Sobreseyeron a Pereyra en la causa por triangulación de fondos

A partir de la solicitud del fiscal del caso Marcelo Silva, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Guillermo Pereyra, fue sobreseído junto a otros seis dirigentes gremiales y asesores por el delito de administración fraudulenta.

El secretario general de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra, fue sobreseído hoy en la causa que lo investigaba por presunta administración fraudulenta junto a otros seis dirigentes gremiales y asesores del gremio.

La decisión la tomó la jueza de Garantías, Carina Álvarez, tras un pedido de la propia fiscalía, representada por Marcelo Silva, luego de que se le rechazara un pedido de una prórroga que había solicitado el 4 de diciembre para aumentar el plazo de la investigación.

Junto con Pereyra, fueron sobreseídos Ricardo Astrada (adjunto), Omar Lorenzo (tesorero), Osvaldo Marín (administrativo), Jorge Allende (auditor externo) y Víctor Adrián Pelletieri (asesor contable).

La investigación comenzó de oficio a fines de 2018, luego de una publicación de RÍO NEGRO en la que se daba cuenta de una supuesta triangulación de fondos entre el sindicato, una empresa y los miembros de la comisión directiva.

La maniobra habría consistido en que la firma IC&T le facturara al sindicato mensualmente en concepto de servicios de gestión, lobby institucional, apoyo técnico y consultoría integral para que, luego, los imputados emitieron facturas a la firma. La cifra alcanzó un total de 19.279.654 pesos.

Según expuso Silva en la audiencia, cuando se procesó la información recabada de los allanamientos realizados en la sede del gremio más los documentos informáticos, se encontró un acta del libro del sindicato que constataba que el pago a través de la empresa tenía que ver con una situación que el sindicato judicializó en 2002 y por la que obtuvo una respuesta favorable en 2014.

“La justicia Civil Federal le dio la razón al sindicato y le indicó que podía liquidar los máximos permitidos por el convenio petrolero”, precisó el fiscal del caso. De todos modos, aclaró que luego de esa fecha y “a pesar de que ya no había un límite para liquidar los haberes, después de 2014 se siguió triangulando el cobro a través de la empresa”.

Respecto de la relación entre la empresa y el sindicato, el fiscal del caso informó que, tras la formulación de cargos, la defensa aportó el contrato y un convenio entre las partes, que, sumado a las pericias contables e informáticas, brindaron datos para comprobar que el vínculo era real y que los servicios de consultoría y asesoría existieron.

“A partir de los informes, debemos decir que en esta etapa no hemos podido determinar cuál es el perjuicio concreto y eso impide avanzar en otra etapa, por lo que se entiende que resulta razonable pedir el sobreseimiento de la totalidad de los imputados”, sostuvo Silva en la audiencia realizada hoy, de la que no participó Pereyra.

El sindicalista, a través de un comunicado de prensa, habló de una acusación mediática y atribuyó los resultados de la investigación realizada por los periodistas de RÍO NEGRO con los “servicios de inteligencia paralelos del gobierno de Mauricio Macri, cuyo presunto cabecilla es el procesado fiscal Carlos Stornelli”. Pero lejos están las maniobras de triangulación del dinero del sindicato con lo que menciona Pereyra.

“Amparados en las faldas de Elisa Carrió y del espía Carlos D´Alessio se dedicaron a difamar a mí, a mi familia y los trabajadores con inventos ridículos e infundados”, dijo Pereyra buscando exculparse del cobro de dinero a través de su triangulación con la empresa IC&T, que el mismo admitió ante la AFIP.


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