El 78% de las empleadas domésticas no están registradas
Las 1,4 millones de empleadas domésticas que hay en Argentina representan el 15,9% del PBI. Sin embargo, la mayoría de ellas no goza de todos los derechos laborales.
La gran mayoría de las trabajadoras de casas particulares de Argentina realiza su tarea en la informalidad, lo que le impide acceder a derechos laborales. En total, son más de 1,4 millones y solo el 22 % de ellas están registradas.
El 99,3 % de las personas que trabajan en casas particulares son mujeres y en la provincia de Buenos Aires, este trabajo representa la tercera fuente de empleo femenino: son el 18 % del total de las asalariadas. Según el más reciente informe del antiguo Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la mayoría de ellas realiza tareas como limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y cocina (72,3%) y el 24,5% se dedica a la asistencia y cuidado de personas.
Trabajar en la informalidad representa la pérdida de numerosos derechos que sí tienen los trabajadores registrados: no hay obra social, no se cobra aguinaldo ni vacaciones pagas, y tampoco hay ni días por enfermedad ni licencia por maternidad. Según los últimos datos, la mitad de estas mismas mujeres (48%) son jefas de hogar y 3 de cada 10 tienen hijos menores de 18 años a cargo.
A su vez, a un despido de una trabajadora o un trabajador informal corresponde una doble indemnización. El mega DNU del nuevo Gobierno derogó este artículo de la ley 26.844, aunque esta medida es parte de la reforma laboral que quedó en suspenso hasta que la Justicia se expida sobre el decreto presidencial.
El servicio doméstico representa al sector de menores ingresos promedio del total de las ramas de la economía. Sin embargo, y según un informe de lo que era la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (TDCNR), las tareas domésticas y de cuidado representan el 15,9 % del PBI y es el sector de mayor aporte, seguido por la industria (13,2 %) y el comercio (13 %).
Hasta el 31 de diciembre estuvo vigente el Programa Registradas, una iniciativa que promovía la incorporación formal de las empleadas domésticas al mercado laboral y que el Ejecutivo decidió no renovar.
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