Crece la exposición de niños en las redes sociales: un fenómeno que se replica en Río Negro

La lógica dominante de la mediatización afecta muchos derechos. Hay casos en Cipolletti, Roca, Bariloche y Catriel, entre otros.





Una jueza de Cipolletti le ordenó a la red social Facebook eliminar las publicaciones que exponen la vida de un niño en Catriel. Su papá, en medio de una catarsis, publicó todo el conflicto familiar. Un grupo de madres convocan a una conferencia de prensa para mostrar su situación. Un psicólogo revela el nombre de su paciente y cuenta lo que pasa al adolescente. Las situaciones forman parte del ambiente cotidiano: adultos que exponen niños.


Los derechos de los niños y niñas son propios y no están sujetos a las decisiones de ninguno de los progenitores. La legislación establece que tienen derecho a una vida privada e intimidad familiar y deben ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen. Exponer difundir o divulgar datos, información o imágenes que permitan la identificación directa o indirecta es una vulneración de este derecho humano fundamental.

La protección no solo implica no dar a conocer los nombres, sino que se extiende a la no publicación de las circunstancias que puedan derivar, finalmente, en la identificación de los niños, niñas y adolescentes víctimas. La identificación de los padres es, en la práctica, la identificación de los niños.

La normativa pareciera ser clara pero en los hechos: ¿qué sucede con los padres y madres que exponen a sus hijos en las redes sociales y medios de comunicación?. El semiólogo, sociólogo y antropólogo argentino Eliseo Veron hablaba de sociedades en vías de mediatización. Y explicaba que las prácticas sociales se transforman por el hecho de que haya medios.

Otros expertos en la materia cuentan que las formas racionales de resolución de los conflictos (el poder judicial, la discusión parlamentaria) han quedado relegadas a un segundo lugar ya que en la sociedad actual se priorizan los reclamos simbólicos, las marchas, huelgas, los pedidos en la prensa, los escraches y hasta la justicia por mano propia. El sistema de medios y las redes sociales forman parte del escenario para este tipo de manifestaciones y lo que se busca es influir en la opinión pública.

Los casos cada vez se observan con más frecuencia. Las juezas de familia de Río Negro coinciden en que los niños y niñas son rehenes de los conflictos de los adultos. Incluso en el fuero penal de Cipolletti una denuncia por un supuesto abuso sexual expuso a una niña de tres años más allá de todos los limites. La causa terminó en un sobreseimiento para el padre.

Existen los abusos sexuales en la infancia, existe la violencia contra niños y niñas y también los errores judiciales. Sin embargo, la exposición no es la solución. Muchos de los casos por los que se reclaman terminaron en denuncias ante el Consejo de la Magistratura con jueces y juezas investigados. Otras decisiones fueron revisadas por la Cámara de Apelaciones. En el proceso intervienen, además de abogados, psicólogas, psicopedagogas, trabajadoras sociales e incluso psiquiatras. Cada caso es una historia con sus particularidades.

En Bariloche un padre llegó a plotear su auto en contra de una jueza de familia. Hace unos días, en Roca, otro hombre fue condenado por hostigar, perseguir y dañar los vehículos de varias funcionarias. En Cipolletti el juez Jorge Benatti, único juez de familia hombre de toda la provincia, se transformó en el chivo expiatorio de los reclamos. Ello incluye, además de denuncias y escraches contra él, intervenciones en su propio domicilio.


En este escenario, ningún funcionario consultado quiso hablar oficialmente del tema con RIO NEGRO Entienden que los adultos tienen conflictos que resolver en la justicia, pero no quieren personalizar los temas.


El psicólogo como vocero


El psicólogo Claudio Marín recibió una sanción por parte del colegio de profesionales del Alto Valle. Su matrícula fue suspendida por falta de ética. Surge del fallo de la Cámara Civil que actuó de forma irresponsable en un delicado proceso penal por abuso sexual agravado.


No solo por su doble rol, terapeuta del abusador y de la víctima, sino que influyó para que la joven levantara una denuncia penal. El caso llegó a juicio impulsado por la defensoría de menores. El depravado fue condenado y la Corte Suprema convalidó todo el proceso.


Según se desprende del fallo civil, Marín violó en varias oportunidades el secreto profesional al divulgar publicaciones vinculadas al caso en sus redes sociales (Facebook) y en notas periodísticas.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó la sanción que le impuso el Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos.

El polémico profesional también afronta una denuncia de abuso sexual por parte de una paciente y sobre él pesan medidas de restricción en una causa de violencia.


A pesar de sus antecedentes sigue y ofreciendo notas periodísticas para hablar del tratamiento de sus pacientes, uno de ellos – que además identificó con nombre y apellido – es un chico adolescente. Es uno de los voceros que impulsa los reclamos.

La resolución que le suspendió la matricula quedó firme en 2018. No se conoce oficialmente si ya la cumplió, ya que los psicólogos, al menos en la provincia, requieren de doble autorización para ejercer: por el Colegio y por el Ministerio de Salud. Si ya purgó la suspensión, el profesional vuelve a incurrir un falta ética por hablar de un paciente, en este caso en medio de comunicación.


El escrache como mecanismo


El podcast “La segunda muerte del Dios Punk” aborda la historia de un músico de Rosario que fue denunciado, perseguido y agredido por un delito que no cometió. La Justicia cerró el caso luego de su suicidio. La psicoanalista Alexandra Kohan explica en un capítulo que “los escraches tienden a eludir la acción de la Justicia, o actuar en nombre de la Justicia, o sustituir el sistema judicial, porque la que escracha no acude en primera instancia a la Justicia y como la Justicia no le da bolilla, entonces apela al escrache».

Explica que «El sistema judicial es un desastre, pero esa es otra discusión; no se puede responder a la ineficacia del sistema judicial con una práctica extrajudicial, porque las consecuencias son enormes, nefastas y además el escrache termina siendo un procedimiento ineficaz para hacer lo que dice que quiere hacer que es visibilizar supuestamente a una persona violenta. Es totalmente ineficaz y ese es el primer problema”.


A su vez asegura que cuando el Estado está presente “no veo ninguna justificación para hacer ningún escrache. En los últimos años fue cobrando distintas modalidades, distintas intensidades, hubo un pico de escraches en los colegios secundarios alrededor de 2017, 2018, que básicamente eran denuncias en las redes sociales acerca de cuestiones que algunas personas habían sentido como abusivas».

Kohan agrega que «Tampoco se diferenciaba, y eso se empezó a hacer después, acoso, de abuso, de violación, de daño, de delito; estaba todo empastado. Bastaba que alguien se hubiera sentido mal ante una situación con un par varón, para que eso fuera denunciado en las redes sociales y expuesto de una manera nefasta. Eso produjo muchísimas consecuencias en los jóvenes, también eso paró en algún momento”.


La exposición en redes, los escraches y las catarsis en los medios son moneda corriente en la región y lo más grave es que exponen la vida de niños, niñas y adolescentes. En la salud mental eso provoca un daño irreparable.


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