Sindicalistas neoliberales
Los economistas “ortodoxos” y la minoría que, en términos generales, comparte su forma de pensar, no son los únicos que califican de “locura” la política de subsidios para el sector energético del gobierno kirchnerista. Coinciden con ellos los dirigentes de la Federación de Trabajadores de Petróleo y Gas que acaba de levantar una huelga “por tiempo indeterminado” al intervenir de urgencia el Ministerio de Trabajo, ya que la medida de fuerza no tardó en paralizar la distribución de garrafas de gas en diversas provincias del norte del país. A cambio de la decisión de poner fin al paro, la FTPG consiguió un aumento salarial del 24% más un bono “extraordinario” de 4.000 pesos. Si bien los sindicalistas no sienten simpatía alguna por los empresarios del sector –antes bien, dicen tener motivos para acusarlos de evasión impositiva y de pagar en negro a los empleados, modalidad ésta que no es ajena al gobierno nacional–, entienden que la política energética oficial les plantea un problema acaso insuperable. Como señaló el secretario general de la FTPG, el diputado del Frente Peronista disidente Alberto Roberti, las firmas locales cobran 2,20 dólares la unidad de gas, “mientras que se paga 14 dólares a Bolivia y 16 a Qatar”, lo que “es una locura” y por lo tanto “toda esta política de subsidios tiene que finalizar”. Tiene razón el sindicalista y diputado, claro está. Es francamente absurda la diferencia enorme que se da entre lo que cobra el emirato del golfo Pérsico y la Bolivia de Evo Morales, mandatario que, cuando del comercio internacional se trata, no tiene intención alguna de procurar subordinar lo económico a lo político, por un lado y, por el otro, lo percibido por las empresas que operan en el país, pero al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no le resultaría del todo fácil desmantelar el sistema increíblemente complicado, y costoso, de subsidios que se creó hace diez años, cuando la Argentina aún era un país exportador de energía, con el propósito de morigerar el impacto en los presupuestos familiares de las vicisitudes del mercado tanto nacional como internacional. Aunque el costo de importar gas y petróleo ha subido tanto que el año pasado alcanzó los 9.000 millones de dólares y este año, a pesar de una recesión aún leve, podría trepar a 12.000 millones, razón por la que el gobierno ha tomado una serie de medidas sumamente ingratas destinadas a frenar la sangría alarmante de divisas, sigue siendo reacio a emprender las reformas drásticas que exigen las circunstancias. Es que, como descubrió la presidenta cuando procuró poner en marcha un ajuste disfrazado de “sintonía fina”, a los habituados a pagar monedas por el gas que usan no les gusta en absoluto tener que gastar más. Los porteños que, según las estadísticas internacionales, aún perciben un ingreso per cápita muy alto conforme a las pautas latinoamericanas, se han acostumbrado a pagar mucho menos por el gas que necesitan que sus equivalentes de ciudades como Río de Janeiro, Montevideo y Santiago de Chile, pero puesto que lo toman por un derecho adquirido inviolable, reaccionarían con indignación frente a cualquier intento de liberalizar el mercado. Los costos políticos de la imprevisión energética no podrán sino aumentar, sobre todo si los sindicalistas del sector se mantienen en sus trece, pero si bien resulta evidente que el sistema de subsidios es insostenible, el gobierno kirchnerista se sentirá obligado a procurar postergar su eventual colapso, de tal modo asegurando que, cuando por fin se produzca, las consecuencias sean traumáticas. Mientras que en otras latitudes gobiernos de todos los colores políticos han preferido dejar que los mercados fijen los precios, aquí optaron por aferrarse a la idea de que en última instancia todo dependería de la voluntad oficial, de suerte que cuando Cristina empezaba a hablar de “sintonía fina” y pedía a los relativamente acomodados pagar más por el gas, sus adversarios la acusaron de querer castigar a la clase media porteña mayormente opositora. Así, pues, aunque la politización por el gobierno de los costos energéticos le ha supuesto muchos beneficios, despolitizarlos en nombre de la racionalidad lo perjudicaría tanto que apenas se ha animado a intentar algunos cambios menores.
