Sobredosis de personalismo
En Estados Unidos, el país que nos sirve de modelo cuando del sistema político se trata, en los meses que preceden a las elecciones presidenciales la cantidad de candidatos suele reducirse poco a poco hasta que, de la veintena que se anotó por la carrera, sólo quedan dos. Por lo tanto, la alternativa frente a los votantes de la superpotencia difícilmente podría ser más clara. En cambio aquí todo es mucho más complicado. Aun cuando la eventual aplicación de la ley electoral que fue adoptada a fin de simplificar las cosas sirviera para excluir al enjambre de aspirantes que se sentirían conformes si obtuvieran más del uno por ciento de los votos, se prevé que al menos media docena de candidatos seguirá hasta el final. Asimismo, puesto que es del interés del oficialismo procurar crear divisiones en las filas opositoras, el gobierno nacional está esforzándose por sembrar más confusión. Puede que en esta ocasión los kirchneristas no apadrinen a una cohorte de candidatos testimoniales con el propósito de engañar a los incautos, pero sí están decididos a cohonestar listas colectoras por suponer que ayudarán a aumentar el caudal de votos de su candidato o, como muchos prevén, candidata. Que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus allegados quieran hacerles la vida difícil a las distintas agrupaciones opositoras es lógico. Tanto en la Argentina como en otros países democráticos escasean los gobernantes que antepondrían la salud institucional del conjunto a sus propias prioridades electorales, de suerte que sería poco razonable esperar que estimularan la formación de coaliciones amplias, de tal modo aumentando el riesgo de que el representante oficialista sufriera una derrota en octubre, puesto que conforme a los sondeos no habría garantía alguna de que Cristina u otro candidato kirchnerista pudiera recibir más de la mitad de los votos. Sin embargo, los más indignados por la voluntad de los kirchneristas de impulsar las listas colectoras no son los líderes de partidos o fracciones opositoras sino militantes del propio PJ que, a pesar de no sentir mucho entusiasmo por la gestión de la presidenta, estarían dispuestos a apoyarla en el caso de que quiera ser reelegida. Como es notorio, a los intendentes del conurbano bonaerense no les hace ninguna gracia la posibilidad de que Cristina dé su bendición a la candidatura a gobernador de Martín Sabbatella, un político que se las ha arreglado para dotarse de una imagen “progresista” y que por lo tanto cuenta con la aprobación del círculo áulico de la presidenta, ya que su participación les costaría votos valiosos. Otro perjudicado por la maniobra que el gobierno nacional tiene en mente sería el gobernador Daniel Scioli. Aunque a juzgar por las encuestas Sabbatella no podría derrotarlo, Scioli sabe que los kirchneristas quieren debilitarlo, impidiendo que en la provincia de Buenos Aires consiga más votos que Cristina. Fuera de los distritos que manejan, pocos lamentarían ver en apuros a los intendentes peronistas del conurbano. De acuerdo común, son con escasas excepciones practicantes de los vicios tradicionales del clientelismo corrupto que tanto ha contribuido a la decadencia nacional. Así y todo, el que la presidenta se haya puesto a socavar las estructuras crónicamente precarias del movimiento del cual es la jefa debería motivar preocupación, ya que, de tener éxito en la empresa, concentraría todavía más poder en sus propias manos. Puede que a algunos integrantes del entorno de Cristina les encantaría que la Argentina degenerara en una autocracia dominada por una sola persona que gobernara por decreto, sin prestar atención a los reparos ni de los legisladores opositores ni de los miembros de su propio partido, pero sorprendería que la presidenta misma compartiera su punto de vista. Antes de triunfar en las elecciones del 2007, Cristina daba a entender que le preocupaban las deficiencias institucionales del país y quería subsanarlas, pero sucede que las ha agravado, acaso sin proponérselo, por su negativa a convivir amablemente con un Congreso que no domina. Por lo demás, la presidenta no puede sino comprender que el poder autocrático es por su naturaleza frágil, sobre todo si quien lo detiene se ve rodeado de colaboradores de capacidad tan limitada como la de los miembros principales del gobierno actual.
