en otros gobernadores. ¿Nación espera que hagamos lo mismo?, fue la pregunta que se alzó desde otras regiones. El gobierno nacional, que busca desmentir que habrá ajuste y que la devaluación reciente del peso sea uno –de gran dimensión–, no ocultó su desagrado y se desligó pronto del rionegrino. En la provincia el impacto fue mayúsculo. No faltó nadie que opinara, a favor, en contra, con dudas sobre si se cumplirá la promesa o si se trata sólo de una máscara para cubrir decisiones que afectarán a sectores mucho más amplios. En principio, es necesario valorar algo: Weretilneck tomó una decisión. Tal vez la más importante en lo que lleva de gobierno. Y eso no es poco. En segundo lugar, su discurso fue una admisión explícita del acierto de sus críticos. Si a dos años de gobernar promete hacerlo con la mitad de funcionarios y pagándoles un 15% menos, reconoce que había armado un gabinete rico para un Estado pobre. Por si quedaba alguna duda, el ministro de Educación, Marcelo Mango, la despejó: anunció que reducirá 58% la cantidad de funcionarios en el ministerio y el Consejo y en un 100% las adscripciones, con lo que ahorrará $ 17,8 millones. Todo un dineral. Y aclaró que el nuevo equipo no dejará sin cumplir ninguna de las funciones del anterior. De allí que la primera conclusión sea que la “jibarización” de la cabeza del Estado aparece justificada por la acción y admisión de quien fuera, a la vez, responsable de su tamaño y de su reducción. Acertó el gobernador al decir que entre sus facultades están una y otra decisión: el recorte tiene legitimidad y legalidad. Pero, ¿es una medida de ahorro? Lo es. Y, si bien toda austeridad es buena para el Estado, por su ejemplaridad, el monto previsto como efecto distaría de ser suficiente para aliviar el ahogo financiero de Río Negro. Además, resta saber si Weretilneck tendrá la firmeza necesaria para cumplir a rajatabla su propio anuncio. No sería la primera vez que vuelve atrás con una acción de gobierno. Si lo hiciera, no sólo las finanzas sufrirían. El golpe a su prestigio político podría ser demoledor. Otra cuestión es qué criterio usará para decidir –entre los 335 cargos de designación política que han cesado– quiénes serán reconfirmados para que, sumados a los ministros y otros que no han renunciado, completen un equipo total de 170 funcionarios. Ver, uno por uno, quién se quedó y quién se fue permitirá sacar conclusiones jugosas. Por ejemplo, si la intención de Weretilneck fue, efectivamente, bajar el gasto, o si buscó sacarse de encima a dirigentes que no le resultan útiles en esta etapa, para preservar sólo a los leales y a quienes representan alianzas convenientes. Por de pronto, ya comenzó un desfile de preocupados subsecretarios y directores, que negocian mano a mano con su ministro espacios y compromisos, aun sabiendo que la última palabra la tendrá el gobernador. Quienes no sean confirmados en sus cargos podrían transformarse rápidamente en críticos del gobierno y optar por fortalecer las alternativas internas que plantee el FpV. Es decir que el gobernador habrá engendrado el huevo de la serpiente. Que el recorte tiene un componente fuertemente político –aun cuando se dude de si fue su única motivación– quedó confirmado con el relevo de Ernesto Paillalef como ministro de Desarrollo Social. Las relaciones con el roquense y su sector –el Movimiento Evita– se habían convertido en un tironeo de presiones explícitas y silencios incómodos. Para Weretilneck, mantenerlo en el cargo desafiaba su autoridad frente al gabinete y erosionaba su poder. Más sorprendente fue que designara en su lugar a Ricardo Arroyo, un legislador del Valle Medio más conocido por resonantes escándalos –algunos de los cuales motivaron el inicio de tres causas penales en su contra– que por los méritos de su carrera política. Resulta francamente difícil creer que, sin formación específica ni antecedentes en la materia, Arroyo logre generar –como anticipó el gobierno– una unificación de los programas en beneficio de la promoción social. Habrá que verlo… Arroyo se presenta como “operador del Partido Justicialista”, y parece haber convencido a Weretilneck. En el gabinete, varios dudan de eso y también de su capacidad para conducir un ministerio de alto presupuesto y conflictividad compleja. El gobernador procuró calmarlos diciendo que lo asesorará un equipo técnico. Sin embargo, los constantes vaivenes y la falta de directivas en el gobierno difícilmente hagan de esa pretensión una realidad fácil. Hay quienes apuestan ya a que, más temprano que tarde, deba admitir que el ministro no le aportó en lo técnico ni en lo político. Si Weretilneck temía una reacción del PJ contra el relevo de Paillalef, hay que decir que –a excepción del retiro del Movimiento Evita– ésta no se produjo. Más expectantes están los peronistas respecto de la suerte que correrá el ministro de Obras Públicas, Fernando Vaca Narvaja, a quien públicamente ya todo el gobierno da por relevado, aunque el gobernador aún no haya concretado nada. También se afirma que la reducción de cargos significará una purga de los “soristas” que quedaban en el gabinete, sobre todo en Lotería, Canal 10 y Hacienda. En otro sentido, crece el temor de que el recorte –con la consecuente incertidumbre de quienes estarán en un limbo hasta que los confirmen o no en sus cargos– agrave los ya serios problemas de gestión del gobierno provincial, en el cual la falta de recursos se suma a la demora innecesaria de expedientes y de pagos. Así como Carlos Soria sufrió el costo de haber declarado en disponibilidad a miles de agentes públicos, el gobernador ya paga los costos de sumir en la duda a todos sus funcionarios, en lugar de señalar con el dedo sólo a los que se irán. A raíz del bloqueo a galpones de empaque de Villa Regina, un juez dictó la orden de desalojo. Pero la Jefatura de Policía no la cumple. Tampoco Trabajo dicta la conciliación obligatoria, aun cuando –en la cosecha de peras– es grave el daño que sufre la fruta, impedida de entrar o salir de los galpones. Sea por morosidad o por la intención de no irritar al legislador Rubén López, secretario general del gremio del empaque, el Estado mira para otro lado ante un conflicto serio. El déficit fiscal rionegrino necesita de acciones drásticas y cintura política. En lugar de eso, Weretilneck confía en que los aprietos terminarán a mitad de este año, cuando comience a ingresar el dinero extra por la renegociación de los contratos petroleros. Usar para gastos corrientes esos fondos –derivados de bienes de capital– implicaría no sólo un desatino sino también un virtual fraude a la expectativa de las generaciones que vendrán.

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