Ordenan ejecutar el desalojo de una comunidad mapuche cerca de Villa La Angostura
Así lo resolvió el juez civil de Villa La Angostura, que además rechazó la apelación que había presentado el apoderado legal de la Lof Quintriqueo. El conflicto se originó a finales de 2011. La sentencia que ordenó desalojar a los ocupantes se dictó en 2016. Mapuches advirtieron que resistirán.
La comunidad mapuche Quintriqueo hizo una ceremonia el domingo en el lote en litigio y los integrantes aseguraron que resistirán cualquier intento de desalojo. (foto gentileza)
La comunidad mapuche Lof Quintriqueo está en alerta. El juez civil de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino, resolvió el jueves pasado ejecutar la sentencia que ordena el desalojo de integrantes de esa comunidad y de todos los ocupantes que se encuentren en el lote pastoril 42, ubicado en Paso Coihue, distante a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura.
La sentencia que el juez pretende ejecutar dispone restituir el valioso lote, de varias hectáreas, con costas de lago, a María Cristina Broers, que acreditó en el juicio civil que tenía la posesión del predio. La orden de desalojo afecta además a miembros de la familia Melo, que desde finales de 2011 ocuparon el lote.
El juez dispuso un plazo de 5 días hábiles para el desalojo. Y además rechazó este miércoles el recurso de apelación que había presentado el apoderado legal de la comunidad mapuche Virgilio Sánchez, contra esa resolución.
Sánchez informó a RÍO NEGRO que irá con un recurso de queja ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del interior de la provincia de Neuquén, que tiene su sede en San Martín de los Andes, para frenar la ejecución del desalojo. Desde la comunidad aseguraron en un comunicado que resistirán el desalojo.
Explicó que había hecho otro planteo ante el juez de Villa La Angostura para que suspenda el proceso judicial, en virtud de que la comunidad Quintriqueo está en el listado de las comunidades que serán relevadas como parte del convenio que el Gobierno de Neuquén suscribió semanas atrás con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para implementar el relevamiento territorial de las comunidades de la provincia.
Sánchez adjuntó en ese escrito que presentó al juez una nota de la presidenta del INAI, la rionegrina Magdalena Odarda, que le advirtió al magistrado la vigencia de la ley 26160 de comunidades indígenas que fue prorrogada tres veces por el Congreso de la Nación. La última prórroga la dispuso el presidente Alberto Fernández por decreto a finales de noviembre pasado y estará vigente hasta el 23 de noviembre de 2025.
El litigio judicial se originó a finales de 2011 cuando Broers constató que habían ocupado el lote que poseía. Por eso, promovió una demanda civil contra las personas que se encontraban en las tierras.
Antecedentes del caso
A principios de septiembre de 2016, el entonces juez civil de Junín de los Andes Andrés Luchino admitió la demanda y condenó “a Pascual Felidoro Quintriqueo, a la comunidad mapuche Lof Quintriqueo y a toda persona que se encuentra ocupando ya sea en forma transitoria, eventual o permanente, por cualquier título que sea, total o parcialmente el fundo, a restituir la posesión del lote pastoril 42”. Luchino dio 30 días para ejecutar la sentencia.
Para Luchino, la demandante presentó pruebas y testigos que demostraron que tenía la posesión total del lote al día 25 de diciembre de 2011, “momento en que fue desapoderada por los demandados”.
Luchino descartó la petición de los ocupantes que invocaron la ley 26160 que suspende la ejecución de la sentencia de desalojo porque sostuvo en su fallo de septiembre de 2016 que esa norma aplicaba para las comunidades que tenían “posesión actual, tradicional, pública” de las tierras, lo que no habían demostrado en el proceso.
Sánchez recordó que se trata de un expediente sobre un interdicto de recobrar la posesión. “Es una causa donde no se discutió quien era el dueño o quién tenía mejor derecho sobre las tierras, sino que se trata de una medida policial donde en su momento la justicia entendió que los ocupantes debían restituir la posesión a Broers”, explicó. “Esa sentencia está firme, yo llegué a la causa en la etapa de ejecución”, indicó.
De todos modos, “considero que las circunstancias han cambiado, ya que esas tierras van a ser relevadas y así lo informó Magdalena Odarda en una nota que presentó ayer en el Juzgado”, agregó el abogado. Dijo que era apoderado de la Lof Quintriqueo, pero también presentaba a la familia “Melo que son parte de los ocupantes que tratan de desalojar”.
No es la primera vez que se intenta avanzar con el desalojo. La jueza Andrea Di Prinzio había intentado ejecutarla a finales de 2020, pero no se concretó la medida. Después, Broers intentó en septiembre de 2021 después que el juez Luciano Zani, que subrogaba el juzgado civil de Villa La Angostura, ejecutara la sentencia, pero tampoco ocurrió. Denunciaron que la comunidad no había cumplido la orden de no innovar dictada por la justicia.
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