Sobreseyeron a imputados por venta de tierras fiscales en Cholila

Funcionarios fueron investigados por la transferencia de 1.000 ha



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Después de la primera instancia, favorable a todos los acusados, la causa podría llegar al STJ de Chubut.

CHOLILA (AEB).- Al cerrar la etapa investigativa, el juez José Colabelli dictó ayer el sobreseimiento de todos los imputados en la causa por venta irregular de un campo de más de mil hectáreas en la zona del río Tigre, al fondo del lago Cholila y muy cerca del límite con Chile. En resumen, para el magistrado “se trataría de cuestiones que deben resolverse en sede administrativa”. No obstante, la fiscalía adelantó que evalúa “la presentación de un recurso para que el Superior Tribunal de Justicia analice lo resuelto”. La principal crítica de los fiscales es que Colabelli habría fundamentado su decisión “valorando la prueba en una instancia donde aún no fue producida porque esto recién sucede en el debate y ante un juez diferente del de la etapa preliminar”. En contrapartida, este sostuvo que “no he advertido que el Ministerio Público Fiscal haya contestado de forma acertada a los puntos que fueran objetados en la audiencia del 28 de noviembre”, en relación al pedido de sobreseimiento llevado a cabo por los abogados defensores de los acusados. En detalle, la fiscalía acusó oportunamente a dos funcionarios del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento de la provincia del Chubut (IAC) como “coautores del delito de administración fraudulenta en grado de tentativa, en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público en concurso ideal con violación de los deberes de funcionario público”. A otros dos imputados se los acusó de “partícipes necesarios en el primero de los delitos”, en tanto que a los demás imputados les achaca “el mismo delito en carácter de partícipes necesarios”, cargándoles además “falsedad ideológica de instrumento público, uno en relación al plano, otro a la escritura”. Los hechos en cuestión habrían ocurrido en el distrito Cholila entre el 2 de mayo de 2008 y hasta el 5 de enero de 2011. Un agrimensor, a instancias de otro de los imputados y con colaboración de este, procedió a efectuar trabajos de campo para mensurar un predio de tierra fiscal en una zona próxima a la confluencia de los ríos Tigre y Alerzal, de acuerdo a una autorización de mensura del IAC, extendiéndose 288 hectáreas más allá de lo autorizado y avanzando sobre otra ocupación también reconocida por el IAC. El fiscal Martín Zacchino sostiene que “con esto tuvo inicio de ejecución la maniobra defraudatoria, a partir de lo que el entonces secretario general y el presidente del IAC, favorecieran con su intervención y firma el dictado de la resolución Nº 46/IAC del 8 de febrero de 2010 en el expediente administrativo Nº 17.826/82 y acumulado 34.429/09. En ella se autorizaba al permisionario a vender, ceder y transferir a favor de otra de las personas imputadas en esta investigación. Esta última sería un prestanombre del verdadero inversor que no reunía los requisitos exigidos por el IAC para acceder a esta operación”. La fiscalía sostiene que todas las maniobras que investiga “fueron llevadas a cabo para sostener un negocio inmobiliario ya realizado”.


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