Roca: construir con reglas claras, una condición para que la ciudad funcione

Quienes intentan construir, ampliar una vivienda, abrir un local o regularizar una obra en nuestras ciudades suelen encontrarse con un escenario común: trámites largos, criterios poco claros y tiempos difíciles de prever. No se trata solo de una incomodidad administrativa. La falta de previsibilidad en los permisos de obra tiene efectos directos sobre la actividad económica y sobre la forma en que crecen y se transforman las ciudades.

La construcción no es un hecho aislado. Detrás de cada obra —grande o pequeña— se activa una extensa cadena de valor que involucra mano de obra, comercios, industrias, servicios profesionales y actividades productivas asociadas. Cuando una obra se demora o no se inicia por trabas administrativas evitables, no solo se posterga un proyecto personal o familiar: se enfría un proceso económico completo.

Las normativas urbanas y edilicias cumplen un rol central en este proceso. No están pensadas para obstaculizar la construcción, sino para ordenar, dar seguridad y establecer reglas de juego claras. El problema aparece cuando esas reglas se vuelven difíciles de interpretar, se superponen criterios o se aplican controles que no se corresponden con los impactos reales de una obra. En esos casos, la norma deja de ordenar y comienza a generar incertidumbre.

Buena parte de las tramitaciones edilicias están vinculadas a obras pequeñas y medianas: viviendas unifamiliares, ampliaciones, reformas y locales comerciales. Son estas obras las que sostienen de manera constante la actividad de la construcción en las ciudades intermedias. Sin embargo, muchas veces se ven demoradas por observaciones de escasa relevancia urbana o constructiva, que no inciden en la seguridad, el entorno ni en los derechos de terceros.

Aquí aparece un punto central que suele perderse de vista: no todas las responsabilidades son del Estado. En cada proyecto existe una parte sustancial de las decisiones técnicas que son asumidas por el profesional actuante, respaldadas por su firma y por las incumbencias que le otorga su título. La firma profesional no es un trámite administrativo: es una asunción explícita de responsabilidad técnica, legal y ética sobre el proyecto y la obra.

El rol del Estado, en este marco, no es corregirlo todo ni revisar cada decisión de diseño, sino concentrar su control en aquello que es de su competencia: el cumplimiento de la normativa urbana, la seguridad, el impacto sobre terceros, el espacio público y el interés general. Cuando el Estado intenta sustituir o duplicar el rol profesional, el sistema se vuelve más lento, confuso y menos eficaz, sin que ello implique una mejora real en la calidad o seguridad de las construcciones.

Pensar los permisos de obra desde esta lógica no implica reducir controles ni desentenderse de responsabilidades. Implica ordenarlas. Implica reconocer qué controla el Estado, qué asume el profesional y qué decide el propietario. Esa claridad de roles es una condición básica para agilizar procesos, reducir conflictos y generar previsibilidad.

En este contexto, el Colegio de Arquitectos de Río Negro elaboró y presentó una propuesta técnica orientada a simplificar y clarificar tramitaciones vinculadas a los permisos de obra, con el objetivo de reducir tiempos, dar mayor previsibilidad y facilitar la puesta en marcha de obras y emprendimientos.

La iniciativa se apoya en un principio central: ordenar roles y responsabilidades entre el Estado, los profesionales y los propietarios, concentrando el control público en aquello que tiene impacto urbano, ambiental y sobre terceros, y reconociendo la responsabilidad técnica que asume el profesional a través de su firma. Si bien la propuesta se formula a partir de la experiencia local, se basa en criterios y procedimientos generales, aplicables a cualquier municipio que busque mejorar la eficiencia administrativa sin resignar control ni seguridad.

Agilizar las tramitaciones edilicias significa, en términos concretos, poner en marcha procesos productivos en plazos razonables, habilitar usos con mayor rapidez y ordenar el registro de lo construido. Significa también reconocer que la normativa debe acompañar las transformaciones tecnológicas, productivas y sociales que atraviesan hoy a nuestras ciudades.

Pensar la actividad constructiva como parte central de la economía urbana implica asumir una responsabilidad compartida. Reglas claras, roles bien definidos y procedimientos comprensibles no son un privilegio sectorial: son una condición necesaria para que la ciudad funcione, produzca y crezca de manera equilibrada.

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Permisos de obra y economía local

• En el último año, en General Roca, se gestionaron 32.700 m² de proyectos nuevos, equivalentes a unos 30 millones de dólares de inversión privada proyectada, mayoritariamente de pequeña escala.
• En el mismo período, se declararon 33.600 m² de obra existente.
• La similitud entre ambas superficies sugiere que una parte relevante de esa inversión se formaliza una vez ejecutada.
• Esto no solo retrasa el control, sino que posterga la activación plena de la cadena de valor de la construcción: trabajo, servicios, comercios e industrias asociadas.
• Trámites más claros y previsibles podrían incentivar la presentación al inicio de la obra, fortaleciendo la economía local desde el primer momento.

Fuente: Colegio de Arquitectos de Río Negro

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¿Qué es un permiso de obra?

• Es la autorización administrativa que otorga el Estado local para iniciar una obra, luego de verificar que el proyecto cumple con la normativa urbana y edilicia vigente.
• No es un aval de diseño ni una coautoría del proyecto: la responsabilidad técnica del mismo recae en el profesional que lo firma.
• El permiso habilita legalmente la ejecución de una obra y permite su posterior registro, certificación y habilitación de uso.
• Constituye una instancia clave para dar seguridad jurídica tanto al propietario como a terceros y al propio Municipio.
  

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¿Por qué los tiempos importan?

• Porque una obra que no inicia a tiempo retrasa decisiones económicas concretas: contratación de mano de obra, compra de materiales, apertura de actividades.
• En obras pequeñas y medianas, los plazos administrativos prolongados pueden volver inviable un proyecto por cambios de costos, inflación o pérdida de oportunidades.
• La previsibilidad de los tiempos es tan relevante como el cumplimiento de la norma: saber cuándo se podrá construir condiciona la inversión.
• Demoras evitables generan costos indirectos que no siempre son visibles, pero impactan en toda la cadena de la construcción.
  

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¿Cómo la falta de reglas claras desalienta inversiones y obras pequeñas?

• La incertidumbre normativa y procedimental genera desconfianza en quienes quieren construir, ampliar o regularizar.
• Las obras pequeñas —viviendas, ampliaciones, locales— son las más sensibles a la falta de claridad, porque cuentan con márgenes económicos acotados.
• Criterios cambiantes o poco explicitados dificultan la planificación y desalientan la formalización de obras existentes.
• Cuando las reglas no son comprensibles, se posterga la inversión o se construye sin permiso, con consecuencias urbanas y legales posteriores.