Sobresueldos: el STJ analiza el fallo, a dos años de las condenas

El 9 de setiembre se sabrá la resolución del STJ en  la causa por sobresueldos en Río Negro, que tiene siete ex ministros condenados. Esta investigación se centra en el pago de adicionales en el Estado provincial, por más de seis años, con un mecanismo por fuera de las “esferas de controles” públicos.  

Ayer, dos años después de la condena, el STJ realizó la audiencia de apelación a las condenas por “peculado” para parte del gabinete del ex gobernador Miguel Saiz, que incluyen prisión de tres años y medio para César Barbeito y Francisco Gonzalez. Son las mayores porque ellos fueron quienes inicialmente ejecutaron las partidas. 

En valor actual, el retiro en efectivo  equivaldría a unos  4,5 millones mensuales, estimó el fiscal Fabricio Brogna, a partir de transformar “el primer cheque cobrado en el 2004” a su equivalente en dólares de entonces (unos 61 mil). Lo ejemplificó para exponer su relevancia y la necesaria advertencia que debían exponer los hoy cuestionados.  

Aquel calculo del fiscal proyectaría un movimiento total de unos 390 millones de pesos en lo más de seis años de la maniobra. 

Por su parte, los defensores atacaron la resolución condenatoria, planteando su nulidad, su revisión o, en todo caso, su pena. Participaron los abogados Damián Torres, Oscar Pandolfi, Cecilia Cardella, Juan Carlos Chirino y el defensor General, Ariel Alice. Asistió un solo imputado de los nueve: el ex Contador General, Gustavo Picchi, que fue multado en el fallo cuestionado. 

Con la presidencia de Ricardo Apcarian, el STJ se integra en esta con Sergio Barotto, Enrique Mansilla, Rita Custet Llambi y Adrián Zimmermann. Luego  de los letrados, habló Picchi de las competencias y responsabilidades de la Contaduría, y también aludió a su situación personal al contar que “este proceso de nueve años no fue gratis” para él. “Sobrevino una enfermedad oncológica” que creía superada. 

Torres calificó al fallo condenatoria de “arbitrariedad” y “con errores importantes de valoración”, Cardella consideró que “faltó motivación ya que el fiscal no demostró” la acusación contra su defendido (Picchi) y, entre otros,  Pandolfi no entendió “como esta causa penal duró hasta ahora” y Alice afirmó que  la calificación penal “se fue amoldando, pasando de “sustracción de caudales a sustracción de canales administrativos”. 

Los titulares de ministerios -inicialmente, Barbeito y González- recibían fondos públicos que distribuían por fuera de sus liquidaciones y en forma discrecional entre sus  funcionarios y agentes jerarquizados. 

DETALLES DE LA CAUSA  

 +  Los hechos se dieron entre el 2004 al 2011. La causa se inició en febrero del 2011, a partir de una publicación del diario “Río Negro”. 

  + La condena se conoció el 10 de agosto del 2018. 

  +  Ocho ex funcionarios condenados. Siete ex ministros: Cesar Barbeito, Francisco González, Omar Contreras, Cristina Uría, Juan Accatino, Alfredo Pega y Diego Larreguy. También, el ex Tesorero José Ongaro. Se multó al ex Contador General, Gustavo Picchi. 

    + Penas: tres años y medio para Barbeito y González mientras que para el resto fueron de dos años y medio. A Picchi multa de 12.500 pesos. 

   + Hecho: Durante más de seis años, recibieron fondos públicos para abonar adicionales salariales, sin ningún control formal, ni criterio en la asignación. 

    + Tribunal de juicio: en su análisis entendió que la metodología de pago constituyó “una conducta disvaliosa en si misma, ya que pone en riesgo el normal funcionamiento de la administración publica” y genera “incertidumbre sobre el destino de los caudales públicos” aunque no “se ha probado que se le haya dado un destino distinto” al pago de adicionales.