En Estados Unidos, el país que nos sirve de modelo cuando del sistema político se trata, en los meses que preceden a las elecciones presidenciales la cantidad de candidatos suele reducirse poco a poco hasta que, de la veintena que se anotó por la carrera, sólo quedan dos. Por lo tanto, la alternativa frente a los votantes de la superpotencia difícilmente podría ser más clara. En cambio aquí todo es mucho más complicado. Aun cuando la eventual aplicación de la ley electoral que fue adoptada a fin de simplificar las cosas sirviera para excluir al enjambre de aspirantes que se sentirían conformes si obtuvieran más del uno por ciento de los votos, se prevé que al menos media docena de candidatos seguirá hasta el final. Asimismo, puesto que es del interés del oficialismo procurar crear divisiones en las filas opositoras, el gobierno nacional está esforzándose por sembrar más confusión. Puede que en esta ocasión los kirchneristas no apadrinen a una cohorte de candidatos testimoniales con el propósito de engañar a los incautos, pero sí están decididos a cohonestar listas colectoras por suponer que ayudarán a aumentar el caudal de votos de su candidato o, como muchos prevén, candidata. Que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus allegados quieran hacerles la vida difícil a las distintas agrupaciones opositoras es lógico. Tanto en la Argentina como en otros países democráticos escasean los gobernantes que antepondrían la salud institucional del conjunto a sus propias prioridades electorales, de suerte que sería poco razonable esperar que estimularan la formación de coaliciones amplias, de tal modo aumentando el riesgo de que el representante oficialista sufriera una derrota en octubre, puesto que conforme a los sondeos no habría garantía alguna de que Cristina u otro candidato kirchnerista pudiera recibir más de la mitad de los votos. Sin embargo, los más indignados por la voluntad de los kirchneristas de impulsar las listas colectoras no son los líderes de partidos o fracciones opositoras sino militantes del propio PJ que, a pesar de no sentir mucho entusiasmo por la gestión de la presidenta, estarían dispuestos a apoyarla en el caso de que quiera ser reelegida. Como es notorio, a los intendentes del conurbano bonaerense no les hace ninguna gracia la posibilidad de que Cristina dé su bendición a la candidatura a gobernador de Martín Sabbatella, un político que se las ha arreglado para dotarse de una imagen “progresista” y que por lo tanto cuenta con la aprobación del círculo áulico de la presidenta, ya que su participación les costaría votos valiosos. Otro perjudicado por la maniobra que el gobierno nacional tiene en mente sería el gobernador Daniel Scioli. Aunque a juzgar por las encuestas Sabbatella no podría derrotarlo, Scioli sabe que los kirchneristas quieren debilitarlo, impidiendo que en la provincia de Buenos Aires consiga más votos que Cristina. Fuera de los distritos que manejan, pocos lamentarían ver en apuros a los intendentes peronistas del conurbano. De acuerdo común, son con escasas excepciones practicantes de los vicios tradicionales del clientelismo corrupto que tanto ha contribuido a la decadencia nacional. Así y todo, el que la presidenta se haya puesto a socavar las estructuras crónicamente precarias del movimiento del cual es la jefa debería motivar preocupación, ya que, de tener éxito en la empresa, concentraría todavía más poder en sus propias manos. Puede que a algunos integrantes del entorno de Cristina les encantaría que la Argentina degenerara en una autocracia dominada por una sola persona que gobernara por decreto, sin prestar atención a los reparos ni de los legisladores opositores ni de los miembros de su propio partido, pero sorprendería que la presidenta misma compartiera su punto de vista. Antes de triunfar en las elecciones del 2007, Cristina daba a entender que le preocupaban las deficiencias institucionales del país y quería subsanarlas, pero sucede que las ha agravado, acaso sin proponérselo, por su negativa a convivir amablemente con un Congreso que no domina. Por lo demás, la presidenta no puede sino comprender que el poder autocrático es por su naturaleza frágil, sobre todo si quien lo detiene se ve rodeado de colaboradores de capacidad tan limitada como la de los miembros principales del gobierno actual.
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